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Una publicación de la asociación SER
Cusqueño de nacimiento. Con estudios de Filosofía y Ciencias Religiosas en el Instituto Libre de Filosofia y la Universidad Ibero Americana (México,D.F). Diplomado en Antropología en la PUCP.

CVR+10: Desde Piura

Como testigo de lo sucedido me pongo a escribir sobre el tema. Creo que es importante reflexionarlo como personas, familias, regiones y país, ya que el tema lo amerita. Para ello creo que es bueno recordar, sobre todo pensando en los jóvenes y  niños de nuestro país, cuál fue el objetivo final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Fue, en pocas palabras,  examinar, oyendo a los testigos que lo vivieron, lo que pasó en el Perú entre los años 1980 y 2000; para aprender de lo que pasó y que sea un momento de reflexión y evaluación como peruanos. Fueron doce personas las designadas para esa difícil e importante tarea. Después de dos años y algo más, nos entregaron un voluminoso documento que fue, de alguna manera, sintetizado en un resumen  junto con varias recomendaciones.

Lo que ahora me propongo es informar, desde el lugar donde ahora me encuentro, y como partícipe de los talleres llevados a cabo en Lima y Ayacucho sobre lo que ha pasado en términos reales y también académicos con ese informe y sus recomendaciones.

Lo primero que aparece es que el tema ha entrado en muchas de las agendas políticas, tanto del gobierno nacional como de los locales. Esto dependiendo de si la zona fue golpeada o no y cuándo las víctimas pudieron organizarse y reclamar sus derechos. Víctimas que no solo sufrieron la violencia de los grupos alzados en armas, sino también por parte de los agentes del Estado como las fuerzas policiales y militares. Estas agendas van desde la ubicación y documentación de los casos y sus víctimas, su judicialización, proceso y resultado de las sentencias que se han podido concluir y ejecutar. Los registros de víctimas llevan mucho tiempo y siguen todavía muchas sin ser ubicadas y documentadas. Como decía, dependiendo de los departamentos se ha logrado más o menos esa meta.  Del mismo modo, el asunto de las reparaciones individuales y otras colectivas ha avanzado entre la lentitud y el desconcierto.

Muchos peruanos no quieren recordar. En pocas palabras, desean “voltear la página y seguir adelante”. Otros sí desean conocer la verdad de lo que paso y dónde están sus familiares muertos y/o desaparecidos. Otros buscan apoyos económicos para completar o reparar el daño hecho a sus hijos, nietos o ellos mismos. Porque la violencia produjo más pobreza y un dolor infinito a sus víctimas. Y si consideramos que estas han sido en su mayoría campesinos o nativos, lo podemos entender mejor. Otros no quieren oír ni saber nada, porque les remuerde la conciencia por haber sido abusadores, asesinos o cómplices de cosas que les da vergüenza.

Pero la evaluación no solo tiene, diríamos, dimensiones personales sino también institucionales. Es decir, que las recomendaciones fueron hechas precisamente para el estado  ya que su función y su rol social han sido y son importantes. En este sentido me pregunto qué han hecho los distintos ministerios respecto a ello. Sólo me referiré a tres que me parecen fundamentales: el ministerio de Justicia, el de Salud y el de Educación. El primero nos parece que no ha logrado la celeridad y eficacia para hacer realmente justicia; el segundo no ha  mostrado interés sobre todo en lo que es salud mental de las víctimas (como es el caso de las casi 300 mil mujeres esterilizadas contra su voluntad); y el tercero tampoco ha podido trasmitir, en textos y otros medios, la información a las nuevas generaciones. Como se puede ver, el panorama no es muy alentador. Sin embargo si hay algunoas  logros y es importante resaltarlas para bien de todos.

El tema de los derechos humanos y su vigencia ha entrado en la mente y en las noticias de la mayoría de los peruanos. Las instituciones que los defienden han logrado ganar prestigio, aunque todavía tienen el sambenito de ser de “gente de izquierda o comunistas”, cosa que no es así totalmente. Las ONG y la cooperación internacional han ayudado a que se siga trabajando lo que se llama la posguerra o post conflicto armado y las secuelas de ella.

En  Piura por ejemplo, que no fue una zona que sufriera tan agudamente el conflicto, se han hecho eventos y acciones que ayudaron a no olvidar lo que pasó, sobre todo promovidas por personas vinculadas a las iglesias católica y evangélica. Una de las instituciones importantes en este trabajo ha sido Diaconía para la justicia y la paz de la Iglesia Católica. Se ha logrado construir un monumento recordando a las víctimas y poner en una plaza pública dicho monumento a su memoria. Se han hecho, finalmente, algunas publicaciones como la publicada por la profesora Eva Boyle Bianchi titulada “Para recordar: El conflicto armado interno en Piura 1980-2000”. Y en Sullana, publiqué un pequeño folleto con 25 denuncias y reclamos de justicia de la zona de Apurímac  que recogí y nombré “El dolor de nuestros hermanos”. Quizás como  el norte no sufrió lo que otras zonas del país se debe que no le hayamos puesto tanto interés como en otras partes.

Para terminar, creo que a diez años de la entrega del Informe Final de la CVR, hay muchas cosas sobre las que tenemos que reflexionar y revisar. Sobre todo lo que tiene que ver con la educación y la trasmisión de la historia completa de lo que pasó. Nuestros niños y jóvenes tienen que conocerla y entenderla. El silencio en este campo no es nada bueno. La tarea está, pues, pendiente.