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Una publicación de la asociación SER

Cuatro caminos que el Perú ignora

El informe de drogas de la OEA

El pasado 17 de mayo, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos hizo entrega formal al presidente colombiano (y al resto de mandatarios miembros de la OEA) del informe final “El problema de las drogas en las Américas”. Dicho informe fue resultado del mandato que le hicieran estos a la mencionada organización durante la VI Cumbre de las Américas, celebrada en Cartagena, el año pasado.

El informe (en sus dos volúmenes) da cuenta de la real situación actual del tema drogas y narcotráfico y de las necesarias reformas que se tienen que hacer a la luz de la persistente evidencia en torno a los pobres resultados de la actual guerra contra este fenómeno en América Latina. En ese sentido, el informe busca iniciar el tan esperado y controvertido debate en la región acerca de las nuevas tendencias y alternativas de enfrentamiento hacia este problema. Pero, hay que tener en cuenta que el tema no se centra solo en “legalización” de sustancias controladas. Legalizar algunas drogas (hasta ahora ilegales) es una de las diversas opciones a ser consideradas por los Estados que sufren, en alguna medida, las consecuencias de las actividades ilícitas del narcotráfico, más no es la única.

En todo caso, el primer volumen del informe se aboca al análisis y reconocimiento de realidades vistas hasta ahora desde el lente de la sociedad civil (y tímidamente desde el ámbito político-estatal). Entre sus variados elementos, encontramos el reconocimiento de una nueva dinámica de tráfico y consumo en la región (el primero se acentúa en Estados con más débil institucionalidad, mientras el segundo crece en Sudamérica y disminuye en el norte), la aseveración de que el problema del consumo de sustancias controladas debe ser abordado desde un punto de vista de salud pública (y no de seguridad), la cuerda afirmación de que no existen recetas únicas para afrontar el problema de las drogas, en general, entre otras más.

Así mismo, la segunda parte del informe señala cuatro posibles escenarios que podrían resultar de seguir determinada estrategia para luchar contra este fenómeno. El primero de ellos (denominado “Juntos”) entiende el problema de las drogas como parte de un problema mayor de inseguridad, con instituciones estatales débiles e incapaces de controlar sus consecuencias como el crimen organizado, la violencia y la corrupción. Claramente este enfoque apuesta por fortalecer las capacidades de instituciones judiciales y de seguridad pública (policía y fuerzas armadas) mediante una mayor profesionalización, mejores alianzas con los ciudadanos, nuevos indicadores de éxito y una cooperación internacional mejorada. Actualmente los Estados involucrados en el fenómeno de las drogas han optado, en mayor o menor medida, por seguir este camino, originando serios problemas como el incremento de violencia y crimen organizado (en México y Centroamérica) o el desplazamiento de cultivos y de actividades ilícitas (en Colombia, Perú y
Bolivia). Nadie niega que haya habido resultados a raíz de este tipo de intervenciones, pero parecería que los costos exceden los beneficios y originan externalidades negativas.

“Caminos” es el segundo escenario planteado por la OEA. En él, el problema es que “el régimen legal y regulatorio actual para controlar el uso de drogas mediante sanciones penales (especialmente arrestos y encarcelamiento) está causando demasiado daño”. Frente a esta situación, se pretende probar y aprender de regímenes legales y regulatorios alternativos (iniciando con el cannabis o marihuana). Este escenario ha sido, en algunos casos, probado por Estados fuera del continente y también dentro (como en algunas circunscripciones de Estados Unidos y ha sido (es aún) materia de debate en Uruguay, Chile, Ecuador y Colombia). Aún con ciertas precauciones adicionales, este escenario debería ser considerado por algunos gobiernos como alternativa frente al problema de las drogas. Una vez más, cabe recordar que cada Estado debe tomar en cuenta su propia realidad empírica (no política) si es que busca aplicar este tipo de recomendaciones.

El tercer escenario se le denomina “Resiliencia”. En él, el problema de las drogas es una manifestación de disfunciones sociales y económicas subyacentes que generan violencia y adicción. Para enfrentarlo, se plantean “programas para el fortalecimiento de comunidades y mejoramiento de la seguridad y la salud públicas, creados de abajo hacia arriba por los gobiernos locales, las empresas y las organizaciones no gubernamentales”. Este es un enfoque bastante novedoso, ya que toma en cuenta el factor formulación de políticas públicas a raíz de la participación inclusiva de los diversos actores de la sociedad civil que se encuentran, de alguna u otra forma, conexos al narcotráfico.

El cuarto escenario es el peor de todos. “Ruptura” entiende que el problema es que los países donde se producen las drogas y aquellos por donde se hace el tránsito están pagando costos insoportables e injustos. Para solucionar esto, no se plantea absolutamente ninguna acción concreta. Au contraire, se señala que algunos países abandonan unilateralmente la lucha contra (o llegan a aceptar) la producción y el tránsito de drogas a su territorio”. Este es un escenario aún no alcanzado, pero completamente potencial. La lucha contra las drogas en los Estados representa un continuo desgaste operacional que se desmotiva a sí misma progresivamente cuando no hay resultados concretos y mensurables. Si a esto le sumamos el hecho de que, ya de por sí, la capacidad operativa de algunos Estados es nula o muy pobre y no existe voluntad política de reforma sustancial, tendremos un resultado parecido a este que nos plantea la “ruptura”.

¿Y el Perú?

En fin, la controversia se ha iniciado y ya varios países se han mostrado prestos a comenzarlo en sus respectivos espacios de debate público interno. Colombia, México, Bolivia, Uruguay, Guatemala, Chile y Ecuador (entre otros) han presentado declaraciones públicas que muestran una adecuada disposición, si bien no al cambio inmediato, al análisis respectivo. En el Perú parece que DEVIDA, la Cancillería, algunas alianzas parlamentarias y diversos sectores del ejecutivo no se han enterado de los hallazgos y recomendaciones de este informe. Una vez más, lo que se cuestiona es la inercia y lentitud con la cual el sector político peruano enfrenta el tema de las drogas. Pareciera que hubiera una suerte de “living through the motion” en esta materia.