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Una publicación de la asociación SER

Cuando el estado de emergencia es un exceso

La preocupación que existe respecto a los conflictos sociales suele girar, principalmente, en torno a la alta posibilidad de afectar a la vida humana y en segundo lugar bienes públicos y privados. Lo responsable frente a la conflictividad es que exista al menos una reacción que oportunamente la atienda, evitando situaciones de crisis o violencia con resultados que afecten la integridad de las personas. Y, de paso, a la gobernabilidad democrática.

Para lo anterior, ya se ha destacado que el Estado ha mejorado su reacción en la atención de ese fenómeno. Para este fin se han creado distintas oficinas de conflictos, tanto en el Poder Ejecutivo, como en algunos gobiernos sub nacionales. Pero la realidad nos señala que no basta un equipo con “expertos en la materia” sino cómo estos han comprendido que a veces cuando se trata de evitar el infierno de la crisis o la violencia -en esas tensas circunstancias- el camino puede estar empedrado de buenas intenciones. O de decretos supremos “supuestamente efectivos”.

El entrecomillado anterior se explica porque existe evidencia de que el Estado en materia de gestionar el conflicto está recurriendo a una práctica que aparentemente le resulta eficaz cuando enfrenta situaciones de crisis que no puede controlar a través del diálogo o la negociación con los actores involucrados. Me refiero a los estados de emergencia.

Recordemos que según el capítulo VII, del artículo 137 de nuestra Constitución, el Estado de Emergencia es dictado por el presidente, acordado con el Consejo de Ministros y tiene un plazo determinado, en todo el país o en parte de él; y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, de los estados de excepción que en este artículo se contemplan. Y son las Fuerzas Armadas (FF.AA) quienes asumen el control del orden interno si así lo dispone el presidente de la República.

Como sabemos, en los estados de emergencia se restringen y suspenden el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio peruano. Resumiendo, el Estado usando esos decretos y a través de las FF.AA. controla a los individuos con el respaldo de la Constitución.

Cabe resaltar que desde comenzó el gobierno de PPK en julio del 2016 hasta marzo pasado se emitieron once decretos de estado de emergencia por la conflictividad social. Esto con el fin de contener a los actores que muchas veces han usado la violencia, lo que hace justificable el recurso. Sin embargo, ha llamado la atención la prórroga de esa situación en el llamado “corredor minero del sur”, en donde no ha existido algún hecho relevante que justifique exceder los sesenta días de plazo máximo para esta medida que estipula la Constitución.

Lo anterior nos evoca la paradoja y lo torpe que ha resultado el manejo de conflictos mediante estados de emergencia. Por un lado, si bien es cierto que todo gobierno tiene el deber de preservar el orden interno usando las facultades que le otorga la ley, cautelando la seguridad de la ciudadanía para proteger sus derechos, con esta excepción ha terminado por profundizar las dificultades propias de las localidades. Imaginemos los efectos de esta medida en las relaciones comerciales, sociales y políticas en las comunidades campesinas. ¿No es acaso sumarle dificultades a sus eternos problemas a esos ciudadanos que padecen esas restricciones a sus derechos constitucionales? ¿Desarrollar un proyecto minero imponiendo una supuesta paz?

Afectar derechos para preservar otros deslegitima cualquier acción estatal, sobre todo porque esos actores a quienes se les trata como peligro público muchas veces han actuado motivados por la permanente pasividad e incompetencia estatal. Restringirles sus derechos para imponer una supuesta calma no hace más que agudizar el rechazo de la ciudadanía hacia el Estado.

Pero, sobre todo, evidencia que la gestión de los conflictos por parte del Estado sigue siendo débil ya que al usar una excepción -el estado de emergencia- como regla para “gestionar” un conflicto social solo demuestra incapacidad y, lo que esa peor, que los derechos estipulados en la Constitución solo valen para ciertos momentos y para algunos ciudadanos.  

Quienes pretenden dar soluciones facilistas o “ganar” tiempo en situaciones de conflicto social puede que estén logrando resultados contraproducentes. Y esto sí podría ser peligroso, en el presente y el futuro, para el respeto de la misma Constitución, la relación de los ciudadanos con el Estado y la gobernabilidad democrática del país.