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Una publicación de la asociación SER

Criminalización de líderes ambientales

27 octubre, 9.00 am. Empieza el juicio oral contra 16 líderes de Celendín y Sorochuco, todos ellos acusados por delito de Secuestro y con un pedido de 36 años de prisión efectiva por parte de la Fiscalía. Los procesan por haber sometido a sus gobernadores a una reunión comunal pública y haberlos cuestionado por no apoyar la lucha por el agua. Tales autoridades aducen haber estado ahí contra su voluntad, por lo que legalmente se configuraría un secuestro.

28 de octubre, 3:00pm. Dina Mendoza, conocida dirigente social, es condenada por delito de obstrucción a las vías de comunicación, a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida y una reparación de tres mil Soles. La razón: Haber estado en medio de una vía, protestando por el agua. Este acto no duró más de 25 minutos, lo que tomó que la policía llegara a la zona.

6 de noviembre, 9 am. Nuevamente, dos dirigentes ronderos de la zona de Oxamarca se sientan en el banquillo de los acusados para ser juzgados también como secuestradores. Dos personas extrañas, que acaparadoramente compraban terrenos en la zona de su comunidad para el Proyecto Chadin, fueron intervenidas por la ronda campesina, que, en el marco de sus atribuciones, les pidió responder frente a la asamblea sobre su presencia en la zona. No los retuvieron a la fuerza, no hubo golpes ni castigos, pero los denunciantes afirman que participaron de tal reunión contra su voluntad, por lo tanto, legalmente también habría secuestro y en este caso se pide Cadena Perpetua para los ronderos.

¿Qué está pasando? ¿Los dirigentes sociales están cometiendo delitos más graves que merecen estos juzgamiento y estás penas?. Hablábamos con el Juez encargado del caso de Dina Mendoza, intentando argumentar que no merece una pena tan elevada por un acto intrascendente para la seguridad pública. Su respuesta me sorprende: “No, en estos casos que tienen que ver con protestas y en los de TID nos están controlando mucho”. “No puedo arriesgarme a una sanción por señalar una pena menor”.

En un país en el que las vías institucionales para reclamar no funcionan y, por tanto, la gente no tiene más que expresarse por las vías de hecho, como la protesta, por ejemplo, o a través de los mecanismos comunales, que son más creíbles y legítimos, resulta totalmente injusta la respuesta del Estado, que criminaliza y sanciona con todo el peso de la ley a quienes defienden sus derechos; incluso más severamente que al delincuente común. Esta política perversa responde al modelo asumido por el Perú, donde lo económico determina y hace que el Estado actúe en función al mismo, para facilitar y viabilizar los intereses privados a cualquier costo. Pero la sociedad civil resiste y se rehusa a sucumbir al sistema. Los procesados de estos casos dicen en una audiencia: “Nos declaramos inocentes de los delitos y vamos a seguir luchando por el agua y la vida, porque son nuestros derechos”.