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Una publicación de la asociación SER

Corrupción y narcotráfico en la política

La corrupción y la influencia del dinero ilícito en los partidos políticos y entre las autoridades se vienen convirtiendo en problemas muy serios en el país. De no ser detenidos,  pueden producir una situación tan seria como la que atravesamos en los años ochenta.

Y es que cuando la población es consultada a través  de las encuestas, la gran  mayoría expresa su rechazo a aquellos políticos que son sospechosos  de haber participado en actos poco transparentes.  Si nos guiáramos por esos sondeos, concluiríamos que  los ciudadanos tienen una posición contraria a  la corrupción y que los involucrados en estas situaciones  no tendrían ninguna opción de alcanzar su respaldo.

Sin embargo,  las cosas no suceden así.  A la hora de decidir, el elector tiene una actitud  conciliadora con los deshonestos o sospechosos de serlo.  De otra manera, no se entiende la elección o reelección de algunos presidentes y otras autoridades a los que el sentir popular asociaba con dinero mal habido.

La transparencia y las manos limpias dejan su lugar a una supuesta eficiencia expresada en la realización de obras que, en realidad,  generalmente no producen mejoras significativas  en la vida de la gente. Los trabajos están, pero la vida de la gente sigue igual. En cambio, estos sirven para que autoridades y funcionarios  cobren los conocidos diezmos que la mayoría de empresarios  aporta.

Por  su parte,  el narcotráfico, al influir en las decisiones públicas, busca domesticar o evitar que se fortalezcan  los instrumentos  que el Estado necesita para combatirlo. No solo consisten en normas e intervenciones de carácter represivo, sino también en políticas y acciones dirigidas a ofrecer a las poblaciones involucradas, opciones económicas alternativas.  La influencia del narcotráfico persigue debilitar el Estado, haciendo que lo que quede de este sirva cada vez más a sus intereses.       

La experiencia mundial muestra que corrupción y narcotráfico no solo desperdician y desvían recursos públicos y privados  que podrían ser utilizados en beneficio del país, sino que incrementan los niveles de arbitrariedad y violencia en el desempeño de autoridades y ciudadanos. 

Detener esto es posible

Experiencias como la colombiana lo demuestran. Se requiere de decisión política del Congreso y de los partidos para sancionar drásticamente, no solo a personas, sino a partidos que se ven involucrados en estos actos.    

También se necesita fortalecer en los electores la fe en que sí es posible una gestión pública sin corrupción. Eso objetivo se logrará más con hechos que con palabras.