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Una publicación de la asociación SER

Comunidades campesinas: el centenario que nadie recuerda

Foto: Severo Salazar / Ayaviri, Puno, 1989.  © TAFOS

Editorial | Noticias SER

“Art. 58º.- El Estado protegerá a la raza indígena y dictará leyes especiales para su desarrollo y cultura en armonía con sus necesidades. La Nación reconoce la existencia legal de las comunidades de indígenas y la ley declarará los derechos que les correspondan.”

Constitución Política del Perú, 1920

 

El reconocimiento constitucional de las comunidades de indígenas –luego llamadas campesinas- cumplió cien años el mes de enero y - lo que debía ser un momento de conmemoración de la lucha tenaz de los comuneros y comuneras en defensa de sus tierras frente a los poderes políticos y económicos de siempre, así como una afirmación del compromiso del Estado para saldar la deuda histórica con este sector de la población - pasó completamente desapercibido, evidenciando que un siglo no ha sido suficiente para cumplir con la promesa del pleno respeto y reconocimiento de los derechos y la identidad cultural de los pueblos indígenas.

Este momento ha coincidido con los 25 años de vigencia del Convenio 169 de la OIT en el Perú - cumplidos el 2 de febrero – que, tal como lo estableció en su oportunidad la Constitución de 1920, fija una serie de obligaciones estatales en relación a los pueblos indígenas, cuyo cumplimiento también dista mucho de haber sido alcanzado y sin que hasta el momento se haya hecho público ningún indicio de las acciones que tomará el gobierno para remediar esta situación. En este caso además, el cuarto de siglo que ha pasado tampoco ha sido suficiente para que el Estado peruano cumpla con tareas urgentes como la realización de procesos de consulta previa en el ámbito minero.

Es más, si en algo han sido consistentes los distintos gobiernos durante las últimas décadas – en particular desde el retroceso que significó para los derechos de las comunidades la Constitución de 1993 -, es en sostener una visión que califica a los comuneros exclusivamente como pobres y beneficiarios de programas sociales, ninguneando el rol de las comunidades como actores políticos e interlocutores de las políticas públicas y decisiones que atañen al mundo rural. Ello explica el abandono de la titulación de tierras comunales, cuyo avance ha sido prácticamente nulo desde hace 30 años, y el desinterés por promover las actividades agropecuarias que no están vinculadas con la agroexportación. Por cierto, es necesario reconocer también la debilidad de las organizaciones campesinas e indígenas para incidir en la agenda pública.

En Noticias SER queremos recordar la importancia de las comunidades campesinas para el desarrollo del país y el rol fundamental que siguen jugando en defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Transcurridos 100 años de su reconocimiento constitucional, queda claro que la deuda del Estado con ellas no se ha saldado y lo que es peor ha crecido por el abandono sistemático de las últimas tres décadas.