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Una publicación de la asociación SER
Abogado peruano, ex Presidente Ejecutivo de DEVIDA, Director del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, CIDDH

Coca: nueva norma, misma política

El 25 de setiembre del 2015, y en uso de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso, el Poder Ejecutivo dio el Decreto Legislativo 1241 para combatir la delincuencia y el crimen organizado, que equívocamente incorporaba el tema de los cultivos de coca, como parte de la lucha contra el narcotráfico. Hace pocos días acaba de publicarse el Decreto Supremo 006-2016-IN, que es el reglamento del mencionado decreto legislativo.

Con ambas normas en vigor, la herencia que nos deja el gobierno “nacionalista” de Humala-Heredia, es errada por no decir intencionalmente distractora. Es posible que, con el próximo Gobierno de PPK (con el sesudo personaje de Rubén Vargas a bordo de DEVIDA), surja una nueva oleada de detenciones, de operativos policiales dirigidos contra el estamento campesino de la Selva Alta, que va a incrementar la sobrepoblación penitenciaria. El problema de dirigirlo contra el campesino, es que el crimen realmente peligroso (los que exportan droga o los que lavan el dinero), seguirá igualito en el Callao, en Chimbote, en el VRAEM y en Lima. La pregunta que surge es: ¿servirá realmente esa estrategia?

Mientras el Estado, el Ejecutivo y la Policía no entiendan que existe la necesidad de priorizar la lucha contra los componentes más complejos y poderosos del crimen organizado asociados al tráfico de cocaína, seguiremos distrayendo a la opinión pública peruana con detenciones de poca monta y con una erradicación de cultivos que se mueven, se fragmentan y se reemplazan cada tres meses. ¿Acaso la erradicación compulsiva convencerá a los productores de no seguirlo haciendo? Todo parece indicar que no.

Lamentablemente, estas dos normas reflejan con crudeza el negocio que significa para algunos malos elementos de la PNP, dirigirse contra los eslabones más vulnerables de la cadena (usuarios de drogas que son detenidos y violentados, y/o, campesinos cocaleros cuya producción es erradicada) dejando a los más complejos que se defiendan –con sus costosos estudios de abogados frente a las débiles procuradorías-, que sigan operando, y que sigan ganando mucho dinero. Ni DEVIDA ni el Ministerio del Interior se dan cuenta que por más que se erradiquen 109,000 hás de coca en cinco años, la producción de cocaína segura incrementándose.

Por otro lado, se sigue perpetuando un sistema absolutamente obsoleto e ineficiente, a pesar que la más reciente Encuesta de Consumo de Coca con fines tradicionales reconoce un aumento de usuarios (diciembre 2013). Además, todo este paquete legislativo nace desfinanciado pues se cargará a las partidas y pliegos preexistentes. Ahora, veamos algunos problemas más específicos.

Prevención del desvío de insumos químicos (art.6 Reglamento)

La ley y el reglamento plantean acciones de prevención cuando ya existan indicios de comisión de delito (¿no es un contrasentido?). Una de las cosas que se pudo haber aprendido de la experiencia ecuatoriana, es la aplicación del software que permite trabajar con empresas, con la lógica de conocer a sus clientes. Por lo demás en el tema estrictamente operativo es una repetición de funciones y competencias preexistentes en la Ley de Insumos Químicos.

Acciones de prevención de consumode drogas

DEVIDA, es una repetición de lo que aparece en la Estrategia Nacional, en sus normas de creación, en sus instrumentos de gestión, pero ni siquiera es capaz de evaluar si esa forma de prevención es válida o eficaz. Por ejemplo, la más reciente Encuesta de Consumo de Drogas mantiene niveles similares de prevalencia de uso de drogas, lo que significa que las acciones de prevención NO tienen efecto.

Por último, pasemos a la parte más sensible, relacionada a los cultivos de coca en el territorio nacional. Lo que se observa, es que a pesar del crecimiento del consumo tradicional (ver II Encuesta Nacional de Consumo de Hoja de Coca, diciembre 2013), se mantiene la prohibición de ampliarlo (modernizarlo). El Decreto Legislativo 1241 (art.9) insiste en establecer un régimen de cultivos legales de coca (debidamente empadronados y geo referenciados, articulo 9 del Reglamento) y cultivos ilegales (el resto), tal como se ha dado desde el Decreto Ley 22095, el Código Penal vigente, y otras leyes posteriores.

Hay solo dos cosas interesantes del reglamento, una es que establece la facultad a Gobiernos Locales y Regionales para emprender empadronamiento de predios agrarios de coca: luego, establece la facultad a ENACO para la dación de licencias para la comercialización de productos derivados de la coca (harina).

Un comentario final sobre las disposiciones sobre desarrollo alternativo del Reglamento (artículo 22 y ss): ingenuamente, los “legisladores” asumen que el desarrollo se decreta por norma y que es un proceso automático producto de la decisión de un gobierno limeño, desconociendo los procesos sociales, las condiciones de acceso al mercado, y los precios nacionales e internacionales de los productos. En definitiva, una norma sin sentido, con muchos asuntos preocupantes, que pareciera emana de las mazmorras de CORPAC.