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Una publicación de la asociación SER
Psicólogo con maestría en Sociología.

Calidad universitaria

La publicación de un ranking en la revista “América Economía” y las aclaraciones de la Universidad Ruiz de Montoya al respecto, y el macizo hecho de que sólo cuatro o seis universidades peruanas pueden competir con sus similares de Latinoamérica [1] ,ojalá permita centrar el debate sobre la nueva ley universitaria en lo que se necesita para mejorarla calidad de nuestra educación superior. Modestamente, pienso que el foco no está en la defensa de su autonomía, aunque sí sea importante detener la mercantilización y su consecuencia en la proliferación de universidades privadas [2] .

¿Y se puede medir la calidad de una universidad? Según la Red Iberoamericana de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior, “No hay un acuerdo universal sobre lo que es calidad, pero cada vez se mide más con dos aspectos: a) formación de las personas que terminan el programa, y b) capacidad de la institución para producir cambios que mejoren esa formación -y la planificación de ese cambio- así como la operativización de estrategias para el cambio institucional. La educación no es meramente adquisición de conocimientos, sino también de herramientas, educación multicultural, uso de tecnologías, pensamiento crítico, y capacidad de aprender (después de haber obtenido el título) temas nuevos. Los objetivos que se miden en las personas que terminan la carrera no abarcan solamente su formación en las materias centrales, sino su conocimiento en materias periféricas, su motivación para investigar e innovar, y los objetivos de servicio a la comunidad”. [3]

Las universidades del primer mundo, aunque por siglos se manejaron con las reglas no escritas de la gerontocracia, se rigen hoy por la meritocracia que  retroalimenta la calidad de la investigación y de la enseñanza que imparten. Las mejores se miden por cuántos premios Nobel enseñan en sus aulas o cuántos de sus egresados los han ganado.

En el Perú, algo se ha avanzado en búsqueda de la calidad universitaria. En el 2006 se promulgó la Ley 28740 que creó el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE). El gran público (y hasta los estudiantes universitarios) no sabe que existe el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (CONEAU), un ente autónomo creado por esa ley, que, conforme a ese mandato, cumplió con elaboraren el 2011 el Modelo de Calidad para la Acreditación de Instituciones Universitarias, a partir de un estudio comparativo de distintos modelos nacionales e internacionales, con especialistas de distintas universidades. Ese modelo comprende diez factores, catorce criterios y 80 indicadores de gestión.

El problema está en que, según el inciso B. del Art. 11 de la Ley 28740, la “evaluación externa con fines de acreditación” no es obligatoria para todas las universidades y otras instituciones educativas, salvo para las carreras de los profesionales de la salud, de la educación y del derecho. Y aunque se ha avanzado con los Colegios Profesionales, esa trampa legal de la mediocridad nos tiene atrapados. Hacer obligatoria la acreditación es un punto positivo del dictamen aprobado para reformar la Ley Universitaria.

Sin embargo, hay también factores políticos que traban –cierto que unas universidades más que en otras- el impulso por lograr la acreditación de la calidad y en tratar de desenredar el entuerto parece que flaquea la propuesta aprobada en la Comisión de Educación del Congreso.

En Latinoamérica la gran conquista de la reforma de Córdoba fue la diseminación de la idea de la autonomía frente a los administradores del poder estatal y luego su plasmación en el autogobierno.Sin embargo, uno de los problemas que tuvo dicha  reforma  en lo que se refiere al autogobierno, es que, salvo la participación del tercio estudiantil, no diseñó un sistema democrático, de tal manera que la relación entre la mayoría y las minorías quedó librada a la correlación de fuerzas cambiante e inestable entre corrientes de opinión fuertemente ideologizadas.

Así, durante décadas vivió un clima de sobrepolitización que afectó la calidad de la enseñanza y de las otras funciones que debía cumplir. Paradójicamente, en el centro de la ciencia y de las fronteras del conocimiento, se han visto reflejados los males tradicionales de la política nacional, lo que ha traído como consecuencia desafección y escepticismo frente al sistema democrático en el pensamiento de los empresarios y funcionarios públicos que allí se forman.En las universidades públicas por muchos años fue el dogmatismo, el factor que impidió que la mayoría de sus estudiantesse convirtiera en la intelligentsia que el Perú necesita. El marxismo de manual, el catecismo maoísta, el positivismo cientificista, el empirismo y sus tesis centrales aprendidas de paporreta, a tontas y a locas para aprobar cursos, sacar cartones y ubicarse en el mercado laboral, junto con las políticas de gobiernos autoritarios y ministros mediocres, ha postrado a la educación universitaria en la situación que está.

En las elecciones universitarias se observan con frecuencia problemas de carácter procedimental atribuibles unos a la cultura política de profesores, estudiantes y egresados, y otros a las normas o a la gestión del rectorado que ocasionan enfrentamientos que han llegado al desconocimiento de resultados o a la violencia entre corrientes de opinión, debilitando así el autogobierno y la misión que deben cumplir las Universidades.

El problema no se soluciona haciendo que el Rector sea elegido por voto universal de profesores y estudiantes, como propone el Dictamen. Un asunto que debe enfrentar la Universidad peruana para superar esos problemas y fortalecer su sistema de autogobierno es la definición del sistema electoral que en la Ley Universitaria y en normas precedentes sólo se dibuja a trazos generales. El sistema electoral es el que señala cómo se convierten los votos obtenidos por las listas de candidatos en cargos de autoridad o representación. El sistema electoral, a fin de cuentas, es el que regula la relación entre la mayoría y las minorías que se forman al interior del claustro (y no sólo la relación entre los dos tercios de profesores y el tercio estudiantil).

El sistema electoral que predomina en las universidades es el de mayoría, (llamado incorrectamente de “lista completa” en la Ley actual y en la propuesta de reforma), que otorga todo el poder a la lista ganadora, inclusive si ha obtenido una mayoría ajustada de votos, algunos de los cuales ganados al tercio estudiantil a cambio de prebendas. Mejor sería que la reforma de la ley contemplara la necesidad de cambiar el sistema electoral de mayoría a uno proporcionala fin de que sea posible que las minorías puedan compartir responsabilidades en la gestión y en la conducción de la nave académica rumbo a la calidad. Así, el juego democrático de corrientes de opinión, distintas y variadas, puede ser un contrapeso a la tentación –más o menos evidente en algunas universidades- de que los grupos en el poder se conviertan en camarillas que quieran eternizarse.

Notas:

1. En el ranking de universidades latinoamericanas del grupo británico QuacquarelliSymonds figuran entre las 100 primeras la PUCP, San Marcos, Cayetano Heredia y La Molina. En el Ranking Web of Universities sólo figuran en esa escala la PUCP y San Marcos.
 2. Al respecto, se puede ver mi artículo “¿Otra universidad-combi en Chincha?” en noticiasser.pe de septiembre del 2011.
 3. CONEAU Modelo de Calidad para la Acreditación Institucional Universitaria, 2011, p. 7