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Una publicación de la asociación SER

Avances en las demandas de las víctimas de esterilizaciones forzadas

Promovido por el Grupo de Seguimiento a Reparaciones a Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (GREF),el 9 y 10 de diciembre se realizó en Lima un encuentro de mujeres que fueron víctimas de esterilizaciones forzadas. Asistieron representantes de las dos organizaciones que llevan años demandando justicia por el daño sufrido, y que organizan su trabajo desde Anta (Cusco) y Huancabamba (Piura). También fueron convocadasuna organización nueva, con base en Chumbivilcas, y mujeres no organizadas de Ayacucho y Lima.

No es usual que estas mujeres se encuentren. Esta vez fueron varios los motivos que las congregaron. En primer lugar, la necesidad de discutir y definir una agenda común, en la búsqueda de verdad, justicia y reparación. En este contexto, además, las dos organizaciones antes mencionadas recibieron el Premio Especial de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en reconocimiento a su lucha indesmayable de casi dos décadas. Por último, fueron las invitadas principales en el lanzamiento del Proyecto Quipu, una iniciativa cuyo objetivo es dar a conocer virtualmente las historias de las víctimas.

Durante el encuentro hubo espacio para que las participantes dialogaran entre ellas, con los medios de comunicación y con la directora general de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, María de Lourdes Zamudio, quien, acompañada de dos funcionarias, explicó a las mujeres la forma en que se implementará el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas, y recogió de ellas inquietudes y sugerencias.

Este conjunto de actividades de fin de año coinciden con algunas decisiones importantes adoptadas por el gobierno nacional. En primer lugar, la emisión, en noviembre, del Decreto Supremo N°006-2015-JUS, mediante el cual se declaró de interés nacional la atención a las víctimas de esterilizaciones forzadas, y se definieron medidas de atención legal, médica y psicológica. Posteriormente, en diciembre, el ministerio de Justicia y Derechos Humanos estableció el procedimiento para la elaboración del antes mencionado registro, mientras que el ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables estableció lineamientos para la atención psicosocial de estas víctimas en los Centros de Emergencia Mujer.

La rapidez con la que esta regulación fue expedida revela la voluntad política del gobierno. Si bien hubiera sido deseable que esta se expresara antes, dado que fue ofrecida en la anterior campaña electoral, las mencionadas decisiones constituyen avances en la dirección correcta. Expresan un reconocimiento oficial de las afectaciones infringidas y también el deber del Estado de responder ante ello, aunque esta respuesta se limita por ahora al campo de la atención, y no avanza hacia el reconocimiento de reparaciones.

Son varios los desafíos que esta lucha enfrentará durante el año 2016. En primer lugar, hacer funcionar el registro de víctimas de esterilizaciones forzadas, garantizando que su implementación sea accesible a las afectadas. Esta meta se logrará si las autoridades encargadas asumen las recomendaciones planteadas por las propias participantes: Registrar en las zonas donde están las mujeres, empleando el idioma de origen, verificando la información con criterios amplios y basándose en el principio de la buena fe, entre otras. En segundo lugar, habrá que observar los planteamientos que sobre el tema hagan las organizaciones políticas que participan en el proceso electoral en curso. Y, en todo caso, brindarles la información necesaria para que formulen propuestas que permitan avanzar a partir de lo hoy existente. Por último, la demanda por reparaciones continuará siendo un elemento central de la agenda de trabajo de las organizaciones de mujeres afectadas y del GREF. Estas son las tareas que nos convocarán el año 2016.