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Una publicación de la asociación SER

América del Sur: modelo en crisis y protesta social

Los incendios en la Amazonía de agosto último, produjeron un parteaguas sobre la gravedad de la catástrofe ambiental global y sobre la percepción con respecto al gobierno de Bolsonaro en Brasil, que esperemos sea de algún modo alimentado por las conclusiones y propuestas del Sínodo Amazónico y por la COP 25 –hoy en suspenso por la grave crisis chilena-. La situación que viven varias comunidades en Loreto, Ucayali, Madre de Dios, nos deja la misma mirada preocupante sobre la naturaleza dispersa del conflicto social en el Perú.

Lo mismo ocurre con la secuencia de revueltas sociales ocurridas en Brasil (2013), Argentina, Honduras, Ecuador y recientemente en Chile. Además de su extrema  virulencia, reflejan un serísimo revés, no sólo para gobiernos de derecha, en la región históricamente más desigual del mundo (1/10 en carestía extrema; 2017, 62 millones de pobres). Un continente donde los problemas de inseguridad, informalidad, desempleo, y/o migración forzosa, son totalmente vigentes al igual de la predominancia de una sociedad profundamente consumista, resultante de 30 años de neoliberalismo.

Por su parte, EE.UU. se debate entre un posible impeachement o la reeleción de Donald Trump, lo cual va a subordinar la atención sobre América Latina. Trump se ha especializado en seguir cometiendo y  acumulando incontables errores, tales como injerencia en asuntos de Ucrania con fines electorales, el retiro de tropas norteamericanas del norte de Siria (con consecuencias geopolíticas en Cercano y Lejano Oriente), especialmente a favor del régimen sirio de Assad, los que son salpicados de triunfos circunstanciales contra el terrorismo fundamentalista de ISIS. Asimismo, en un marco de comprobada desaceleración económica global con serios efectos en América Latina (previsión de 0.2% de crecimiento), se produce el constante deterioro de las relaciones de Washington con países aliados y mecanismos multilaterales como el G-7 o G-20

Una crisis de modelo (y de algo más)

Se trata de una profunda crisis terminal del Consenso de Washington de 1991 así como del modelo político constitucional iniciado en 1973 en Chile y aun antes en Corea del Sur de liberalismo militarizado, desarrollado en Chile y el Perú a través de las Constituciones de 1980 y 1993, respectivamente. En el caso peruano fue la base de las políticas económicas y sociales que han aplicado todos los gobiernos de diversa posición política. Desde Fujimori, pasando por Toledo, García, Humala, PPK y finalmente Vizcarra, el Estado peruano ha venido perdiendo contenido, competencias y propuestas. Curiosamente, Lima sigue siendo el espacio más conservador por excelencia en la subregión, como antes ocurrió en épocas de Manco Inca, Túpac Amaru (1780) o de la gesta independentista de 1821. Ahora, en el escenario sudamericano se contemplan hasta dos vías de cambio: la electoral y la revuelta social. y Lima y sus acólitos se resisten al cambio o al menos a la alternancia regional; aunque algunos canten anticipadamente la defunción del modelo, este puede y va a sobrevivir en el tiempo.

Asimismo, los gobiernos en la región no solo no han logrado cerrar las brechas históricas, sino que han aumentado. Ahora bien, ante la incapacidad y los límites del modelo, nos preguntamos, ¿Cuál ha sido el papel de los casos de corrupción? Ha sido muy importante. El gravísimo efecto de la corrupción sobre todo el universo de “lo público”, cerrando el círculo de descrédito ciudadano, incluido Chile donde debemos resaltar un antecedente: el brutal ausentismo en la elección de Piñera (solo 47% del padrón). Este remolino destructivo del régimen que soportó durante tanto tiempo el modelo, ha sacudido al conjunto de las clases políticas, tanto las tradicionales, las populistas y también a las de izquierda (Concertación chilena, FA uruguayo, MAS boliviano e incluso el correísmo), haciendo indispensable una recreación de “lo político”, sobre nuevas bases.

La predominancia política del “Consenso de Washington”, ha sobrevivido el fin de la Guerra Fría y la recomposición de una multipolaridad. También sobrevivió la primera ronda de progresismos políticos (1998), e incluso el período del “boom” minero hasta el 2014 y la mega corrupción de Lava Jato que lleva ya 3 años de duración.

Sobre este “Consenso”, texto de carácter cuasi bíblico para ciertas universidades y centros empresariales, ha girado gran parte de la política internacional hemisférica de los últimos años. La protesta de estos tiempos, desborda los claustros, las discusiones de los sindicatos y la tinta de las rotativas. Este Consenso recompuso, además, la mayoría de regímenes internacionales, la política exterior nacional, así como ha determinado el funcionamiento de mecanismos multilaterales como el G-20, G-7 ONU, OEA, MERCOSUR y otros.  Así, se producen intentos de mantener el “statu quo”, mediante la criminalización de la protesta social, la militarización del territorio, la emergencia constitucional. Una de sus características es que ya no responde a la demanda de una agenda política a favor de la Democracia o los DD.HH, como ocurrió en los años 80. Las protestas del 18/10 del 2019, se caracterizan por la acumulación de demandas diversas, más allá de la evasión del metro[1]. Han sido desproporcionadamente costosas en cuanto a violaciones a los DD.HH elementales de los protestantes. En Ecuador, se tuvo 10 muertes y en Chile 19, 35 desaparecidos, más de 200 heridos, 1300 detenidos y es un proceso en desarrollo aún. Alta preocupación de la Oficina de DDHH y del propio Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Esta  nueva versión de una suerte de primavera andino-amazónica vuelve a traer al centro del debate el lacerante deterioro de los derechos sociales de las poblaciones nacionales y la prioridad de los respectivos MEF sobre el sostenimiento de los indicadores macro económicos, el grado de riesgo y la inversión privada, antes que el bienestar social. Se puede resumir como el problema de la desigualdad que no ha podido ser resuelto. Podemos decir que mucho de esto ocurre también en el Perú, a nivel Lima/regiones, costeño/andino, hombre/mujer. Por ello creemos que no son suficientes medidas paliativas gatopardistas, como las planteadas inicialmente por Piñera, sino de fondo, en el mismo camino de las reformas políticas, pero para ponerlo en peruano: revisar los derechos de soberanía sobre recursos, la continuidad de los contratos ley, reponer parcialmente el rol planificador y subsidiario del Estado, impulsar los límites sociales de la propiedad, el ordenamiento territorial, la actividad minera, la política tributaria.

El tremendo descredito de la clase política, fue alimentado por la continuidad de rupturas y traiciones al pacto electoral entre los candidatos de todos los pelajes con la ciudadanía, problema recurrente en todos los países. Por otra parte, en estas dos décadas, en el Perú se ha producido el absoluto debilitamiento del rol regulador y planificador del Estado, una economía social y se hace necesario asegurar procesos de transición de un régimen en extremo neoliberal, hacia un modelo promotor, diversificador con un rostro social en cada sector de la actividad pública y en los 3 niveles de gobierno.   

Los problemas de la enorme limitación de las medidas de ajuste tradicionales, recomendadas desde el BM, FMI a los países periféricos, se ponen en tela de juicio y requieren salidas innovadoras, que van más allá de lo meramente redistributivo que caracterizó antes al PT, la Concertación chilena y el propio MAS boliviano. Por otro lado, la magnitud de la catástrofe ambiental producto del calentamiento global y la expansión del “boom” minero extractivo ocurrido en América Latina, adquiere ribetes inmanejables. La pregunta ¿es esto es suficiente para impulsar un proceso constituyente? El tema está en medio del debate.

Se produce un escenario de nuevos cambios políticos, desde el conservadurismo en todos sus pelajes, hasta viejas y nuevas formas de progresismos, aun sin referentes políticos claros. Los rezagos de gobiernos de Maduro y Evo, serán acompañados por nuevos liderazgos aun no determinados. Este proceso entre lo electoral y lo social, empezó con la renuncia del Presidente en Haití y las protestas en Honduras. Ocurre con el retorno del peronismo en Argentina, la incertidumbre de la segunda vuelta en Uruguay, la dudosa definición en Bolivia, así como el evidente deterioro de imagen de Bolsonaro post incendios, el triunfo del ecologismo en Bogotá, Colombia.

Lo curioso que muestra el caso chileno, es que la protesta frente a medidas tradicionales en materia de corte económico, son respondidas por Piñera, con los medios más burdos, tradicionales y sensibles para la sociedad chilena, declarar estado de sitio y sacar los milicos a la calle. Se confirma la absoluta falta de reacción de la DBA (empresarios como PPK y SP no saben gobernar), así como la reiteración del ciclo pendular de los sistemas políticos aplicables. Finalmente, es necesario contemplar los impactos geopolíticos de la recomposición progresista que se está produciendo en la región. La presencia de EE.UU y China, la presión sobre Maduro y Cuba, así como los impactos locales de estas revueltas, en este proceso de cambio político.    

 

 

[1] En lo general inmediato:

a) Sueldo mínimo de $430.000 pesos, líquido. Sobre  la línea de la pobreza. En la gran empresa financiado íntegramente por el empleador, en las PYMES con apoyo estatal.

b) Pensión mínima igualada al sueldo mínimo, con costo a la AFP.

c) Condonación del CAE y la deuda estudiantil en general. Recuperación de viviendas en listas de remate por no pago del mismo.

d) Congelamiento de las cuentas de servicios domiciliarios hasta nuevo trato.

e) Fijación urgente de precios de fármacos al 30% ganancia sobre precio de costo, sin subsidio del estado.

f) Revisar todos los proyectos enviados por el gobierno actualmente en el Congreso.

g) Revisar el presupuesto 2020 para ajustarlo a las medidas urgentes solicitadas.