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Una publicación de la asociación SER

Acabemos con la cultura del privilegio

Un aspecto recurrente en las explicaciones brindadas por diferentes funcionarios cuestionados por su actuación durante las últimas semanas es señalar que su comportamiento, por más criticable que sea, no constituye delito y por tanto no ameritaría sanción alguna. Independientemente de si están o no en lo correcto y, por supuesto, salvando las distancias que existen entre caso y caso, esta forma de responder y la actitud que conlleva ponen en evidencia la existencia de una cultura del privilegio que es compartida por todos aquellos que acceden a ciertos espacios de poder y toma de decisiones.                

Esta sensación de superioridad o de tener derecho a un tratamiento especial se expresa claramente en las conversaciones sostenidas entre magistrados que creen que pueden solicitar e intercambiar favores que son vedados a la mayoría de la ciudadanía; y lo mismo ocurre con los acuerdos de los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso de la República para que quienes ocupan tales cargos gocen de una serie de atenciones y bienes solventados con el presupuesto público.

Por cierto, ello también alcanza a los funcionarios del Poder Ejecutivo y de otros organismos públicos que, por el solo hecho de ocupar puestos de mayor responsabilidad, exigen y logran una atención privilegiada que va desde contar con personal a su servicio las 24 horas del día al que encargan labores ajenas a la función pública, hasta detener el tráfico para darles un paso preferente.                  


En las siguientes semanas seguiremos en el debate de temas importantes relativos a la administración de justicia y a la reforma política, pero también es necesario reflexionar sobre las medidas a adoptar para desterrar esta cultura del privilegio que es transversal a esta suerte de burocracia dorada que todavía existe en nuestro país.                  

En Noticias SER defendemos  el principio de que quien es electo o nombrado para desempeñar un “alto cargo” en el Estado debe entender en primer lugar que su actuación debe regirse bajo el principio de la igualdad y por tanto está completamente prohibido utilizar el puesto para servirse de este. Pocas cosas son tan dañinas para la vida en democracia como utilizar el poder en beneficio propio.