Wuille Ruiz Figueroa

Recientes medidas legislativas buscan enfrentar la criminalidad y la inseguridad ciudadana dotando de herramientas a los jueces para elevar la penalidad a los reincidentes y habituales (1), siendo más elevado aún para determinados delitos como el homicidio calificado (asesinato), lesiones graves y violación sexual contra menores de edad, entre otros. Asimismo, con la modificación del concepto de flagrancia (2), a la policía se le dota de un mayor grado de actuación para la intervención y captura de personas involucrados en hechos delictuosos. Adicionalmente, los beneficios penitenciarios de semilibertad y de liberación condicional, que permite a los condenados salir de prisión antes de cumplir el total de su condena, es cada vez más restringido a un menor número de delitos y con requisitos cada vez más difíciles de cumplir.

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Ronald Gamarra, uno de los abogados de las víctimas en el proceso por el cual se condenó a Alberto Fujimori por graves violaciones a los derechos humanos, nos presenta este interesante libro "Juzgar a un Jefe de Estado, Lecciones del proceso al ex presidente Alberto Fujimori por delitos contra los derechos humanos" (1).

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El 16 de julio se recuerda el día de la persona encarcelada o día de la resocialización. La situación en los penales es preocupante, pero más lo es para aquellos que viven en penales como Challapalca ubicado entre Tacna y Puno, a unos 4500 metros sobre el nivel del mar. Este penal fue cerrado en el 2003 pero luego reabierto en el 2007. Actualmente alberga a 104 personas de los 44880 privados de libertad a nivel nacional. En lo que sigue, comparto parte de mi testimonio personal para mostrar las dificultades que se debe sortear para llegar y salir de allí.

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El Ejecutivo ha observado la autógrafa de la ley de consulta a los pueblos indígenas aprobado por el Congreso de la República el pasado 19 de mayo. Los argumentos señalados para no promulgar la ley carecen de sustento suficiente, tal como brevemente paso a desarrollar.

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Estremecedora y verosímil la valiente denuncia hecha en un programa de televisión (1) por parte de la Cadete de la Escuela Técnica del Ejército, Shirley Castillo Yarlequé en contra del Coronel Marco Vilela Seminario, director de ese centro superior.  Ella narró detalles del hecho ocurrido el 8 de abril de este año, cuando la citó a solas en su despacho de director, lugar donde ocurrió la violación, y la forma en que este oficial, a fin de desacreditar cualquier posterior denuncia en su contra, hizo que la internaran en el servicio de Psiquiatría del Hospital Militar.

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Días atrás detuvieron al Gobernador distrital de Llochegua, Eduardo Ricra Arrieta, en mérito al proceso judicial por los presuntos delitos de secuestro, siendo recluido en el penal de Yanamilla. Según las informaciones periodísticas, el gobernador, junto con el comité de autodefensa de la localidad, el 29 de diciembre del 2008, habría intervenido a una persona por un caso relacionado con estafa contra humildes pobladores, y lo depositaron en un ambiente que a modo de carceleta funciona en las instalaciones de la Gobernatura, habiendo pasado en esa situación un tiempo menor a las 24 horas (1).

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El presente artículo (1) pretende contribuir a la reflexión en la defensa de los pueblos indígenas desde un enfoque de derechos. Uno de los aspectos a determinar es identificar quiénes son los sujetos, por ejemplo, en una ley de consulta. Son diferentes términos los que actualmente existen y se suelen usar como sinónimos los unos de los otros: pueblos indígenas, pueblos originarios, pueblos autóctonos, pueblos aborígenes, pueblos indios, comunidades campesinas, comunidades nativas. A ellos se agrega el término de pueblos en aislamiento o pueblos no contactados.

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No cabe duda que Don Bieto (1) ocupa un lugar preferente en aquella vergonzosa página de la historia del Perú por su total desprecio a la profesión de abogado y a la justicia, lo que ha quedado evidenciado en cada una de sus hasta ahora conocidas conversaciones a través de la línea telefónica.

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Una de las grandes barreras entre el sistema de justicia y la sociedad, sobre todo en zonas rurales, es que los operadores de justicia desarrollamos nuestra labor o adoptamos decisiones y concebimos políticas públicas, sin tener en cuenta el contexto socio cultural en el cual nos encontramos, es decir, nos encontramos desubicados del entorno o contexto socio cultural o “de espaldas a la realidad”, como suele denominarse también (1) Así, el operador de justicia aparece como un personaje distante, “de otro mundo”, cual ubicado “dentro de una esfera o bola de cristal”, encerrado únicamente en los límites de su despacho.