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Una publicación de la asociación SER

El apresurado proceso de consulta previa del proyecto minero Corani

Como es de conocimiento público la finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los Pueblos Indígenas u Originarios sobre una medida legislativa o administrativa que podría afectarles directamente. La consulta es un diálogo que busca garantizar que los Pueblos Originarios participen en los procesos de toma de decisiones del Estado.

Como estaba planificado según el plan de consulta previa del proyecto minero CORANI, los días 25 y 26 de abril se llevó a cabo la etapa de información y por pedido de las comunidades de Chacaconiza y Quelcaya del distrito de Corani -según las actas- fue realizada en asamblea extraordinaria.

Los comuneros de la Comunidad Chacaconiza se reunieron el día 25 de abril desde horas de la mañana a fin de llevar el taller informativo con los representantes del Ministerio de Energía y Minas y otros sectores responsables del proceso. En horas de la tarde siendo las catorce horas según indica el acta de reunión extraordinaria de la comunidad de Chacaconiza de evaluación interna de consulta previa “según votación, la comunidad acuerda por unanimidad las dos medidas administrativas y que el proyecto Corani inicie lo más pronto y que no es necesario ir a la etapa de diálogo. Esto en cumplimiento al artículo 19 de la consulta previa, este acto debe ser considerado para el Estado como acta de consulta previa”. Siendo las quince horas concluyó la asamblea suscribiendo el acta la directiva comunal, los comuneros, y representantes de la ronda campesina, instituciones educativas e inclusive los técnicos en enfermería.

En el caso de la comunidad de Quelcaya, el día 26 de abril, la dinámica fue la misma. En horas de la mañana se cumplió con el taller de información por parte de MINEM y siendo las catorce horas con veinte según el acta de reunión extraordinaria la comunidad de Quelcaya “según votación la comunidad acuerda por unanimidad las dos medidas administrativas y que el proyecto Corani inicie lo más pronto y que no es necesario ir a la etapa de diálogo esto en cumplimiento al artículo 19 de la consulta previa este acto debe ser considerado para el Estado como acta de consulta previa”, exactamente el mismo texto que en Chacaconiza que es acompañado por las firmas de los miembros de la directiva, los comuneros y los representantes de la ronda campesina.

En este contexto conversamos con el abogado especialista en temas de consulta Julio Cesar Mejia Tapia quien indica “Creo que la consulta previa es una oportunidad del Estado para prevenir conflictos socioambientales en especial aquellos que surjan en la convivencia entre la empresa y la gente. En este caso no se observa en las actas que se haya entregado información sobre la verdadera dimensión de la actividad minera y la afectación de los distintos derechos de la población. Y seguramente los impactos que no se conversaron en la consulta, recaerán principalmente en el territorio y en recursos como el agua. Todo esto facilitaría un conflicto por no haber realizado una consulta enfocada en dar a conocer los impactos de la actividad minera y cómo afectará materialmente los derechos de la población de Corani” indicó Mejía para noticas SER

Así mismo Mejía agregó que “tal como lo advertimos, el proceso de consulta previa para el proyecto Corani, careció de información suficiente, accesible y oportuna sobre los posibles riesgos ambientales y de salubridad, no hubo asistencia técnica especializada para las comunidades, las etapas de información y evaluación interna se llevaron en un solo día es decir nunca se brindó un plazo razonable a las comunidades para que discutan y evalúen lo que se está consultado. Obviando todo esto el proceso finaliza sin llegar a la etapa de dialogo”

Por último el experto señaló que “En razón de la ausencia de la etapa de diálogo no se han establecido mínimamente acuerdos sobre los siguientes temas: mitigación de los impactos de la actividad extractiva, participación efectiva de los pueblos indígenas en el desarrollo del proyecto y en los beneficios que eventualmente genere, garantías de protección adecuadas a los derechos sustantivos de las comunidades indígenas afectadas, especialmente durante la etapa de explotación; y mecanismos para la resolución de disputas y compensación de posibles daños”

En conclusión el proceso de consulta del proyecto Corani, se suma a la política estatal que entiende la consulta previa como un requisito que solo busca legitimar la imposición de un modelo de desarrollo. 

Dato

Las autoridades políticas distritales, provinciales, regionales no tienen información del proceso ni del proyecto Minero más allí se simples referencias muy generales.

Actas