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Una publicación de la asociación SER
Psicólogo con maestría en Sociología.

Yo soy tambeño

No hay mucho que añadir a lo que ya se ha escrito sobre el conflicto generado por el proyecto minero Tía María. Dada la polarización que se vive en el Valle de Tambo, como en Arequipa, una frase mal dicha o mal entendida puede echar más leña al fuego o suscitar el rechazo de mis paisanos. Nada más lejano a mi intención. Empero, se trata hoy de poner paños fríos con la razón y no con la fuerza. Sobre todo, después de que ha quedado demostrada la sucia manipulación de las noticias que hacen la empresa y el gobierno, que sólo entienden de represión.

Sólo diré que parece que los proyectistas de la empresa Southern Peru Copper Corporation y sus asesores de relaciones comunitarias y de imagen institucional, así como los funcionarios del Estado que toman decisiones al más alto nivel, no tomaron en cuenta un factor decisivo para conseguir la aprobación del entorno social del proyecto: La historia o, si se quiere, la memoria colectiva de los habitantes de Cocachacra, del valle de Tambo y de la provincia de Islay.

¿A qué me refiero? A que cuando empezó a funcionar, en el puerto de Ilo –en 1960- la fundición que procesa el cobre extraído de la mina Toquepala, a los pocos días se descubrió que los humos sulfurosos que emanaban de sus calderas atravesaban los 80 kilómetros de desierto, llegaban al valle de Tambo y quemaban sus sembríos. Al comienzo, no hubo mayor explicación para el fenómeno, pero una vez descubierta la relación, los agricultores empezaron a quejarse. La reacción de la Southern, empresa poderosa y con magníficas relaciones con los altos funcionarios del Estado, fue el silencio; un silencio que no sólo suponía desdén, sino también desconocimiento de lo que estaba ocurriendo, pues, como se comprenderá, no existía en todo el mundo la sensibilidad y la conciencia sobre el cuidado ambiental que hoy se tiene.

De manera que pasaron los años -e inclusive se multiplicó la producción de humos con la ampliación de la fundición, en 1976, para recibir los minerales de Cuajone- y a duras penas, los agricultores empezaron a registrar los daños en sus cultivos, a tomar fotos, a quejarse ante las autoridades, a informar a la prensa, mientras la empresa que domina el espacio regional de Moquegua y Tacna y ante la cual se inclinan las autoridades y los empresarios locales, con la esperanza de colocar a un pariente o conseguir un contrato de servicio, recibía el respaldo de la opinión pública de esos departamentos. Por lustros, los agricultores de Tambo permanecieron relativamente aislados y desprestigiados por el aparato de comunicaciones de la empresa.

Y las cosas hubieran seguido igual hasta hoy, si es que no llegaba a la alcaldía de Ilo, un equipo de Izquierda Unida encabezado por el médico Julio Díaz Palacios, quien fue su alcalde durante la década de los años 80 y luego fue miembro del Parlamento Corto 1990-92, como diputado por Moquegua. En esos años, desde la municipalidad provincial de Ilo, se impulsó la toma de conciencia sobre la necesidad de obligar a la Southern a procesar los humos de su fundición, con la acción fiscalizadora de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, en la que participaron Díaz Palacios y, luego, Ernesto Herrera. Desde el primer Plan de Adecuación que obligaba a tomar acciones, la empresa ha dilatado y escamoteado una solución. En el 2013, cuando el límite máximo permisible de dióxido de azufre (SO2) era de 80 microgramos por metro cúbico, sus chimeneas expulsaban 365.[1]

Es decir, décadas de lucha de los agricultores minifundistas del valle de Tambo y de dos generaciones de sus familiares en Cocachacra, El Arenal, La Curva y La Punta generaron en la memoria colectiva y en la inmensa mayoría de pobladores, un rechazo casi reflejo, a la sola mención de la prepotente Southern. ¿En qué cabeza desubicada o delirante podía madurar la peregrina idea de ir a excavar un tajo abierto al lado de esas poblaciones? ¿No sería tomada como una burla cruel y una ofensa grosera a la población del entorno del proyecto? ¿Y, encima, querer usar ingentes cantidades del agua del río, como planteaba la primera versión del proyecto? Pues, con la soberbia de quienes han doblegado a sucesivos gobiernos y se han comprado a funcionarios con tan solo la promesa de un futuro puesto de trabajo, la empresa siguió adelante y consiguió la aprobación del gobierno del perro del hortelano y también la del gran transformado[2]. Claro, tuvo que retroceder en el 2011 y decir que emplearía agua desalinizada del mar, pero eso no ha absuelto de la condena a la SPCC.

Como si no bastara ver y sentir el masivo rechazo, que incluye el de los alcaldes elegidos por sus ciudadanos, los plumíferos de la empresa han lanzado el brulote de que un pequeño grupo de extremistas tiene capturada a la población, y hasta un desprestigiado profesor de la Universidad del Pacífico se atrevió a calificarlos de “terroristas antimineros”. Nada más lejos de la verdad, pues, luego de que la represión policial matara a tres pobladores, en marzo del 2011, en noviembre del mismo año, los pobladores de La Punta de Bombón, que se encuentra en la margen izquierda de la desembocadura del río Tambo, aprobaron el inicio de la fase exploratoriadel proyecto “Mariela”, presentado por la empresa australiana Peruvian Latin Resources[3]. En otras palabras, la gente no es irracional ni se opone por razones ideológicas, como dicen la DBA y la Sociedad de Minería, sino que hay razones históricas que los sabios doctores en economía, finanzas, administración y planeamiento no han tomado en cuenta.

Por otro lado, si bien los proyectos mineros generan empleo y el ingreso de divisas mejora el conjunto de la economía nacional, no está probado que saquen de la miseria o de la pobreza a las poblaciones del entorno de las operaciones. Por ejemplo, los habitantes de los distritos de Hualgayoc, en Cajamarca; Morococha, en Junín, o Huachocolpa, en Huancavelica, que tienen vetas que se han venido explotando por siglos, figuraban con 59%, 40%  y 47% de desnutrición crónica, respectivamente, en el Mapa de Pobreza de FONCODES, del año 2006; para no hablar de las poblaciones nativas awajún y achuar, que fueron diezmadas por la hepatitis, luego de que se abriera la explotación petrolera en las cuencas de los ríos Morona, Tigre y Pastaza.

Pero no es el caso de los pueblos tambeños. No es cierto lo que dice el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, que “en esos lugares no hay agua, desagüe, educación, posta médica decente, ni seguridad, ni justicia”[4]. Cocachacra fue el primer pueblo del sur del Perú en tener energía eléctrica, en 1906, y sólo tenía 10% de desnutrición crónica, mientras que La Punta mostraba un 8%, según la estadística citada líneas arriba[5]. De manera que no se trata de poblaciones que ignoren el valor de una inversión y menos de gente pedigüeña que se rinda ante las limosnas que empezaron a repartir los agentes de la empresa, tratando de dividir a la comunidad. Es gente con amor propio que quiere seguir viviendo de la agricultura y los servicios, y no estar expuesta a la depredación y los daños colaterales que trae una explotación minera a gran escala. ¿Cómo es posible que los capos de la Sociedad de Minería no puedan entender una cosa tan sencilla?


[1]Ver el enlace http://www.actualidadambiental.pe/?p=29542

[2]En las elecciones del 2011, el 70.9% de los electores de Cocachacra votó por Humala; el 75% lo hizo, en el distrito de Deán Valdivia, y 68.8% en La Punta de Bombón.

[3]Ver artículo de Víctor Laguna y Andrew Bristowen la revista Minería N° 430, Lima, julio 2013, pp. 62-64. “La aplicación de Responsabilidad Social para lograr una exploración armoniosa en un ambiente social muy adverso a la minería: Proyecto de exploración Mariela-Islay, Arequipa” que concluye “Por lo general, no hay poblaciones “antimineras”. Lo que hay son poblaciones temerosas, preocupadas por los efectos negativos que suelen acompañar a los proyectos extractivos”.

[4]http://elcomercio.pe/politica/actualidad/humala-dijo-que-respalda-tia-maria-no-contundente-noticia-1806782

[5]Según el Mapa de Pobreza Monetaria del INEI, del año 2009, en Hualgayoc, el 73.4% de sus habitantes era pobre; en Morococha, el 45.2%; en Huachocolpa había 69.9% de pobres; mientras que en Cocachacra, el 32.9% tenía esa condición.