Skip to main content
Una publicación de la asociación SER

Y cuando nos despertamos los conflictos seguían allí…

Fabiola Yeckting

Uno de los temas álgidos del próximo gobierno de Kuzcynski será el de los conflictos socioambientales,  cuya existencia se debe a la competencia entre los diferentes actores sociales por el acceso, uso, gestión y explotación de los recursos naturales. Entre las vertientes de los conflictos socioambientales[1], los asociados a la actividad minera ocupan un lugar central en la realidad del país. Se generan, a su vez, por problemas como la contaminación que se registra a nivel global asociado a lo que Martínez-Allier ha denominado “racismo ambiental”[2], debido al atropello de los derechos de las poblaciones que produce la desregulación, por la serie de procedimientos de sobreexplotación de recursos naturales no renovables que realizan empresas que causan grandes impactos. Sus formas de intervención, como el uso de sustancias contaminantes, el arsénico o el mercurio, así como la explotación en las cabeceras de cuenca o ecosistemas húmedos, muchas veces están restringidas en sus países de origen. A su vez, generan externalidades, costos por el desgaste o daños de los recursos naturales que crean con sus operaciones, que no son previstos, valorados, ni asumidos en las mediciones de ingresos y beneficios, cuando el Estado aprueba las inversiones.

Según el Observatorio de Conflictos Mineros para América Latina OCMAL, estamos empatados en el primer lugar del ranking de conflictos mineros en América Latina con México, con alrededor de 37 conflictos. Los conflictos, salvo excepciones, se originan en su mayoría desde los años 90, es decir, son producto de un cambio del modelo económico que después de la crisis de los años 80 buscó fomentar las inversiones, y que transita del Consenso de Washington y los acuerdos de financistas para la menor intervención del Estado en la autoregulación del mercado, al “Consenso de los Commodities[3]. Es decir, de la sobre explotación de los recursos naturales y exportación de bienes primarios o materias primas a gran escala con bajo valor agregado y megaproyectos productivos, sostenidos por el boom de los precios internacionales, como base de un modelo que determina un nuevo orden económico y político-ideológico, a la vez, que un giro “eco territorial” en las demandas de los movimientos sociales.

PPK manifestó en sus debates de campaña que para prevenir los conflictos sociales había que diseñar un sistema nacional de prevención y solución pacífica de conflictos, además de trabajar en el “adelanto social”, es decir, en los beneficios que debían tener las poblaciones en electrificación rural, puestos de salud, educación, etc. Además precisó que se aplicaría la Consulta Previa en casos específicos. Ahora tendrá que enfrentar la situación que vivió Ollanta Humala con el cuestionamiento a proyectos como Conga, Tía María y Majaz y otros conflictos latentes como el de Las Bambas, y a su vez, con las demandas de ordenamiento territorial y el reclamo por los retrocesos de los denominados “paquetazos ambientales”. Esto nos muestra la necesidad de un debate nacional sobre el desarrollo que queremos, así como también que no se pueden abordar los conflictos ocultando la integralidad y multidimensionalidad de los problemas que los originan. 

Hace dos semanas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tuve la oportunidad de participar en una mesa sobre Conflictos Socioambientales, con ocasión de la Semana de Antropología, junto a Vladimir Gil, autor de una interesante investigación sobre el proyecto Antamina[4] en Ancash, cuyo penúltimo capítulo lleva el llamativo título “Estimado ingeniero ¿podría explicarle a mi burro que esta agua turbia con mal olor está limpia?” donde aborda el tema del riesgo ambiental y la cultura política. En esta mesa se analizaron la contaminación y su relación con la antropología y la identidad cultural. Me tocó referirme a cómo se abordan los conflictos desde el enfoque antropológico y al rol del antropólogo. Si bien ha habido una tendencia al trabajo en el área de relaciones comunitarias y como facilitadores de la instalación de los proyectos, allanando el camino de las empresas y enfrentando sus problemas con las comunidades, es necesario enfatizar nuestra labor en el diseño de las políticas sociales y de desarrollo para la construcción de alternativas.

Debido a la enorme diversidad cultural, pluri y multiculturalidad de nuestro país, es un imperativo el diseño de políticas de carácter étnico, es decir, visibilizando las diferencias culturales e identitarias, enfatizando la necesidad de traducir las demandas y necesidades que generan. Según la base de datos del Ministerio de Cultura se reconocen alrededor de 55 pueblos indígenas u originarios, en los que aún faltan incluir comunidades del área andina, donde se tuvo discrepancias con el sector minero, que cuestionó la posibilidad de aplicación de la consulta por lo que solamente se han planificado tres consultas en este sector, pero no se ha definido claramente para qué etapa de los proyectos se aplicarán. Con nuestra investigación sobre los usos del territorio y derechos colectivos de las comunidades, podemos caracterizar los problemas que generan los conflictos, sus actores y dar cuenta de sus procesos. Las intervenciones de los antropólogos deben darse en el marco de la multidisciplinariedad[5] y es imprescindible mantener el diálogo con la historia para trascender el análisis a priori de los actores según la coyuntura.

Otro aspecto importante es recoger las visiones de desarrollo locales, preguntarnos qué está pasando con ellas y en qué medida se hace efectiva la participación de los actores en los procesos de planificación del territorio y del acceso, uso, gestión y valoración de los recursos naturales, debido a sus aceleradas transformaciones, así como cuánto son involucrados y no   perjudicados en sus propios procesos de desarrollo. Sin embargo, es importante que la minería y los megaproyectos extractivos no sean sobrevalorados por el gobierno entrante frente a otras alternativas de desarrollo y que el Estado cuente con la institucionalidad para representar a sus ciudadanos. El excesivo énfasis en la explotación minera, petrolera y energética deja de lado la propuesta de una mayor diversificación de la producción en la economía nacional, así como el cumplimiento de las regulaciones ambientales y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que nos permitan abandonar este ranking de ser uno de los países con mayor cantidad de conflictos y convertirnos en un país con una perspectiva de desarrollo sustentable.

*** 

[1] Según el Informe de la Defensoría del Pueblo, Reporte mensual de conflictos sociales No. 46, Mayo 2016, un total de 150 son conflictos ambientales activos y latentes p. 22. Fuente http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2016/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N--147---Mayo-2016.pdf

[2] Martínez Allier, Joan El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración. Lima; Espiritrompa ediciones. 2010. p.217.

[3] Svampa, Maristella “Consenso de los commodities, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en América Latina” en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Año XIII, N° 32, noviembre 2012. Pp. 15-38.

[4]Gil, Vladimir Aterrizaje minero. Cultura, conflicto, negociaciones y lecciones para el desarrollo desde la minería en Ancash, Perú. Lima, IEP 2009 (Minería y sociedad, 6).

[5] En el caso de Colombia la aplicación de la Consulta Previa, no exenta de críticas, requirió de equipos de investigadores antropólogos, sociólogos, abogados, etc para la resolución de expedientes sobre pueblos indígenas y pueblos originarios, que se aplicaron conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, abarcando entre los años 2010 y 2013 entre el sector minero y de hidrocarburos alrededor de 900 consultas con acuerdos. Véase: Orduz Salinas, Natalia La Consulta Previa en Colombia. Documento de Trabajo ICSO No. 3. 2014. Santiago, Julio 2014. p.16.