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Una publicación de la asociación SER

Violación, parte II

Año 2006, Huánuco: Una niña de nueve años de edad, de iniciales N.V.T., dio a luz a un niño, luego de que fuera violada durante cinco meses por sus dos primos hermanos.

Año 2007: Una adolescente de 16 años quedó embarazada después de ser violada. En un intento de suicidio, sufrió una lesión en la columna que no pudo ser tratada debido al embarazo, pues el bebé podía verse afectado. Como resultado de todo ello la adolescente quedó parapléjica.

Diciembre del 2011: Una niña de doce años se ahorcó con su chalina en su domicilio del Rímac, tras ser violada durante seis años por su tío y quedar embarazada por de él. El tío sigue en libertad.

Octubre del 2013: Una niña de trece años fue violada y embarazada por su padre biológico en el distrito de Ventanilla. Fue denunciado por la madre y la víctima. El “padre” agresor negó todo.

Mayo del 2014, Puno: Una niña de diez años quedó embarazada tras ser violada por su hermanastro, un adolescente de 15. El hermanastro fue denunciado.

Marzo del 2015, Ushpayaku, provincia de Lamas: Una adolescente de 15 años dio a luz a una niña, producto de una violación que sufrió de parte de su tío paterno. Los padres de la menor no denunciaron el hecho y el “tío” agresor muestra total indiferencia respecto a los hechos.

Estos son seis de los miles de casos de niñas y adolescentes que han sido y son violadas en el Perú.  Como parte de estos miles de historias, 45% de menores de edad resultaron embarazadas, mientras que un 70% fue víctima de familiares cercanos (padrastro, padre, tío, hermano, hermanastros, y/o abuelos).

Todo tipo de violación tiene el mismo trasfondo: El control y poder sobre la otra persona, lo que en la violación sexual significa el control y poder sobre el cuerpo de la víctima. Aquí el placer radica en el abuso de poder y no tanto en la acción sexual; en ese poder de creer que una niña es propiedad de los padres o de la persona que la mantiene, o de creer que una mujer es inferior y, por tanto, se tiene el derecho de hacer lo que se desee sobre ella. Este panorama es producto de la sociedad machista en la que vivimos, donde la mujer es considerada y expuesta (tanto en la televisión, radio, publicidad, familia y los centros educativos) como mercancía, como un objeto de satisfacción, y donde el hombre no puede ni debe reprimir su sexualidad, por lo que la violación termina siendo culpa de la mujer.

Pero este control y poder sobre la otra persona; es decir, esta violación, también es ejercida políticamente, y el resultado genera mayor indignación e impotencia en la sociedad. Hablo de este poder que es ejercido por la estrecha mentalidad del congresista Eguren y apoyado por la defensora de la corrupción fujimorista, Martha Chávez, así como por el inquisidor entrometido, Cipriani; ese mismo que pide que no hagan leña del árbol caído cuando de pedofilia se trata. Estos tres monstruos no sólo colocan al Perú en el lugar de un país retrograda y vergonzoso frente al mundo, sino que también vuelven a violar y mancillar a todas las mujeres y niñas que ya han sido violadas.

Yo no soy experta en ciencia ni biología, no soy quién para afirmar qué pasa por el cuerpo y la mente de todas las mujeres, porque cada ser humano es único. Tampoco soy católica ni puedo hablar sobre religión, pero respeto el derecho a culto, creo en Dios (no en la Iglesia Católica), en la importancia de los Derechos Humanos y de la dignidad de la persona como base fundamental de estos; creo en la igualdad y en la justicia, y sí puedo expresar lo que se siente ser vulnerada y violada física y psicológicamente por el hombre y la sociedad.

Por eso, un médico especialista en oncología no puede hablar de cifras sobre embarazos por violación y negar cientos de casos y traumas existentes en nuestro país; por eso, un par de ineptos congresistas y un presidente de un partido político (Raúl Castro) no pueden basarse en sandeces para negar derechos; por eso, una periodista, más aún siendo abogada (Rosa María Palacios), no puede derramar bilis y cucufatería sobre la dignidad de una mujer, aludiendo los “terribles gastos económicos” que se podría provocar al Estado; y, por eso, jamás un representante de la Iglesia Católica de un país laico debe meterse en cuestiones políticas, y menos si se trata de derechos.

El tema es bien sencillo, no necesita tantas vueltas ni desperdicio de tiempo, habiendo tantos temas para legislar. El proyecto de ley plantea la modificatoria del artículo 119 del Código Penal (Artículo 119 actual.- No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviere, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente.), y la inclusión de la interrupción del embarazo en casos de violación sexual. También pide derogar todas las disposiciones que se opongan a dicha medida, como el artículo 120 del mismo código (Artículo 120.- El aborto será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres meses: 1.Cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera de matrimonio o inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera de matrimonio, siempre que los hechos hubieren sido denunciados o investigados, cuando menos policialmente; o 2. Cuando es probable que el ser en formación conlleve al nacimiento graves taras físicas o psíquicas, siempre que exista diagnóstico médico.). Es decir, se pretende que el Estado pueda hacer justicia a todas las mujeres y niñas peruanas sobrevivientes de una violación, devolviéndoles la posibilidad de decidir libremente sobre qué hacer ante una situación tan difícil, y así tal vez poder recuperar la dignidad arrebatada.

Sí es verdad que no todos los casos de violación provocan embarazos, pero tampoco es imposible que estos ocurran, por lo que negarlos es una estupidez; y sí es verdad que la Constitución vela por el concebido, pero, ¡ojo!, debemos tener en cuenta que hay más de un derecho comprometido: La integridad moral, psíquica y física (artículo 2°, inciso 1 de la Constitución), el derecho a la salud, y el concebido sólo en todo cuanto le favorezca. En qué sentido le puede favorecer al concebido ser abandonado y marginado por su madre. No estoy afirmando que todos los embarazos sean no deseados. No se trata de que todas las mujeres embarazadas por violación deban abortar, si no que tengan la posibilidad de decidir tener a la criatura o no. Además, nada puede ir en contra del fin supremo del Estado: La defensa de la persona y el respeto de su dignidad (artículo 1° de la Constitución). Sin dignidad no hay vida, sin dignidad no existen los Derechos Humanos; y sin poder decidir sobre el propio cuerpo en un caso excepcional, no hay dignidad. Nos están quitando la vida.

¡¿Por qué no se callan?! Déjennos decidir.