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Una publicación de la asociación SER
Abogada, secretaria ejecutiva adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Víctimas sin Derechos Humanos

Después de una larga espera que duro más de dos años, el 4 de julio de 2014 el gobierno aprobó el segundo Plan Nacional de Derechos Humanos 2014 – 2016, aunque el común de las personas recién pudimos acceder a este el 7 de julio, fecha en la que fue publicado.  El 18 de julio se realizó la presentación del Plan, la cual fue dirigida de manera exclusiva a funcionarias y funcionarios públicos. En la presentación nadie habló de las víctimas de violaciones a los derechos humanos que generó el conflicto armado interno.

No hay que olvidar que esta aprobación se dio en medio de la denuncia pública sobre el proceso penal contra el Ministro del Interior Urresti Elera como supuesto autor del asesinato del periodista Hugo Bustíos Saavedra (asesinato perpetrado en noviembre de 1998 y calificado como crimen de lesa humanidad), así como de la aprobación del paquete de normas ambientales fuertemente cuestionado por diversas organizaciones de la sociedad civil[1].  

En esta nota sobre el extenso documento aprobado, me voy a referir solo a un tema: los derechos de las víctimas del conflicto armado. Al respecto, el documento habla en su amplia introducción sobre las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Lamentablemente, en la segunda parte en la que se encuentran de manera dispersa cada uno de los objetivos (que carecen de línea de base, indicadores, metas e instituciones responsables) cuando se refieren a las víctimas del conflicto armado, solo se habla de las reparaciones.

A esto se suma que, en cuanto al derecho a las reparaciones, ni siquiera se han tomado en cuenta las demandas de las organizaciones de víctimas del conflicto armado, las cuales fueron trabajadas en la etapa de consulta del plan con estas organizaciones. Estas demandas incluían el aumento del monto de la reparación económica de 10 000 nuevos soles a 10 Unidades Impositivas Tributarias, la reapertura del Registro Único de Víctimas para poder acceder a reparaciones económicas, la transferencia del derecho a la reparación en educación, entre otras.

Lo insólito, tratándose de un documento elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es que el derecho a la justicia para las víctimas no es mencionado ni por asomo. Tampoco el derecho a la verdad.Como si las víctimas no tuvieran derecho a justicia y verdad. Más aún como si las instituciones estatales no tuviesen responsabilidad alguna al respecto.

De acuerdo a una investigación realizada por Jo Marie Burt[2], el Ministerio Público ha recibido 2880 denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas en ese periodo. De estos casos el 47% continúa en etapa preliminar o intermedia de investigación (etapa en la que los casos pueden quedar paralizados años) y el 48% han quedado archivados. De acuerdo al Ministerio Público, esta grave situación de impunidad, se debe en gran parte a la imposibilidad de obtener información oficial de las Fuerzas Armadas y otras instancias de gobierno.

La entrega de esta información compete a las Fuerzas Armadas que dependen del Poder Ejecutivo. No considerar en un Plan nacional de derechos humanos, la responsabilidad del Ministerio de Defensa de entregar dicha información es avalar la impunidad que vienen sufriendo miles de peruanas y peruanos después de 20 o 30 años. No poner ni una sola acción para alcanzar la verdad y la justicia en estos casos es decirles a las víctimas que esos derechos humanos no son para ellas o ellos.


[1] http://www.noticiasser.pe/09/07/2014/nacional/organizaciones-de-todo-el-mundo-cuestionan-%E2%80%98paquetazo-ambiental%E2%80%99

[2]BURT, Jo-Marie. Justicia transicional en el post-conflicto de Perú: avances y retrocesos en la rendición de cuentas por abusos del pasado. Publicada en Aportes DPLA, Revista de la Fundación para el Debido Proceso.  Páginas 51 – 56. Número 18, año 6, diciembre de 2013. Disponible en http://www.dplf.org/sites/default/files/aportes_18_web.pdf