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Una publicación de la asociación SER

Uruguay: Destruyendo mitos

Hace poco hemos sido testigos de una noticia que ha producido mucha controversia a nivel regional e internacional: la regulación del mercado de cannabis en Uruguay. La iniciativa del Ejecutivo uruguayo responde a la necesidad de frenar, de alguna forma efectiva, las actividades del crimen organizado vinculado al fenómeno del tráfico ilícito de drogas, en general, y de la marihuana, en particular. En el Perú, solo una posición oficial ha sido escuchada: Devida ha buscado tener [hoy jueves 19] un espacio en el canal del Estado "TV Perú" (tal vez la entrevista hubiera tenido otro giro de haberse realizado en un canal independiente y/o con un formato de debate), en el cual ha dejado sentada la oposición frontal a la "legalización", como su presidenta la llama, de la marihuana, no obstante el respeto a las decisiones autónomas del Estado uruguayo. Su posición, que demuestra la incansable necedad de negativa de revisión del problema de las drogas a causa de su alineamiento argumentativo con posiciones tradicionales como la de la Embajada de Estados Unidos en el Perú, es criticada en este breve análisis.

Pero, antes de continuar, debemos colocar un marco general. La iniciativa uruguaya se ubica en un espacio temporal en el cual surgen propuestas alternativas de reforma regional que pretenden sustituir las tradicionales visiones de lucha contra las drogas. Así, se pretende cuestionar la conocida “Guerra contra las drogas”, impulsada desde fines de los 70’s por Estados Unidos hacia el exterior. El problema no es que esta guerra sea errónea de por sí, ya que existen algunos instrumentos que son apropiados y pueden seguir utilizándose para combatir este fenómeno. El problema con la tradicional guerra es que el énfasis excesivo e injustificado en alguno que otro instrumento (los represivos, básicamente), termina generando resultados adversos y perjudiciales que bordean, y muchas veces traspasan, las violaciones a los Derechos Humanos.

Algunos analistas han señalado que la puesta en marcha de la regulación del cannabis en Uruguay generaría corredores de esta droga en países vecinos, lo cual incrementaría los niveles de inseguridad y violencia en ellos. ¿Habrán leído la normativa? Si por reglamento los usuarios de cannabis pueden tener hasta seis plantas, ¿qué necesidad tendrían de ir al mercado negro para abastecerse? Es más, ¿cuál es la razón de existir del mercado negro de cannabis en toda la circunscripción uruguaya? Otros analistas dicen que la experiencia holandesa ha demostrado ser un fracaso, pues los niveles de inseguridad han hecho posible que se retroceda en esta normativa. Cierto, pero esto sucedió porque la ley, efectivamente, estaba mal hecha. Entre muchas falencias, la legislación holandesa permitía la venta a extranjeros y prohibía el cultivo. Ambos elementos permitían la existencia de grupos criminales que controlaron el mercado del cannabis en Holanda. No obstante, en los últimos años, las cárceles de este país han estado quedándose vacías. En Uruguay, entre otras especificaciones, está permitido el cultivo (seis plantas) y está prohibida la venta a extranjeros. Asimismo, los menores de edad pueden ir olvidándose de poder acceder esta droga, pues la norma lo prohíbe. Claro, hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Ya será cuestión de ver qué tan chévere es el law enforcement en el país de Mujica.

Pero, como no todo es color de rosa, hay algunas cuestiones que sí deben ser tomadas en cuenta tanto por los proreguladores como por los opositores. Primero, que el Estado le quite el mercado a las organizaciones dedicadas al tráfico de marihuana no quiere decir, necesariamente, que estas organizaciones se vayan a ir del país, o se vayan a retirar. Es altamente probable que solo cambien de actividad ilícita. Segundo, la regulación del mercado del cannabis no necesariamente implica el aumento del consumo de esta droga entre los ciudadanos (¡Políticas complementarias de educación/prevención y tratamiento comunitario sirven de mucho!). Tercero, resulta encomiable la iniciativa de Uruguay dado que, la actual guerra contra las drogas está causando muchas muertes y violaciones a los Derechos Humanos, entre otros daños colaterales. Buscar alternativas a algo que hace daño y es perjudicial no puede ser nunca materia de críticas fundadas en concepciones fundamentalistas.