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Una publicación de la asociación SER

Una prolongada transición: A 15 años del Informe Final de la CVR

El próximo 28 de agosto de 2018, se cumplen 15 años de la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), siendo propicia la ocasión para hacer un sucinto balance sobre la implementación de sus principales recomendaciones.

Para ello, es necesario revisar cuánto ha cumplido el Estado peruano con satisfacer las exigencias de “Verdad”, “Justicia”, “Reparación” y “Reformas Institucionales” –propuestas como garantía de no repetición– a través de las cuales se busca superar el legado de violencia y crímenes perpetrados durante el periodo 1980-2000

  • Verdad: Lejos de consolidarse, el contenido del Informe Final es materia de constantes cuestionamientos. El respaldo oficial que acompañó y siguió a su presentación ha ido decreciendo, y ello se contrapone a la creciente fuerza de quienes se oponen y niegan sus conclusiones, generando confusión en las nuevas generaciones. Por tanto, el desafío en este punto sigue pendiente y sólo tendrá una proyección auspiciosa si el gobierno comienza por resolver la cuestión de la currícula escolar conforme a las recomendaciones de la CVR.

 

La situación de los “Desaparecidos” guarda relación con la búsqueda de la Verdad, y el primer gran hito se da recién en junio de 2016, con la Ley N⁰ 30470, Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas con fines humanitarios; antes de esta ley –sin Plan Antropológico Forense de por medio– la búsqueda de personas sólo fue un fin subsidiario a los objetivos de la persecución penal. Lamentablemente, el marco legal para esta nueva tarea sigue incompleto porque el Congreso no aprueba el proyecto de Ley de Creación del Banco de Datos Genéticos. Esta ley es complementaria y su aprobación es una disposición expresa de la Ley N⁰ 30470 hasta el momento incumplida. Más allá de regularizar la condición de personas fallecidas que fueron enterradas del modo informal -práctica más recurrente del Ministerio Público antes de la nueva Ley-  la mayor exigencia que recae en el Estado es la búsqueda de más de 13,000 personas suyo destino final y/o paradero es desconocido. En esta tarea el retraso es de 35 años si se toma en cuenta el pico de desapariciones masivas registradas a partir de 1983.

 

  • Justicia: El balance es incierto, ya que luego de 15 años el Estado no cuenta con una base de datos oficial que permita medir con certeza y detalle lo que se ha avanzado en materia de judicialización de violaciones de derechos humanos y, ciertamente, quienes asumen la defensa de víctimas tampoco han concretado una iniciativa que integre, actualice y haga pública la totalidad de información que poseen en la materia para lograr similar propósito. Lo que sí se conoce es que el número de casos resueltos de modo definitivo es reducido, y que las condenas en el caso de agentes del Estado suelen ser una noticia excepcional que por lo general son presentadas como un hecho histórico. Quizá el caso más mediático fue la condena por violaciones de derechos humanos dictada contra el ex presidente Fujimori, caso emblemático que terminó con un cuestionado indulto humanitario a su favor. Entonces, puede concluirse que el avance en Justicia es mínimo en comparación con lo que fue –en un inicio– el nivel de expectativa de las víctimas, pero también sujeto a retrocesos como lo evidencia el caso Fujimori.

 

  • Reparaciones: Dentro de un enfoque de política pública que trata de optimizar recursos y provisión de servicios escasos, este punto es el que registra mayor avance. Se cuenta con un Registro Único de Víctimas (RUV) y un Plan Integral de Reparaciones (PIR) en implementación por sucesivos gobiernos desde 2004.

 

  • Reformas Institucionales: Aunque la CVR hizo cuatro propuestas, interesa comentar la referida a la Reforma del Sistema de Administración de Justicia. En este punto, puede concluirse que la reforma integral y estructural no se ha concretado. Los “audios de la vergüenza” que hoy revelan graves casos de corrupción y penetración del crimen organizado en el sistema de justicia son la más clara evidencia de esta inacción, además de causa principal de su actual desprestigio. El tema sigue pendiente.

A 15 años del Informe Final de la CVR, el nivel de cumplimiento de estas recomendaciones resulta deficitario y, por tanto, la deuda con las víctimas y con el país, por el nivel de desinformación que afecta a las nuevas generaciones, es aún enorme.

 

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Abogado. Ex director general [e] y director de registro e investigación forense de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del MINJUSDH