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Una publicación de la asociación SER

Tía María como síntoma

El conflicto en Tía María ha llegado al centro de la discusión política nacional. Los elementos son más o menos los mismos que en casos anteriores: Una empresa desprestigiada por casos de contaminación (Moquegua) y malas prácticas (asegurar que no era posible usar agua de mar para la mina y luego cambiar la versión ante la protesta); un gobierno central que, empeñado en sacar adelante el proyecto, se muestra incapaz de distinguir entre legalidad y legitimidad, y carente de un mínimo de estrategia para ejercer autoridad con profesionalismo y sin improvisación; una movilización con violencia; dirigentes opositores más interesados en su beneficio personal que en defender derechos ciudadanos, y civiles y policías heridos y muertos en los enfrentamientos.


Todo esto es, por supuesto, un escándalo, pero no es novedad. Después de varios años de conflictos generados por afanes extractivos, al menos tres cosas deberían estar claras: Primero, es absurdo que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) sean aprobados por la misma entidad que promueve la inversión minera en el país. Esto se viene señalando hace más de una década. Esfuerzos tibios por fortalecer al Ministerio del Ambiente se desdibujan con “paquetes reactivadores” que debilitan la gestión ambiental y los EIA se perciben como garantía de nada. Segundo, hay que entender que los ciudadanos no salen a la calle a enfrentarse con la Policía si no tienen una buena razón. Un requisito para la movilización es que la gente perciba que el proyecto los afectará de forma negativa, al punto de estar dispuestos a exponerse físicamente para evitar que este se desarrolle. No bastan “dirigentes radicales” o apoyo político externo; si ese fuera el caso, no habría proyectos mineros en el Perú.  Tercero, cuando un proyecto alcanza un punto álgido de violencia, se vuelve inviable. No es posible imponer un proyecto extractivo por la fuerza, a no ser que haya disposición a financiar permanentemente una operación armada que traerá muerte y problemas legales de todo nivel.


Tía María es expresión de lo poco que hemos aprendido. Luego de que un primer EIA fuera desestimado ante la presión de la movilización, se pretende imponer un nuevo EIA, que más allá de ser bueno o malo, no tiene legitimidad. Los promotores del proyecto han acuñado el término “terrorismo antiminero” para referirse a los manifestantes, término repetido incluso por congresistas. Más aún, parecen creer que basta con demostrar que hay dirigentes corruptos entre los opositores del proyecto para deslegitimar el conjunto de una propuesta que ya lleva más de 40 días y que en el 2011 logró detener el mismo proyecto. Y para rematar, luego de la muerte de cuatro civiles y un policía en el último mes, el gobierno ha militarizado la zona, no se entiende bien con qué objetivo.


Tía María no solo es el principal problema que enfrenta hoy el gobierno, sino el síntoma del agotamiento del modelo de imposición de grandes proyectos extractivos en el Perú. Este tocó fondo con Bagua y Conga, y se insiste en el error con Tía María, una repetición de la historia con tragedia, comedia y farsa incluidas. La llegada de Humala al poder en el 2011 es, en parte, producto del agotamiento de ese modelo. El gobierno ahora intenta imponer, con bastante torpeza, todo aquello que criticó  a los gobiernos anteriores, y se da el lujo (y este es el elemento cómico) de señalar como parte del problema, que los alcaldes del valle del Tambo llegaron a sus cargos con una agenda antiminera surgida de protestas anteriores.


Tía María no es viable y hay que aprender de las lecciones que nos deja. No es posible imponer proyectos extractivos en el Perú actual. Tecnicismos legales o audios de corrupción no le dan legitimidad a un modelo que hace bastante se agotó. La elección del 2011 fue evidencia de esto. La elección de 2016 abre oportunidades para debatir en serio y construir acuerdos mínimos sobre qué tipo de minería queremos, porque lo actual, el business as usual, no da más.