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Una publicación de la asociación SER
Periodista y director de Derechos Humanos sin Frontera

Testimonio de Espinar

Jaime Cesar Borda Pari / Vicaria de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani

Hace 10 años aproximadamente opté por una forma de vida, a nivel personal y profesional, dedicada a la defensa y exigencia de los derechos humanos. Mi experiencia se inicia en el Sur Andino peruano, quizá algunos recuerden todavía a la Iglesia del Sur Andino, una Iglesia progresista que anunciaba y denunciaba las situaciones de injusticia que viven nuestros hermanos del campo. La situación de abusos en contra de las poblaciones campesinas realmente ha cambiado muy poco en las últimas décadas, en esencia son los mismos comuneros y comuneras que en la época de la violencia política fueron reprimidos por Sendero Luminoso y los agentes del Estado, mientras que hoy lo son por las empresas multinacionales en complicidad con los gobiernos de turno que actúan defendiendo solamente los intereses de aquellas.

Es así que cuando empecé acompañar en el proceso de información y acompañamiento a los líderes y dirigentes sociales de las organizaciones campesinas  en sus derechos, siempre creí que estábamos haciendo lo correcto.

Lo que nos ha sucedido en la provincia de Espinar, definitivamente parece la historia del mundo al revés, que pone en cuestión todo lo que propugnamos desde la Vicaria de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani. Es decir, me sugiere que la defensa y promoción de los derechos humanos resulta algo malo para los grupos de poder económico, político y mediático en nuestro país, quienes comparan la defensa de los derechos con atentar contra el desarrollo del Perú.    

¿Qué sucedió en Espinar?

Desde la Vicaria de Solidaridad de Sicuani siempre hemos intentado mediar en los conflictos que se presentan en la zona y sobre todo en las provincias altas del Cusco, donde en los últimos años se han concentrado por la presencia de actividades mineras e inclusive de construcción de represas y centrales hidro energéticas. Nuestro llamado por el diálogo, la paz y la no violencia ha sido reiteradamente difundido a través de  pronunciamientos y comunicados desde la Prelatura de Sicuani.

A partir de nuestra intervención en los conflictos minero ambientales y en particular en la provincia de Espinar, hemos reportado y alertado en su momento, ya sea a representantes del gobierno central e inclusive de la empresa minera Xstrata Tintaya sobre la amenaza de estallidos de violencia, así como también siempre hemos presentado públicamente las preocupaciones de las poblaciones rurales, reclamando soluciones reales en favor de los derechos de las comunidades y el desarrollo sostenible en la zona, frente a las problemáticas relacionadas a la actividad minera. Por lo tanto, salvo si la defensa de la democracia y los derechos humanos se han vuelto un delito, de ninguna manera se nos puede acusar de violentistas, extremistas o de estar parcializados.

Sobre los hechos que se sucedieron el día lunes 28 de mayo en Espinar, no puedo dejar de señalar que fue una experiencia muy amarga, humillante y por demás violenta y salvaje, que marca mi vida de forma inesperada e injusta. Al enterarnos de la situación de enfrentamientos que se había producido entre pobladores de Espinar y los efectivos policiales nos dirigimos con un equipo de la Vicaria de Sicuani, encabezado por mi persona e integrado por dos abogados y el conductor de nuestra camioneta (1) a Espinar. Salimos aproximadamente a las 5 de la tarde de Sicuani, para llegar a las 6 y 50 de la noche.  De inmediato fuimos al ovalo del mercado central de Espinar, ya que nos habían informado que se encontraba retenido el Fiscal provincial de Espinar, el señor Héctor Herrera, por pobladores y algunos dirigentes. Ellos se encontraban bastante mortificados por la intervención policial; se alegaba que habían muertos, heridos y detenidos en el campamento minero de Xstrata Tintaya.

Al divisar nuestra presencia uno de los dirigentes que se encontraba protegiendo al Fiscal, el señor Sergio Huamani solicitó que la Vicaria de Sicuani constatara que no se la había hecho nada al Fiscal y que conjuntamente con ellos fuéramos al campamiento minero de Xstrata Tintaya para ver la situación de los detenidos y heridos. Nosotros ayudamos al Fiscal y al dirigente a salir de ese momento complicado e inmediatamente comprometimos el uso de la camioneta de la Vicaria de Sicuani para el traslado  del Fiscal, el dirigente y los integrantes de la Vicaria de Sicuani. Tras haber explicado a la población que íbamos a verificar la situación de los detenidos, nos dirigimos al campamento minero de Xstrata Tintaya, donde llegamos a las 8 y 30 de la noche aproximadamente. Solo pudieron ingresar el Fiscal y los dos abogados de la Vicaria de Sicuani, pues no se permitía el ingreso de nadie más.

En consecuencia tres personas nos quedamos esperando en la camioneta, el conductor Romualdo Ttito Pinto de la Vicaria, el dirigente Sergio Huamani del FUDIE y mi persona en la garita de control de Xstrata Tintaya. Pasaron unos 20 minutos cuando dos camionetas de manera rápida se estacionan frente a nosotros impidiendo la salida de nuestro vehículo. En seguido bajaron alrededor de 30 policías, que apuntaron sus armas de fuego contra nosotros, gritando insultos y obligándonos a bajar de la camioneta. Sin habernos dado explicación alguna comenzaron a golpearnos violentamente, utilizando para ello las armas que tenían, antes de meternos en una de las camionetas que nos trasladó al interior del  campamento minero.

Una vez dentro nos filman, nos toman fotos, nos insultan y nos siguen golpeando sin decirnos los motivos de nuestra detención. Solo alguno de ellos manifestaba que estábamos en estado de emergencia, como si esto justificará los maltratos físicos y psicológicos que nos impusieron. Luego nos ponen contra la pared, donde nos quedamos esperando casi una hora, hasta que nos obligan a pasar por tópico para decirnos de manera burlona en los lugares que teníamos golpes o contusiones.

Después de esto reclamamos la presencia del Fiscal, para poder explicar la razón por la que estábamos afuera, pero no se nos hizo caso. Posteriormente nos trasladaron a la comisaria que está dentro del campamento minero, juntándonos con varios pobladores ya detenidos (21 personas, un niño y tres mujeres). Luego se obliga al conductor de la camioneta a ir con ellos para hacer la requisa y la incautación del vehículo de la Vicaria de Sicuani. Sorpresivamente, se le informa a Romualdo Ttito que al interior de la camioneta se encontraron 10 balas de armas de fuego y dos spray, exigiendole que firme el acta de incautación. Obviamente, él se niega a firmar, pues esos materiales no eran de propiedad nuestra, por lo cual sospechamos que en el tiempo en que estuvo libre la camioneta seguramente los policías los habían colocado. Nosotros negamos en todo momento la presencia de esos materiales, ya que el uso de la violencia va en contra de nuestro trabajo, nuestra misión institucional apuesta por la paz y la no violencia.

Luego, los abogados de la Vicaria que se encontraban dentro hicieron de abogados de todos los detenidos. Si no hubiera sido por ellos probablemente la situación hubiera sido mucho más complicada. Ellos ayudaron a comunicar al exterior de lo que estaba pasando al interior del campamento minero, pese a sufrir maltratos verbales por los efectivos policiales. Al día siguiente  llegaron los fiscales de Cusco que tomaron nuestra declaración. En la tarde otra vez sin comunicación o notificación alguna, siete personas fuimos trasladados enmarrocados (2) en una combi a Cusco, pasando antes por la comisaria de Sicuani, la carceleta del Poder Judicial del Cusco, hasta ser conducidos a las instalaciones de la DIVINCRI en Cusco, donde permanecimos hasta el momento de nuestra liberación. En todo ese tiempo nunca hubo comunicación de nadie para decirnos los motivos de nuestra detención.

Nos acusaban de secuestro, disturbios, daño agravado y atentado contra los medios de transporte colectivo o comunicación. Contrario a estas falsas acusaciones, hemos sido nosotros los que ayudamos al Fiscal a ser liberado. Esto es una muestra de la forma como se coluden los diferentes sectores del gobierno para acusar de cualquier forma con artimañas y mentiras de los hechos que sucedieron en Espinar – Cusco.

Considero de suma preocupación que quince años luego del final de la guerra interna, y once años después de la caída de la dictadura fujimorista, los policías involucrados parecen sentirse legitimados para actuar al margen del estado de derecho, sembrando evidencias incriminatorias, y aplicando distintas formas de maltrato físico y psicológico. De otro lado, preocupa enormemente que la criminalización de la protesta, con la cual Ollanta Humala prometía terminar en su campaña electoral, parezca estar endureciéndose en el actual gobierno.

La situación de los defensores de derechos humanos

Después de la detención arbitraria de Oscar Mollohuanca Alcalde de Espinar la situación se tornó  tensa en dicha provincia, pues la mayoría de medios nacionales, ya sea prensa escrita, televisiva y radial lo acusan de ser el principal promotor e instigador de las movilizaciones. Además se ha señalado que las denuncias de contaminación son totalmente falsas y que no existen pruebas para cuestionar a la empresa minera Xstrata en Espinar. Pero contrario a ello en Cusco, Ica, y otras regiones e inclusive a nivel internacional se han  producido vigilias, marchas, movilizaciones, cartas pronunciamientos en favor de los heridos, los detenidos, los fallecidos y por la liberación de Oscar Mollohuanca, cosa que finalmente ocurrió.

De otro lado me atrevo afirmar que en este momento no hay garantías para los defensores de derechos humanos, ya que incluso nosotros somos acusados de violentistas e instigadores de las movilizaciones. Un poblador en medio del enfrentamiento señaló lo siguiente: “¿Por qué nos haces esto Señor Presidente Humala, porque nos has traicionado, porque nos matas?...” Lamentablemente debo decir que temo que esto podría ser el inicio, de lo que el analista político Santiago Pedraglio a propósito de Espinar llamó, un gobierno minero – militar.

Pese a todo lo vivido en estos días, y la amarga situación que nos tocó vivir a nosotros y a los demás detenidos, me afirmo en el trabajo que hacemos desde la Vicaria de Solidaridad de Sicuani, no es posible pensar en el desarrollo del país si éste no va de la mano con el respeto de los derechos de todos los peruanos, pero sobre todo de aquellos sectores que históricamente han sido excluidos y ninguneados, es decir nuestros hermanos del campo.

Algunas conclusiones

Quisiera señalar tres elementos que se deben tomar en cuenta sobre los hechos sucedidos en Espinar, Cusco - Perú:

La relativización de los derechos humanos, la forma como intervienen los efectivos policiales al momento de utilizar las bombas lacrimógenas y sus armas de fuego en la población, recurriendo a la agresión directa, estas acciones se legitiman, a veces, con el respaldo político.

Un segundo aspecto tiene que ver con la empresa minera Xstrata Tintaya y el Gobierno Central, la presencia de una comisaria y de efectivos policiales al interior del campamento minero, la facilitación logística para la manutención de los efectivos policiales y posibles pagos a los mismos por los días que se quedaron en propiedad de la empresa, ¿hay o no  relación minero – militar entre Xstrata Tintaya y el Gobierno de turno?

Y finalmente los instrumentos de gestión ambiental con los que cuenta el Estado para revisar y/o monitorear los posibles niveles de contaminación de la zona por la actividad minera no se cuestionan, pasa a un segundo plano las denuncias por contaminación y los pedidos de información sobre la situación actual de los ríos Salado y Kañipia en Espinar. El mensaje final de Xstrata y el Gobierno es que la empresa no contamina ni contaminara nunca.       

Actualmente se ha iniciado un proceso de diálogo en Espinar, para algunos es un diálogo condicionado, pues las denuncias contras los dirigentes y el alcalde continúan, tampoco se ha iniciado investigación sobre la situación de los heridos y fallecidos de aquel trágico lunes 28 de mayo. Esperemos que la calma vuelva a Espinar y que el Estado atienda de manera sincera las demandas de la provincia cusqueña de Espinar.

Notas


(1)    Los trabajadores de la Vicaria que viajamos a la zona son: Jaime Borda, Wilmer Quiroz Calli, Maritza Quispe y Romualdo Ttito Pinto.
(2)    Dos trabajadores de la Vicaria de Sicuani, tres jóvenes de serenazgo del Municipio de Espinar, el dirigente Sergio Huamani y Herber Huamani de la FUDIE.