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Una publicación de la asociación SER

¿“Terrorismo antiminero”?

En estos días se vive nuevamente un escenario polarizado en el país, a propósito de los enfrentamientos por el proyecto minero Tía María. Los opositores han sido acusados de “terroristas antimineros”, que dedican sus esfuerzos a obstaculizar el desarrollo del país. Este discurso, empleado cada vez con mayor radicalidad por los partidarios de la inversión en industrias extractivas, es absolutamente simplificador de la problemática existente, y lo es porque, como intención subalterna, oculta la verdadera motivación: presionar todo lo posible al Estado para maximizar ganancias privadas.

Porque de eso se trata. Empieza mal una discusión cuando una empresa justifica un proyecto argumentando que su presencia favorecerá el desarrollo de una región o del país. No dudo que la actividad empresarial juega un rol en este campo, pero la finalidad primera de una inversión es el lucro y no el desarrollo. Sin ganancias, no hay discurso ni discusión posible sobre el desarrollo. Y por ello, las empresas apelan a todas las formas posibles para hacer rentable su inversión (incurriendo a veces en prácticas ilegales).

El lucro, desde luego, es lícito y está amparado por la Constitución. Aún más, las políticas públicas pueden favorecer la inversión privada en términos generales o en campos específicos de interés para el país, siempre con regulaciones establecidas en la ley.

Las industrias extractivas, sin embargo, tienen una característica particular: Esperan obtener ganancias a partir del aprovechamiento de recursos que pertenecen al Estado. Es decir, un privado obtendrá beneficios a partir de recursos que pertenecen a todos los ciudadanos y ciudadanas de un país. Es por esta razón que resulta totalmente lógico que un Estado, en nombre de sus habitantes, establezca reglas específicas para dicho aprovechamiento.

Las reglas que suelen definirse no tienen nada de irracionales: (i) ordenamiento territorial, que establece dónde se pueden realizar actividades extractivas y dónde no; (ii) canon, que no es otra cosa que el impuesto a la renta que pagan todas las empresas y también todos los ciudadanos, y otras contribuciones fiscales; (iii) licencia social, es decir el consentimiento de las poblaciones que habitan en las zonas afectadas (José de Echave recordó recientemente que esta regulación surgió del propio mundo empresarial), donde a menudo se negocian aportes puntuales al desarrollo de la región que cobija el proyecto; (iv) estándares ambientales para gestionar los impactos del proyecto sobre el entorno natural.

¿Cuál es el problema entonces? Las empresas extractivas en el Perú han tenido éxito en mantener unas reglas débiles que les han permitido obtener importantes ganancias, y con cada nuevo proyecto, vuelven a la carga: Mínimo ordenamiento territorial, cuestionamiento a cualquier carga impositiva, intentos de eliminar la “tramitología”, que es como denominan a la licencia social y al cumplimiento de regulaciones ambientales, descalificación y un llamado a la represión de cualquier oposición política o social. Estas exigencias no se realizan para favorecer el desarrollo del país, sino porque permiten maximizar las ganancias de la empresa. Con menos reglas, y mientras más débiles sean estas, mayor rentabilidad para la inversión. Así de sencillo.

Pero el problema mayor, desde mi punto de vista, es que el Estado actúe en complicidad activa con una lógica de ganancia privada, en vez de preocuparse por lo que le toca: Lo público, lo social, lo ambiental. El discurso estatal en las últimas dos décadas –sin importar el gobierno de turno– alaba los recursos de la inversión privada porque permiten financiar los servicios y la  infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Es decir, el Estado ha reducido la idea de desarrollo al mero cobro del canon.

Como mencioné en un artículo anterior, resulta irracional que los sucesivos conflictos en torno a las actividades extractivas en el país no hayan generado un replanteamiento de la política pública respectiva, lo que implica una revisión y fortalecimiento de las regulaciones antes mencionadas. Mientras no se lleven a cabo estas tareas, estamos condenados a un círculo vicioso que solo traerá nuevas polarizaciones y muertes que lamentar.

@RivasJairo