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Una publicación de la asociación SER
Abogado y especialista en gestión municipal

Sobre la remuneración de los alcaldes

En estos días, la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE, liderada por su recientemente electo presidente, Oscar Benavides, alcalde del distrito de Ate en Lima Metropolitana, viene planteando derogar las normas que regulan las remuneraciones de los alcaldes. Como se sabe, la Ley Orgánica de Municipalidades 27972, en el segundo párrafo de su artículo 21, dispone que los sueldos se fijan discrecionalmente y en función a la disponibilidad de los recursos. No obstante, el año 2007, durante el gobierno de García, se dictó el Decreto Supremo N° 025-2007-PCM, por medio del cual fueron aprobadas medidas sobre los ingresos por todo concepto de los alcaldes, y quedaron establecidos topes según población. Ello repercute, además, en el monto de las dietas de los regidores[1] y en las remuneraciones de sus funcionarios, en tanto estos no pueden percibir sueldos mayores que los del titular del pliego, el alcalde.

Más allá del debate sobre la aparente contradicción entre ambas normas, que además ya se produjo en el año 2007, cabe resaltar, una vez más, la distancia que existe entre las normas y la realidad. En este caso, el Decreto Supremo 025-2007-PCM  carece de una visión realista de lo que acontece en las 1851 municipalidades existentes en nuestro territorio. Su aprobación se dio en un contexto en el que la opinión pública demandaba austeridad en el sector público y esa fue una de las medidas adoptadas por el gobierno aprista de aquel entonces.

Cabe resaltar, sin embargo, que ya en ese año 2007, se venían dando cambios notables en la situación económica de las municipalidades, debido al incremento progresivo de sus recursos, principalmente por las transferencias por canon en cientos de comunas. Cuando, en el año 2002, se aprobó la Ley Orgánica de Municipalidades 27972, el porcentaje de presupuesto que gestionaban las municipalidades bordeaba el 3-4%, cantidad que se ha ido incrementando, hasta bordear, en años anteriores, el 16%. De hecho, el año 2007 dicho porcentaje ya estaba en el 14%, aunque en lo que va del presente año, por distintos factores, se encuentra en 12%[2]. Más allá de las últimas variaciones, es un hecho que hoy las municipalidades gestionan por lo menos tres veces más presupuesto que hace 15 años y tienen una mayor presión por  gestionar adecuadamente sus recursos. Sin embargo, con la aprobación del Decreto Supremo 025-2007-PCM, el gobierno de aquel entonces no se percató o no quiso ver los cambios que se venían produciendo, y estancó y/o redujo las remuneraciones de las autoridades locales.

Pero, más que lo anterior, llama la atención la miopía de la norma en mención, que no valora  la enorme diversidad de municipalidades existente en el país, y permite, por ejemplo,  que en municipios que administran grandes recursos, pero tienen escasa población, los alcaldes no puedan percibir más de 2,600 Nuevos Soles al mes como remuneración neta, y que los regidores reciban dietas mensuales de 780 Nuevos Soles, sin derecho a viáticos, para ejercer sus labores de fiscalización dentro de la jurisdicción. Si a ello se suma la restricción que impide a los funcionarios percibir una remuneración superior a la del alcalde, podemos encontrarnos con un desincentivo generalizado que afecta la calidad de la gestión. En dicha situación se encuentran 1328 autoridades municipales, que representan el 72% del total. Entre ellos, solo 357 pueden llegar a dicho tope, mientras que los restantes 971 no lo alcanzan, con sus remuneraciones de entre mil y 2340 Nuevos Soles. Si se observan las convocatorias de puestos laborales de entidades públicas en los respectivos portales institucionales, se podrá ver, por ejemplo, que la Defensoría del Pueblo ofrece una remuneración de 2050 Nuevos Soles para el cargo de chofer de sus oficinas de Apurímac o San Martín, o que la oferta de remuneración para un oficinista I en el ministerio de Cultura es de 2,600 Nuevos Soles, o que para el cargo de Secretaria II, en alguna dependencia del ministerio de Economía es de tres mil Nuevos Soles. ¿Por qué tanta disparidad, si el nivel de responsabilidad es muy diferente en ambos casos? ¿Por qué unos manejan más recursos que otros?

De acuerdo con el Mapa de la Pobreza elaborado por el INEI en el año 2009, el distrito de Echarati, ubicando en La Convención, Cusco, alberga, dentro de su población, a un 48.1% en condición de pobre y pobre extremo. En San Juan de Lurigancho, en Lima, un 27% se encuentra en idéntica situación. Mientras que en Echarati, la municipalidad cuenta con un presupuesto, para el presente ejercicio fiscal,  de 468 millones de Nuevos Soles, que dividido entre sus 45,576 habitantes, representa una distribución gruesa per cápita de 10,280 Nuevos Soles, en San Juan de Lurigancho, el presupuesto para el presente año es de  134´313,026 Nuevos Soles, cifra que repartida entre sus 962,554 habitantes, destina 139.5 Nuevos Soles per cápita. Es decir, en Echarati, se cuenta con un presupuesto 74 veces más alto por habitante que en el distrito más poblado del Perú, pero, su alcalde no puede percibir más de 4,550 Nuevos Soles, mientras que en San Juan de Lurigancho, el alcalde podrá percibir hasta  11,050 Nuevos Soles por mes, poco más del doble. En el primer caso, se cuenta con un altísimo presupuesto, que obliga a contar con personal altamente competitivo, pero en el segundo, si bien no se cuenta con un elevado presupuesto per cápita, el volumen de población a atender no solo demanda una buena remuneración, sino también un mayor número de funcionarios altamente capacitados. No obstante, en el primer caso, los topes existentes limitan la posibilidad de contratar este tipo de personal, mientras que en el segundo, si bien los topes de remuneración son más elevados, resultan igualmente complicados, pues lo reducido del presupuesto hace probable que no se pueda contratar al número de funcionarios suficiente para atender al conjunto de las población y sus necesidades.

Hace bien AMPE en plantear el debate, aunque no debe centrarlo únicamente en las remuneraciones de los alcaldes, sino ir más allá, incluyendo la situación de los regidores y también la de los funcionarios municipales. No se trata de plantear únicamente el retorno a la discrecionalidad irrestricta del artículo 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades, sino de contar con un marco normativo que permita, tanto a autoridades locales como a sus funcionarios  -de todas las municipalidades del Perú-,  una remuneración y/o dietas adecuadas a sus niveles de responsabilidad, sus recursos y a la población que deben atender.  

MP


[1]Las cuales no pueden ser mayores al 30% de la remuneración de los alcaldes.

[2]Las razones tienen que ver con la disminución de recaudaciones por el canon minero especialmente, y probablemente por tratarse de un año electoral. Este punto, además, trae a colación los asuntos pendientes de la descentralización, como el de la descentralización fiscal y , dentro de ello, la revisión del significado y las características del Fondo de Compensación Municipal – FONCOMUN.