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Una publicación de la asociación SER
Antropóloga. Doctora en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo.

Sinceremos el diálogo

Hace unas semanas asistí al Primer Foro del Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible 2018: “Los desafíos de la minería, el territorio y la gobernanza”. Era el Día Internacional del Medioambiente, una coincidencia afortunada a la que se hizo mención durante el evento.

Las intervenciones del panel y del público fueron interesantes, sin embargo, la presentación del Viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Miguel Incháustegui, llamó especialmente mi atención. El gran objetivo de la actual gestión, señaló, es hacer de la minería la palanca del desarrollo, un objetivo que para su sector descansa en cinco pilares. Curiosamente, empezó señalando el quinto y último: la articulación de desarrollo territorial, mientras que, en la diapositiva proyectada, se observaba como primer pilar: promoción de inversiones y operaciones. Siguiendo con la articulación territorial, reiteró la disposición de su sector para escuchar a las comunidades de las zonas de influencia minera y conversar con ellas sobre su desarrollo, para concertar y no imponer y para prevenir conflictos sociales.

Nos encontramos, de entrada, con una premisa de desarrollo previamente pensada y estructurada, pero con buenas intenciones, con “ganas de conversar”. No sé si con apertura suficiente para replantearse, de ser necesario, la proposición inicial de hacer de la minería el principal factor del desarrollo de las comunidades, esas con las que quiere conversar (aunque parezca redundante) sobre su desarrollo. En esta primera parte, hablando de intenciones de diálogo y concertación, no se mencionó la consulta previa. Sigamos.

El viceministro continuó con datos económicos de contribución, exportación y empleo de la minería metálica. Destacó aspectos de acercamiento a la sociedad civil, coordinación intersectorial y generación de clúster[1] minero siguiendo a Australia y Canadá. Ya en la parte final, habló de sostenibilidad ambiental y social, donde destacó el Fondo de Adelanto Social (FAS) como garantía de confianza y condiciones favorables a cualquier proyecto de inversión. Y recién aquí, habló de consulta previa o, más bien, de “optimización de la consulta previa”, como iniciativa articulada entre su sector y el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura (MINCUL), para estudiar cuándo es necesario consultar a las comunidades y proponer una ventanilla única de procedimiento de consulta previa para hacerla más efectiva. La remediación de pasivos ambientales como tarea pendiente, también fue mencionada casi al cierre.

Impresiona que la visión de inversión que impulsa este gobierno carezca de enfoques elementales de interculturalidad y de derechos, además, de una relación causa efecto en su planteamiento. ¿Cuál es el objetivo de “conversar” con las comunidades sobre sus diversas potencialidades de desarrollo, si éstas tienen que acomodarse a un solo tipo de inversión, ya diseñada y cuyo fin central no es el desarrollo sino la minería? ¿Cómo promover la minería como palanca del desarrollo con pasivos ambientales por remediar, con territorios concesionados sin conocimiento de sus habitantes, con vínculos sociales y culturales fragmentados, con comuneros y comuneras amenazados/as, denunciados/as y/o violentados/as por mostrar oposición? ¿Y el derecho de los pueblos indígenas y originarios a la propiedad ancestral de sus territorios; a la consulta previa, libre e informada; a la autonomía para conducir su bienestar y desarrollo de acuerdo a sus particulares necesidades, visión y cultura[2]?

El Perú es un país minero desde la época de los incas”, señaló el viceministro de Minas como quien quiere reforzar la idea de beneficio, de continuidad histórica o de ruta inamovible, como parece ser la minería en nuestro país. Por qué no se menciona con el mismo entusiasmo que Perú es un país agricultor, con evidentes capacidades e identidades construidas alrededor de esta ancestral actividad. Sospecho, porque impulsarla no ha sido una prioridad. En cualquier caso, ofrecer potenciar la agricultura u otras actividades, solo a partir de la presencia minera, puede ser (si no lo es ya) perverso y perjudicial para la vida (en su más amplia dimensión) de las comunidades, y para su relación con empresas y Estado. Puestos a levantar la bandera del diálogo en contextos de conflicto resulta, como mínimo, antiestratégico.

Referirse a la consulta previa como procedimiento que debe ser más efectivo y oportuno (¿para quién?), sin mencionar que, ante todo, la consulta es un derecho de las comunidades a las que el sector minero quiere acercarse; representa una importante y provocadora omisión, considerando la coyuntura de desconfianza crítica en la que nos encontramos. Los últimos gobiernos se han encargado de simplificar y flexibilizar al máximo los procedimientos de certificación ambiental, de otorgamiento de concesiones y licencias, de fiscalización ambiental y transparencia fiscal, por mencionar solo algunas de las acciones emprendidas en nombre de la promoción de la inversión nacional. Con mucho menos empeño se han implementado procesos de consulta previa (42 en total, 12 en minería[3]) desde que se aprobó la Ley 29785 de Consulta Previa (2011) y su Reglamento (2012); se han adecuado éstos a la realidad y características de los pueblos interesados; y se han cumplido los sendos compromisos del Estado y las empresas.

La palabra diálogo fue citada de manera reiterada, tanto en la facilitación como en las ponencias del foro. Es un término muy mentado en el ámbito económico extractivo, a saber si con una idea común y transparente de lo que es y de lo que con él se quiere obtener, pero sí con afán de transmitir un “tenemos voluntad de dialogar”. Pero, cuidado, proporcionar información abundante y convencida de antemano sobre los beneficios de la minería (o cualquier tipo de inversión), y ofrecer respaldo a proyectos comunitarios a cambio de su apremiante ejecución, no es dialogar.

El diálogo es un acto comunicativo que aspira al entendimiento y la comprensión de las partes, alrededor del asunto de interés que les convoca. El diálogo requiere de manera imprescindible de la escucha, una escucha empática y horizontal, y del reconocimiento del otro o la otra en todas sus dimensiones. Esto hace que tanto diálogo como escucha sean parte de un proceso activo que trascienda a la mera comunicación de un solo mensaje o de una sola voz, propiciando y haciendo posible la réplica y, con ella, la creatividad, la propuesta o contrapropuesta, la reafirmación o la toma de otra dirección.

Tengo la misma sensación respecto al uso (y abuso), en el sector estatal y empresarial minero, de la referencia a los conflictos o, más bien, a la resolución de conflictos. La Defensoría del Pueblo[4] reporta que el 64.6% de los conflictos sociales giran en torno a territorios, recursos naturales y demandas de la población en zonas de interés extractivo, y de ellos, el 65.6% surgen alrededor de la actividad minera. Tiene sentido, entonces, que se apresuren estrategias de diálogo y resolución de conflictos. Sin embargo, por las intervenciones de representantes campesinos en este foro, existe un importante margen de desconfianza en dichos procesos porque, aun cuando cuenten con representación del Estado, perciben un objetivo: convencer, más que conocer a fondo sus necesidades, demandas y propuestas.

Esta suspicacia no es gratuita, se sostiene en hechos concretos de afectación, en discursos y actos violentos contra quienes se resisten al extractivismo minero, inconsulto e impuesto, como única palanca de desarrollo. Un dirigente defensor del Valle delTambo (Arequipa) recordó a la audiencia que, recientemente, un gerente de Southern vinculó la resistencia de la población del distrito Dean Valdivia al proyecto minero Tía María, con que en ese lugar nació el líder terrorista Abimael Guzmán, insinuando que se trata de algo genético.

Invocar al diálogo insultando a la población es absolutamente irresponsable. A todo esto ¿cómo interpretar el silencio del Estado frente a este tipo de actos? Si un gobierno deja que sus más preciados inversores insulten a la población de la que quieren extraer (literalmente) beneficios ¿no está siendo cómplice, responsable y merecedor de rechazo y desconfianza? Y éste es solo un ejemplo, porque la lista de calificativos y estrategias de criminalización es larga. Desde esta perspectiva también el conflicto es criminalizado, pues lo que inicia como un desacuerdo u oposición de intereses, absolutamente natural de la vida en sociedad, acaba convirtiéndose en una supuesta lógica siniestra y radical de impedir el desarrollo nacional; un supuesto absolutamente contradictorio a la demanda de las comunidades que es, precisamente, el desarrollo, pero en un marco de transparencia y protección de sus derechos.

Una campesina y defensora de Apurímac expresó su abierto rechazo al proyecto minero las Bambas y pidió al viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, también presente en el panel del foro, que desactive el Estado de Emergencia prolongado en esta zona, por ser un contexto propicio para que sean denunciados y detenidos por ejercer su derecho a reunirse y a protestar pacíficamente contra el incumplimiento de acuerdos. Un ejemplo claro de minería irresponsable y de un Estado que no protege a su población de los impactos negativos de dicha inversión.

Creo que cualquier espacio o esfuerzo bienintencionado, transparente y horizontal de diálogo, es loable y digno de ser promovido. Sin embargo, como señaló el viceministro Molina en su ponencia, las necesidades humanas en las zonas mineras recaen en personas de carne y hueso. Por lo tanto, garantizar salud, educación, trabajo, justicia y respeto a la identidad cultural, no puede darse a cambio de o a cualquier costo, pues se trata de derechos fundamentales.

Si los impactos negativos de las inversiones siguen sin ser reconocidos ni remediados por las empresas responsables y el Estado, cuyo rol es regularlas, fiscalizarlas y/o sancionarlas; tengan por seguro que seguirán restando condiciones para un verdadero acercamiento con las comunidades. Si con la misma actitud, financian convocatorias o dádivas, bajo el disfraz de organizaciones especializadas en diálogo, resolución de conflictos y desarrollo; sin transparentar el origen de los fondos ni los medios dispuestos a emplearse para obtener la tan ansiada licencia social, por mal camino vamos. Sin ir tan lejos, hasta los conflictos internos en comunidades de influencia minera son aprovechados convenientemente, esto lo saben bien algunas empresas e instancias del propio gobierno, y todo en nombre del “dialogo”, por supuesto.

Para quienes nos interesa el estudio de los conflictos y la construcción de experiencias auténticas y transformadoras al abordarlos, es sumamente importante examinar los aspectos que subyacen al interés coyuntural por el diálogo y la resolución de conflictos; no porque este no sea legítimo o no deba existir, sino porque, vaya ser, que acabemos haciendo del diálogo un instrumento para convencer y no para reconocer a los otros y otras, e incrementando la desigualdad en relación a la voz y los derechos de los pueblos indígenas y originarios.

Como parte de mi intervención en el foro, creí conveniente recordar públicamente que se conmemoraban (también) 9 años del Baguazo, el fatídico desenlace de un conflicto prolongado que se inició con el justo reclamo del pueblo indígena awajún, frente a normas que les restaban derechos sobre sus territorios. Hoy en día, ninguno de los responsables políticos ha sido sancionado. ¿Hubo diálogo? Claro, después de la violencia. Hasta se derogaron las normas cuestionadas.

Desde entonces ¿Nos hemos replanteado el diálogo y las condiciones para llevarlo a cabo? ¿Qué significa hacer “más efectiva” la consulta previa? ¿Implica mejorar las condiciones en que ésta se viene implementando, incluir la autorización de concesión, o por lo menos la decisión de las comunidades sobre los usos de su territorio? El 14%[5] del territorio peruano está concesionado a la minería y tenemos solo una Montaña de 7 colores[6] para llamar la atención sobre esto. El 35%[7] de tierras de comunidades campesinas se encuentra en la misma situación, concesionadas. Mientras la voluntad de diálogo no sea parte de una visión inclusiva y transformadora de la realidad y de las verdaderas causas de los conflictos, seguiremos agotando condiciones para la construcción de paces territoriales. Que los espacios como éste sean una invitación a evaluar honesta y críticamente, si las estrategias y mecanismos con que promovemos el diálogo y el desarrollo, responden a un marco democrático y de vigencia plena de los derechos fundamentales de todas y todos, especialmente, de los pueblos indígenas y originarios. Es preciso. Sinceremos el diálogo.

 

[1]                      Concentración geográfica de empresas de similar actividad que busca la articulación de esfuerzos (Estado-Academia-Empresa privada) para incrementar productividad y competitividad de todos los actores. Consulta: 13/06/2019. Disponible en: http://www.rumbominero.com/revista/cluster-minero-potencial-motor-de-crecimiento-y-desarrollo/

[2]                      Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.

[3]                      CAAAP (2017): ¿Cómo va la aplicación de la consulta previa centro amazónico de antropología y aplicación práctica en el Perú?: Avances y retos 2017. Consulta: 19/06/2018. Disponible en: http://www.caaap.org.pe/2017/documentos/ConsultaPrevia_CAAAP_2daEd_2017.pdf

[4]                      Defensoría del Pueblo. Reporte de conflictos sociales Nº 171. Mayo 2018. Consulta: 19/06/2018. Disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2018/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N%C2%B0-171---Mayo-2018.pdf

[5]                      Mapa interactivo sobre concesiones mineras en el Perú http://cooperaccion.org.pe/cooperaccion-presenta-nuevas-herramientas-para-analizar-concesiones-mineras/

[6]                      Dionel Martínez. “Incoherencia del sistema de planificación territorial”. Artículo publicado el 18/06/2018. Consulta 19/06/2018. Disponible en: http://cooperaccion.org.pe/incoherencia-del-sistema-de-planificacion-territorial/

[7]                      Luis Hallazi. “Las mineras y las tierras”. Columna publicada en Diario Uno el 27/05/2018. Consulta 19/06/2018. Disponible en: http://diariouno.pe/columna/las-mineras-y-las-tierras/