Skip to main content
Una publicación de la asociación SER
Antropólogo con maestría en ciencia política.

Se impone la agenda de reparaciones de las víctimas

Hace poco más de un año, el 25 de junio de 2015 para ser exactos, en un evento convocado por la entonces congresista Marisol Pérez Tello, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos Gustavo Adrianzén formuló cuatro compromisos a las víctimas del período de violencia política.

Como lo relaté en su oportunidad (ver crónica de ese evento) los planteamientos del Ministro no eran novedosos: simplemente hizo suya una agenda formulada por las organizaciones de víctimas y por la que venían luchando mucho tiempo, recibiendo solo indiferencia por parte de las autoridades.

Las cuatro demandas que en ese evento se convirtieron en compromisos fueron las siguientes: (i) la posibilidad de ceder el derecho a la reparación en educación a un familiar; (ii) el pago de una indemnización por cada afectación sufrida; (iii) la reapertura del plazo para la identificación de beneficiarios de reparaciones económicas (usualmente mencionada como “reabrir el Registro Único de Víctimas - RUV”); y (iv) la promulgación de una ley de búsqueda de personas desaparecidas.

La gestión del Ministro Adrianzén acabó antes que pudiera cumplir su palabra. Sin embargo, en los quince meses que nos separan de aquel encuentro, las cuatro demandas se han convertido en decisiones estatales. Durante el gobierno de Humala se avanzó en la cesión del derecho a la reparación en educación y en la promulgación de la Ley de Búsqueda, mientras que los otros dos temas han sido asumidos como compromisos de la nueva titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Así, la cesión de derechos ya se encuentra funcionando desde hace algunos meses, para beneficio de decenas de hijos e hijas de víctimas de la violencia. Además, el pasado 26 de agosto, con ocasión de la conmemoración de un aniversario más de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), la Viceministra de Derechos Humanos Gisella Vignolo anunció que ya existía el acuerdo al interior del gobierno para efectuar el pago de indemnizaciones a víctimas que sufrieron más de una afectación. Días después fue publicado el Decreto Supremo N° 012-2016-JUS mediante el cual se formaliza la “reapertura” del RUV para beneficio de las víctimas de violación sexual y los familiares de personas muertas o desaparecidas que se inscribieron después del 1 de enero de 2012. Y, por último, se ha instalado el Grupo de Trabajo encargado de brindar asesoría para la implementación de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de cuyos avances se espera tener mayor información.

Todas estas decisiones son pasos correctos para avanzar en la agenda transicional sugerida por la CVR y demandada en todos estos años por las víctimas de la violencia. La persistencia de los familiares y de las organizaciones de derechos humanos que los acompañan ha logrado que el Estado haga suya la agenda planteada. Es a ellos a quien debe reconocérsele estos avances, más que a un Estado que da respuestas tardías a demandas justas. En todo caso, con las decisiones ya adoptadas, corresponde vigilar la correcta implementación de las mismas.