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Una publicación de la asociación SER

Repsol: Invertir sin saber gestionar

Hace unos pocos días, el gobierno peruano (en la persona del Presidente de la República) confirmó su interés en comprar la refinería La Pampilla y otros activos de la empresa española Repsol. Frente a esta decisión, muchos sectores del gobierno y de la sociedad civil han mostrado su desacuerdo y/o respaldo ante tal controversial interés. Sin embargo, no se han tomado en cuenta algunos criterios técnicos y económicos que deberían pesar más sobre el aspecto ideológico.

Sobre este último, resulta certero afirmar que el tema de la compra de los activos de Repsol se ha ideologizado demasiado. Diversos sectores han acusado al gobierno de intentar volver a una etapa de nacionalización de las actividades estratégicas, de volver a la “Gran Transformación”. Según este documento, se pretendía “recuperar nuestros recursos naturales (pues) su explotación, aprovechada generalmente por minorías económicas extranjeras, no (podía) continuar”. Además, se señalaba una fuerte crítica al modelo económico liberal extremo. Por ello, se planteaba que “el nacionalismo era una alternativa democrática a la actual modernización neoliberal excluyente y desnacionalizadora”. Por su lado, las críticas extremas al cambio de modelo económico (aunque fuera de lugar) también caían por su propio peso: un viraje al comunismo, al socialismo, y hasta un acercamiento al Chavismo (por el respaldo a la elección de Nicolás Maduro). En lo personal, me parece que este tema está en exceso ideologizado y se ha pecado de un exagerado extremismo.

Desde el lado económico, varios analistas han sugerido que la compra de Repsol no tiene ni pies ni cabeza. Primero, por la premura de la compra. ¿Por qué realizar tal adquisición e invertir alrededor de $2.000 millones cuando el Perú aún tiene problemas más urgentes que resolver, como la pobreza, la educación, la salud, la infraestructura y la inminente inseguridad ciudadana? Segundo, y tal vez más importante, por la capacidad gerencial del Estado peruano, representada en este caso por Petroperú. Algunos otros países como Brasil o Colombia se han podido dar el lujo de realizar medidas similares, pero lo hacen en virtud de poseer una capacidad de gestión adecuada (para el caso de Ecopetrol y Petrobras). Es ya conocido que, en el caso peruano, la gestión pública es deficiente, lenta, engorrosa y hasta corrupta, en muchos casos. Solo por poner un ejemplo, la utilidad neta de Petroperú ya había disminuido considerablemente para el año 2012 (en comparación al 2011). Se pasó de 533 a 64 millones de soles en tales años (1). Además, algunos han señalado que la estatal peruana no tiene una estrategia definida, que debería concentrarse en la modernización de Talara y del oleoducto norperuano (que representa un proyecto de $3.450 millones), y que no tiene la capacidad financiera para abrirse más frentes. Todo esto a partir de su desmembramiento durante el gobierno de Fujimori. ¿Por qué no empezar paso por paso? Digamos, si el interés nacional exige (y urge) la participación del Estado en los negocios de hidrocarburos, ¿por qué no reforzar la gestión pública en esta materia?

La participación del Estado en tal o cual actividad económica debe ser una decisión tomada en base a criterios técnicos y no ideológicos. Además, debe ser tomada con sumo cuidado, ya que lo racional indica que solamente se debería invertir -nuestro dinero- en aquello en lo que uno es competente, y además, en aquello en lo que más urge. Invertir sin saber gestionar es como lanzarse a una piscina sin saber nadar.

Nota
(1)    http://gestion.pe/empresas/utilidad-neta-petroperu-disminuyo-ano-pasado-2064696?hrefn=1685047
 

Nota del editor: Al cierre de edición, Petro-Perú informó que ha tomado la decisión de no comprar los activos de la empresa Repsol, luego de realizar una evaluación técnica.