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Una publicación de la asociación SER

Reparaciones: Tardías e Insuficientes

Si uno mira los titulares de los principales diarios del país y en regiones como Ayacucho, encuentra notas sobre corrupción, conflictos socioambientales, delincuencia, e “información” sobre personajes de la farándula. Poco o nada se encuentra sobre violación a los derechos humanos y menos sobre la situación en que se encuentran las reparaciones a las víctimas del conflicto armado interno (CAI) que vivió Perú entre 1980 y 2000. Aquí, un intento de compensar ese vacío.

En el 2004 fue creada la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) encargada de “la coordinación y el seguimiento de las acciones y políticas del Estado en los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional”, como una forma de aplicar una de las recomendaciones de la CVR. Esta instancia es también la responsable de coordinar y supervisar el Plan Integral de Reparaciones (PIR).

El Programa de Reparaciones Económicas se viene implementando desde el 2011, cuando el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto Supremo N°051-2011-PCM, estableció los montos a ser entregados a las víctimas y sus familiares. Debemos recordar que dicho programa está “dirigido individualmente a los familiares de las víctimas fallecidas o desparecidas; a las personas que como resultado de los atentados tienen una discapacidad física o mental permanente, parcial o total (reconocida por la Comisión Nacional de Discapacidad, CONADIS) y a aquellas que han sido víctimas de violación sexual”, pero si buscamos información actualizada en el portal de la CMAN, no encontramos cifras que nos muestren a cuántas personas se ha beneficiado con este programa y qué significa para ellas o para las familias de las víctimas la recepción del dinero.

Para tratar de responder a estas preguntas, el 2014, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Asociación Nacional de Centros solicitaron a la secretaría ejecutiva de la CMAN la base de datos sobre las reparaciones económicas, información que fue remitida entre julio del 2011 y setiembre del 2014 y sirvió para la elaboración del documento “Reporte de avance de reparaciones económicas[1]. Este hace revelaciones que desmitifican la idea que “las víctimas deben estar contentas con tanto dinero recibido” y que pasa por alto las secuelas psicológicas que dejaron en sus vidas, vivencias tan violentas, así como el hecho que la reparación constituye una obligación del Estado por los daños ocasionados durante el CAI, por las violaciones a sus derechos humanos y por la desprotección en la que se encontraron durante ese período.

El monto establecido para las reparaciones económicas es de diez mil Nuevos Soles por tipo de víctima. Sin embargo, como bien señala el Artículo 3, punto 3.2, “Cuando el cónyuge o concubino sobreviviente concurra con otros familiares de las víctimas desaparecidas o fallecidas, el 50% corresponderá al cónyuge o concubino y el otro 50% se distribuirá en partes iguales entre los familiares”. De acuerdo a la información obtenida de la CMAN, el Estado peruano ha entregado la suma de 230’279,141.27 Nuevos Soles a 72,446 víctimas, entre julio del 2011 y setiembre del 2014, tomando en cuenta solo una afectación por víctima y otorgando sólo aquella reparación que más beneficie a las víctimas y sus familiares.

El documento en referencia también señala que las víctimas directas, como aquellas que fueron violadas sexualmente o quedaron con alguna discapacidad, reciben el íntegro de los diez mil soles, y constituyen el 5% del total de beneficiarios. Menciona también que los familiares de víctimas fallecidas representan el 73,79% de beneficiarios, entre los que se encuentran esposa/conviviente (13,40%), hijo(a) (70,70%) y padre/madre (10,89%).

Entre los hijos(as) que han sido beneficiarios de este programa, tenemos que el 41,42% ha recibido mil Soles o menos, debido a que el 50% le corresponde a la esposa/conviviente y el otro 50% se distribuyen entre los hijos. Por otro lado, el 49,13% recibió entre mil o cinco mil Soles, y sólo el 2,67% ha recibido diez mil Soles.

Como bien señalan muchos de los familiares, sobre todo las mujeres, recibir una reparación económica no ha significado un cambio significativo en sus vidas. En la comunidad de Manzanayocc, en el distrito de Anco, provincia de Churcampa, en Huancavelica, vive Irinea. Ella está postrada debido a una artritis severa, y el poco dinero que recibió como reparación económica, distribuida entre ella, sus hermanos y su madre, por el asesinato de su padre a manos del Ejército, no le ha ayudado a cubrir los gastos de su enfermedad. Lo que es peor: Sigue teniendo pesadillas sobre la muerte de su padre y sin recibir una atención dentro del Programa de Salud Mental.

Las reparaciones económicas no revierten, pues, la precariedad en que quedaron muchas personas y refuerzan más bien la situación de abandono y discriminación de los más pobres del país, pues el registro de víctimas se cerró el 31 de diciembre del 2011 y dejó afuera a todas las víctimas que a partir del 1º de enero del 2012 se acreditaron ante el Consejo de Reparaciones. Por eso, la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) ha presentado una demanda al Poder Judicial.

No podemos negar que las reparaciones económicas se vienen implementando, al igual que las vinculadas a la educación, salud, restitución de la identidad, promoción, facilitación al acceso habitacional, y las reparaciones colectivas, aunque con muchas deficiencias y limitaciones que deben ser corregidas.

No podemos dejar de lado las reparaciones simbólicas y, entre ellas, la construcción del cerco perimétrico del santuario de la memoria La Hoyada. A pesar de sus reiterados ofrecimientos y de haber colocado la primera piedra, el gobierno regional, aún no concreta la obra, mientras el área se viene reduciendo por efecto de invasiones de pobladores que ni el gobierno local ni regional, ni la Policía Nacional son capaces de impedir.

Por más reparaciones económicas que reciban las personas, nada podrán remediar el hecho de no saber dónde están sus familiares desaparecidos. Por ello, urge también la implementación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la creación de espacios de reflexión sobre todo lo ocurrido, para que la impunidad no siga reinando en lo cotidiano.

 

 

[1]Documento interno del Grupo de Trabajo sobre Reparaciones y Memoria de la CNDDHH.