Skip to main content
Una publicación de la asociación SER
Economista. Egresado de la Maestría de Gerencia Social de la PUCP. Consultor y Especialista en Manejos y Gestión de Conflictos Socio-ambientales y Desarrollo Local

¿Qué es la licencia social?

“La licencia social” es un concepto que escuche por primera vez en una reunión donde se discutía la viabilidad social de un proyecto minero en Tambogrande en Piura. Debo confesar que antes, no había escuchado esta terminología, a pesar que trabajé en una ONG ambientalista –además de vivir en una ciudad impactada en su medio ambiente- que se la paso luchando por muchos años en contra de la contaminación de una empresa minera.

Este concepto – a pesar que no existe en la legislación minera- se ha venido posicionando, no solo en las comunidades con presencia minera, sino también en las propias empresas, y; sobre todo, en aquellos que se oponen al desarrollo de la actividad minera, que han sabido utilizarla muy bien como estrategia de comunicación con la población.

Sin embargo, hay que tener cuidado cuando utilizamos el término de “licencia social” para referirnos a la “aceptación que dan las comunidades de la zona de influencia directa de un proyecto minero” o cuando queremos confundirla con la ley o el reglamento de participación ciudadana en el sub sector minero como lo hacen los opositores a la minería para bloquear o evitar que la población participe en los talleres informativos u  otros mecanismos a los que tiene todo el derecho.

Si partimos de la premisa que la licencia social es la aceptación de un determinado proyecto minero, la pregunta del millón sería: ¿la venta de los terrenos superficiales que hacen las comunidades a la empresa minera para su explotación, no implica que están aceptando el proyecto minero? ¿Acaso, no sería la mejor forma de oponerse a un proyecto minero no vender los terrenos de las comunidades?

Por otro lado, confundir la “licencia social” con los mecanismos de participación ciudadana en el sub sector minero es un despropósito porque niega un derecho y espacio que tiene la población a participar y observar o cuestionar algún proyecto minero que pudiera afectar el medio ambiente de las comunidades.

El boicot a los talleres de presentación de los Estudios de Impacto Ambiental-EIA, tiene más efecto mediático que otra cosa, nunca ha tenido algún efecto real para bloquear el proceso de evaluación del EIA de algún proyecto. Es más, si la empresa minera no puede llevar a cabo la audiencia para la presentación del EIA en alguna de las zonas de influencia del proyecto tiene la prerrogativa de hacerlo en cualquier parte de la región donde está ubicado el proyecto o reemplazarlo por otro mecanismo que permita la ley, tales como la distribución de material informativo, la difusión de la información a través de facilitadores o medios de comunicación, etc.

La licencia social no es un certificado de buena conducta, ni un documento firmado por las autoridades o comunidades que la ley exige para poder iniciar un proyecto minero. Nada más falso que eso, miren al proyecto Tía María o Conga, que tuvieron licencias de construcción y no pueden operar. La “licencia social” es más bien, una suerte de acuerdo social sostenido con las comunidades que la minería necesita para poder operar con gobernabilidad y responsabilidad social y ambiental.