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Una publicación de la asociación SER

Puno: El éxito depende de los mineros

Finalizando el año 2014, la Central de Cooperativas Mineras San Antonio del Poto (CECOMSAP) logró concretar el ansiado proceso de formalización[1], convirtiéndose en uno de los más grandes grupos de mineros formalizados, en los ya tres años que tiene este proceso emprendido por el gobierno actual.

Los de la CECOMSAP, debo confesar, son mineros comprometidos con su actividad y con el objetivo de reducir los impactos que ella genera. Los conocí durante mis diversos viajes de capacitación a Puno, y en varias ocasiones tuve la oportunidad de absolver sus dudas y de apoyarlos en la medida de lo posible, en sus esfuerzos inconmensurables por volver a ser mineros legales.

La historia de ellos es de larga data: Se trata de trabajadores socios de 11 cooperativas mineras, agrupadas en una central; un modelo que tiene muchas ventajas para procesos complejos como el actual, y es pertinente recordar que antes de que el gobierno actual emitiera los diversos decretos legislativos vinculados a minería ilegal, los de la CECOMSAP eran mineros legales, pero, ante un cuestionamiento judicial de su estudio ambiental (Declaración de Impacto Ambiental) y la aparición de nuevas reglas, quedaron en una situación incierta, que en la práctica los dejó en la ilegalidad e informalidad. Ellos tuvieron que enfrentar solos esta situación y, sobre todo, reiteradas amenazas de interdicción, así como de destrucción de su capital y de maquinaria que, aun cuando se encontraba resguardada –se decía que por parte de las autoridades-, era susceptible de, efectivamente, ser destruida, pese a que, en realidad, se trataba de trabajadores que supuestamente estaban amparados por Ley, durante su proceso de formalización[2].

Si algo debemos reconocer a estos mineros, a quienes tanto costó su formalización, es que emprendieron un proceso serio, que requería un nuevo instrumento ambiental y, además, de un proceso de acompañamiento técnico legal que permitiera levantar observaciones a los estudios ambientales, de uso de agua, y exigencias adicionales no contempladas en el nuevo marco, pero perfectamente vigentes. Tal es el caso del Plan de Cierre de Minas y de las diversas nuevas exigencias establecidas en las más de 70 normas que hoy en día regulan la minería pequeña y artesanal, lo que resulta contradictorio en un régimen que se denomina “especial”.

La CECOMSAP ha funcionado, en parte, porque es un grupo, pero, sobre todo, porque sus integrantes han apostado por un acompañamiento serio con sus propios técnicos, y el Estado no ha cumplido más que un rol observador –y no promotor- de ese proceso, pues, en la práctica, los recursos económicos y técnicos del gobierno nacional  no fueron incrementados, como debió ser, para que fuera posible ir a la par de las normas. Así, la presión inicial de la posible interdicción los llevó a situaciones de permanente preocupación. Por tanto, el éxito se debe a los únicos actores de este proceso. Por eso, más que llevar a las autoridades a arrogarse este logro, este caso debería llevarlas a reflexionar sobre qué medidas deben emprender, más allá de solo dar políticas y normas que resultan inaplicables. Hoy en día, este éxito puede verse complementado con los pasos iniciados por la CECOMSAP para convertirse en exportadora directa de oro responsable a Suiza, una oportunidad que requiere aún de asistencia técnica y de procesos que están en construcción por ellos mismos.

La reciente designación del Dr. Fernández Jerí como Alto Comisionado de la Interdicción de la Minería Ilegal, Remediación Ambiental y Formalización Minera es una nueva oportunidad que tiene este gobierno para emprender y dar cimientos a acciones que, en definitiva, podrían tener logros concretos en el mediano o largo plazo, y que permitirían, a futuro, procesos serios de formalización y remediación ambiental, temas pendientes desde el 2011, año en el que empezó a emitir sus primeras normas.

Debemos entender que la formalización hoy resulta compleja por diversas normas, que son poco claras, complejas, e inaplicables, en algunos casos. Pero, sobre todo, porque no existe un verdadero interés más allá del discurso. En la realidad, emprender significa dotar de recursos y articular entre todos los niveles de gobierno, pero, sobre todo, empezar a cumplir los mandatos pendientes que el mismo Ejecutivo se autoimpuso.


[1]Mediante Resoluciones Directorales N° 336-337-338-2014-GRP-DREM-PUNO/D del 9 de diciembre del 2014.

[2]http://www.larepublica.pe/13-11-2013/destruyen-mas-de-50-campamentos-mineros-ilegales-en-puno