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Una publicación de la asociación SER
Abogada, secretaria ejecutiva adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Promesa olvidada, impunidad asegurada

Me llevaron al cuarto, me pusieron una inyección y me quede dormida. Cuando desperté, me estaban cociendo, me dolía mucho y me puse a gritar. El doctor no me hacía caso igual seguía cociendo sin reparar en mis gritos. Ya en la tarde del mismo día que me operaron me mandaron a mi casa y me tuve que ir por mi cuenta, antes de salir me hicieron firmar un papel. - Después que me operaron estuve con fiebre, porque tenía infección. Solamente me dieron “mejoral”. Más de un mes estuve en cama, sin fuerzas para reintegrarme a mis actividades diarias.[1]

Quienes insistimos en tener un poquito de memoria, recordamos que las esterilizaciones forzadas fueron un tema importante en la segunda vuelta de la campaña electoral de 2011. Las esterilizaciones fueron imprescindibles para definir el triunfo de Humala frente a Fujimori.

A principios de este mes el presidente Humala dijo que en su gobierno no hay esterilizaciones forzadas; sin embargo, olvida que va por la mitad de su cuarto año de gobierno y aún no ha hecho nada por reparar o conocer la verdad sobre las 270 mil mujeres esterilizadas en el gobierno fujimorista, muchas a la fuerza y otras sin requisitos necesarios como el consentimiento informado. La mayoría sin las condiciones mínimas de salubridad necesarias para que sus cuerpos fueran abiertos y sus entrañas manipuladas. A la fecha, casi ninguna de las mujeres tiene la información sobre lo que les hicieron.

La promesa de campaña del gobierno fue olvidada. Desde el inicio de este mandato, el discurso oficial ha sido que el caso está judicializado. Pero no se requiere de una sentencia del Poder Judicial que tardará años, para iniciar una política pública de reparaciones de las mujeres esterilizadas. Política, que pasa indispensablemente por un registro de cada una de las mujeres, y obligaría a que el Estado les diga qué les hicieron en sus cuerpos, que complicaciones se generaron por las operaciones, y que el Estado pida perdón, además de implementar los programas necesarios en salud o educación.

Este gobierno no tiene la terrible carga de las esterilizaciones forzadas, pero mientras mantenga una política de status quo, sin iniciar acciones para reconocer, frente a las mujeres, lo que el Estado hizo en sus cuerpos, y no les diga la verdad y les otorgue una reparación, seguirá avalando estas violaciones masivas. No reparar a las mujeres esterilizadas es continuar perpetrando el crimen.

Por si fuera poco, al uso electoral que Ollanta Humala hizo de las mujeres esterilizadas, se suma el olvido, no solo con relación a las reparaciones, sino también a la justicia.

Pero la cosa es más grave, ya que el 22 de enero de 2014 la investigación sobre el caso fue archivada por el fiscal Marco Guzmán Baca, medida que fue impugnada. Luego el expediente pasó al despacho de la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional, a cargo de la Luz del Carmen Ibáñez. Sin embargo, en una medida controvertida el entonces Fiscal de la Nación, el cuestionado Antonio Peláez Bardales (dos días antes de irse del cargo), derivó el caso al despacho de Luis Antonio Landa Burgos, quien al parecer lo mantiene paralizado -al igual que la investigación a Urresti por el asesinato de Hugo Bustíos-, ya que pasado un año después del escándalo del archivamiento, el caso sigue igual y no ha avanzado ni un ápice.

Así, mientras la investigación de la fiscalía es peligrosamente lenta, la justicia aún es inalcanzable para estas mujeres. Y mientras el gobierno se sigue tapando los oídos frente a las demandas de las mujeres y con relación a sus propias promesas electorales, parece que seguimos en la década de noventa.


[1]Testimonio de SHC mujer dela comunidad de Huayllacocha, Huarocondor, Anta, Cusco. http://www.mamfundacional.org/ef/Testimonios-Mujeres-de-Anta-AQV.pdf