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Una publicación de la asociación SER

“Para que no sigan pariendo”

El Estado peruano informó hace unos pocos días, en el marco de las audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanas, que la investigación de los casos de mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas ocurridas en el marco del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000) durante el gobierno de Alberto Fujimori, no estaba cerrado sino que, por el contrario, está siendo revisado en segunda instancia por una Fiscalía Superior.

Como se sabe, en enero del 2014 la 2ª Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima decidió archivar las acusaciones contra Alberto Fujimori y cuatro de sus ex ministros de salud por los casos de esterilizaciones forzadas, casos en los cuales la Defensoría del Pueblo del Perú y diversas ONG habían identificado una serie de irregularidades en la aplicación del Programa tales como el establecimiento de cuotas al personal de salud para la realización de las esterilizaciones, la  formulación de metas de cobertura exclusivamente sobre mujeres, el ofrecimiento de víveres y medicina para que las mujeres consintieran ser intervenidas, esterilizaciones realizadas en el marco de otras intervenciones como las cesáreas, la falta de atención previa y posteriormente a la cirugía, entre otras situaciones.

Pero, ¿quiénes son las víctimas? Mujeres campesinas en su mayoría, en situaciones de pobreza o extrema pobreza, muchas de las cuales no hablan castellano y no contaron con intérpretes adecuados para recibir la información del programa ni expresar un real consentimiento.

Desde el 2002, la Fiscalía había iniciado la investigación de estos hechos que –pese a los testimonios identificados- fue archivada en el 2009. Entre los casos archivados estaba el de Mamérita Mestanza Chávez, madre de siete hijos, quien falleció en 1998 a los 33 años, luego de ser engañada para someterse a la intervención. Para convencerla, el personal del Centro de Salud de su distrito le dijo que el gobierno había dado una ley por la cual la persona que tuviera más de cinco hijos debería pagar una multa y sería encarcelada.

Gracias al esfuerzo de las ONG que llevaron el caso ante la Comisión Interamericana, en el 2011 la Fiscalía reabrió la investigación por estos hechos, reconociéndose que las esterilizaciones forzadas son violaciones de derechos humanos. Y en el 2013, solo en la capital de la ciudad de Huancabamba, en el norte peruano, se recogió más de 200 firmas de mujeres que se declararon víctimas de las esterilizaciones forzadas.

Sin embargo, como ya lo mencionamos, en enero la 2ª Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima decidió –sin mayor fundamento- archivar el caso, consagrando una situación flagrante de discriminación y de impunidad, lo cual envía un mensaje grave a la sociedad: al perpetrador le dice que puede seguir adelante porque nada le pasará y a las mujeres las condena a vivir con la violencia como regla natural y no como una violación a sus derechos.

El título de este artículo fue tomado del testimonio de una víctima que narró cómo, al someterla a la esterilización, le dijeron que debía dar gracias al gobierno que había ordenado esa medida “para que no sigan pariendo”. ¡País extraño en el cual se organizan marchas por la maternidad y contra el aborto pero en el que las mujeres a las que se les negó el derecho a reproducirse siguen viviendo en la impunidad!

Por ello, es importante el anuncio hecho por el Estado peruano ante la Comisión Interamericana, porque es la única esperanza para que estas mujeres alcancen la justicia que les permita el reconocimiento de sus derechos y la recuperación de su dignidad.