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Una publicación de la asociación SER

Omonte, el iceberg de las concesiones mineras

En estas dos últimas semanas, la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, ha sido objeto de diversas notas periodísticas y opiniones de líderes políticos que opinaron sobre la compatibilidad o no de ser accionista de la empresa Cementos Amazónicos S.A.C. y el cargo de ministra, más aún cuando dicha empresa ganó una concesión en Tingo María, región Huánuco, e inició operaciones sin contar aún con la licencia correspondiente, motivo por el cual fue multada por la Dirección Regional de Energía y Minas.[1]

Me parece increíble toda la cobertura que se le está dando a este caso que, obviamente, tiene múltiples aristas por donde se lo mire. Pero lo que más me indigna no es cómo vaya a terminar la situación de Carmen Omonte, que finalmente seguirá la ruta que deba seguir, sino la situación de las miles de poblaciones en todo el país, que como en el caso de Tingo María, carecen de información sobre las concesiones mineras que han sido otorgadas sobre sus territorios y cómo la prensa no dice nada de nada.

Según Imgemmet, en el 2013 el Perú tuvo 19’308,000 hectáreas concesionadas a la minería, lo cual representa el 15% del territorio nacional [2] , porcentaje que se amplía en algunos territorios como Cajamarca con el 44%, Puno con 21.5% y Ayacucho con el 26,02%. Quisiera saber, ¿cuántas de las poblaciones cuyos territorios están concesionados saben de ello? ¿Cuántas de ellas fueron consultadas sobre el tipo de desarrollo que quieren para sus localidades o sobre la compatibilidad de realizar actividades mineras y agrícolas? ¿Cuántas de ellas participan en las mesas de negociación o son convocadas para informarles sobre los planes de expansión minera en su localidad? Estoy casi segura que muy pocas, por no decir ninguna, pese a que la presidenta del Consejo Directivo de Ingemmetseñalara, en un reciente evento en Canadá,que se encuentran desarrollando acciones de sensibilización“para tener informada a las poblaciones oportunamente”,[3]  lo cual significa que no hay que esperar a que surjan conflictos para recién informar a la población sobre concesiones, exploraciones ni mucho menos sobre explotaciones de los recursos naturales en sus territorios.

Al parecer, el Estado todavía no toma conciencia de la importancia de contar con una política clara de información sobre las concesiones mineras que reduciría grandemente la incertidumbre y el miedo a perder sus tierras de las poblaciones que se ven afectadas. Mientras esto no suceda, los conflictos vinculados a la minería o al manejo de recursos naturalesse incrementan día a día; así, sólo en el mes de diciembre del 2013 hubo 139 conflictossocioambientales registrados por la Defensoría del Pueblo [4] , a diferencia de los conflictos reportados en diciembre del 2012 que fueron 66 [5] .

No sólo la ministra y congresista Carmen Omonte merece una portada, sino los miles de pobladores y pobladoras que exigen ser informadas y consultadas sobre el uso de sus territorios por ser un derecho contemplado en nuestra Constitución y en el Convenio 169 de la OIT. A exigirlo y respetarlo se ha dicho.

Notas:

1.http://laprensa.pe/actualidad/noticia-empresa-carmen-omonte-comenzo-extraer-minerales-sin-autorizacion-22103
2. http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/MAPAS/2013/MP2013%20-%20BR.pdf
3. http://www.ingemmet.gob.pe/form/plantilla01.aspx?opcion=123#1292
4. Defensoría del Pueblo. Reporte Mensual de Conflictos Sociales, Nª 118, diciembre 2013.
5. http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2012/Reporte-M.-de-Conflictos-Sociales-N-106-Diciembre--2012.pdf