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Una publicación de la asociación SER

No solo de erradicación vive el Estado

Hoy fue presentado el informe anual de Monitoreo de Cultivos de Coca de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). En él se señala que, por primera vez en siete años, el Perú (en el 2012) ha logrado una reducción (¿significativa?) en cuanto al área destinada al cultivo de coca, en gran parte gracias a los esfuerzos del gobierno focalizados en la erradicación. Efectivamente, de acuerdo a este organismo, en el 2011 había 62,500 hectáreas. Esta vez, se han contabilizado 60,400 hectáreas (un 3.4% menos). No obstante, Colombia ha reducido su área destinada al cultivo de coca, para el mismo período, en un nada desdeñable 25%.

¿Qué significa esto? ¿Qué debe hacer el Perú ahora con estos resultados? ¿Debemos parecernos a Colombia? ¿Debemos replicar sus modelos de lucha contra las drogas? Diversos analistas, académicos y políticos propondrán estas despabiladas ideas. Lo cierto es que 1) No se pueden replicar o importar modelos que solo funcionan en una determinada realidad específica, en un espacio y tiempo determinado. Está demostrado desde diversas arenas (política, económica, social, cultural, etc.), que los modelos  extranjeros tienden a fallar sustancialmente cuando se aplican a una realidad completamente distinta. En el caso de la lucha contra las drogas, la realidad colombiana del fenómeno del tráfico ilícito de drogas encuentra una serie de factores y condicionamientos distintos a la naturaleza peruana. Las variables que intervienen en la primera son muchas: el conflicto interno, la geografía, las herramientas de represión, los convenios bilaterales, la dinámica del narcotráfico, sus rutas, su demanda, su oferta, la producción de determinados valles, la voluntad política, etc. En el Perú, no resultaría sensato que se apliquen las mismas políticas contra el narcotráfico que en Colombia dado que las variables que intervienen en la estructura del narcotráfico en nuestro país responden a naturalezas distintas.

2) La erradicación, por sí sola, es un elemento contraproducente. Lo señaló el informe de la Organización de Estados Americanos este año (“El Problema de las Drogas en las Américas”). Una política antidrogas que incluya solamente erradicación está condenada al fracaso. Existen economías familiares que dependen de los cultivos de coca. ¿Qué van a hacer estas personas cuando sus parcelas, sean lícitas o ilícitas, desaparezcan? ¿Ponerse a llorar? No. Se van a ir contra el Estado en forma de movimiento social que ejercerá presión para detener actividades como el Proyecto Especial de Reducción y Control de Cultivos en el Alto Huallaga (CORAH). Ahí van a confundirse los buenos y los malos, los lícitos y los ilícitos. ¿Cómo sabremos a quién otorgarle la razón y a quién no? Precisamente, la erradicación es uno de los tantos mecanismos de lucha contra las drogas. Para el caso peruano, resulta favorable que la erradicación vaya acompañada de programas de desarrollo alternativo sostenible en todo momento. Ojo: sostenible. No es cosa de un programa que dure seis meses o un año y termine con bombos, platillos y una feria de cacao en un lujoso hotel limeño. Es una estrategia compleja que involucre coaching y asesoramiento continuo a cocaleros para su inserción en la economía nacional e internacional. Así mismo, supervisión y empadronamiento. Además, normativa específica, incentivos y sanciones.

3) Independencia en la formulación y aplicación de políticas públicas contra las drogas. Desde el gobierno de Fujimori hasta nuestros días, la política antidrogas ha estado sometida a intereses extranjeros que siguen un modelo predeterminado. Lamentablemente, el Perú ha vendido su alma al diablo, por así decirlo. Recibe fuertes montos de cooperación internacional del gobierno de Estados Unidos y no le queda de otra más que someterse a su política exterior antidrogas. ¿Para qué? Para tener buenas relaciones político/diplomáticas y económicas con la potencia. Si no, pregúntenle a Toledo qué chanfaina hizo con la negociación del ATPDEA y a García con el TLC.

4) Fuerza y alcance. Fukuyama describe, en “La Construcción del Estado”, varios escenarios en los cuales combina fuerza y alcance. Dos términos que los politólogos conocemos muy bien. Ellos hacen referencia a la eficacia institucional y a la cantidad de funciones que el Estado busca llevar a cabo. Como saben, en el Perú las zonas cocaleras están completamente olvidadas. Aisladas de cualquier indicio de Estado. Tal vez sea muy difícil y súper lejano encontrar una Reniec o un Banco de la Nación por ahí. Más fácil resultaría ubicar una pista clandestina destinada a llevar droga procesada a Bolivia y Brasil. Mi punto es que ni la erradicación ni el desarrollo alternativo van a lograr algo concreto a largo plazo si es que el Estado no consigue situarse, brindar servicios y proveer de seguridad a la gente. Todo con eficiencia, claro. Pero, ¿qué estoy hablando? Si ni  en las zonas urbanas y costeñas puede ofrecer seguridad. Si ni siquiera  puede otorgar derechos a los homosexuales. Si ni siquiera  respeta a las poblaciones indígenas originarias. Vaya problema que tiene que solucionar primero: constituirse como Estado serio.

5) Diálogo y búsqueda de consensos. El Estado tiene que aprender a dialogar, a negociar posiciones, a informar oportunamente. A ceder en ciertas cosas y a no ceder en otras. A otorgar beneficios a cambio de ciertas concesiones. Con algunas políticas públicas es necesario llamar a consulta, dado que hay un grupo social grande que puede ejercer un poder determinado. La historia (al menos en la minería) nos ha enseñado que la búsqueda de consensos es necesaria para mantener un buen clima democrático y evitar conflictos sociales que pueden terminar en violentas protestas con pérdidas irreparables de vidas humanas. El Estado debe considerar a los gremios cocaleros, a los investigadores privados, a las universidades, a los think tanks. Es necesario que el Estado abra el debate en torno a la lucha contra las drogas.

Genial que Devida y el Mininter hayan logrado reducir al fin el área destinada al cultivo de hoja de coca, pero ¿esto será sostenible? ¿Se volverá a repetir la reducción al próximo año? ¿El volumen de PBC a exportar se reducirá también? ¿Los reportes de la SBS sobre dinero sospechoso de lavado de activos se reducirán? ¿El Perú tendrá la política antidrogas autónoma que Humala prometió en “La Gran Transformación”?

Veremos…