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Una publicación de la asociación SER

No basta sólo el diálogo

Desde hace mucho tiempo estamos viviendo en el Perú un ambiente de violencia social muy alto y que está costando muchas vidas de compatriotas nuestros. Se habla de mesas de diálogo, de facilitadores, de que no se puede dialogar en condiciones de violencia, pero desde mi punto de vista muchos de estos esfuerzos se quedan en intenciones ya que no se cumplen las cosas acordadas, y los que han participado se vuelven incrédulos y ponen nuevas condiciones precisamente no dialogadas. Así no vamos a ninguna parte y se genera más desconfianza y más violencia.

Pero mas allá de estas consideraciones, me parece que los conflictos sociales sobre todo los relacionados a minería y el agua tienen algunas características que deseo compartir con la finalidad de mirar su trascendencia. Parto de la siguiente hipótesis de trabajo y es que las minas y las aguas del Perú desde hace muchos años están en manos de los campesinos, sobre todo de comuneros pobres. Esto hace que los conflictos tengan algunas características que es necesario tener en cuenta. Territorialmente las minas y las aguas pertenecen a las comunidades campesinas  -estén inscritas en el padrón de comunidades reconocidas o no- que son realidades vigentes les guste o no a los políticos y a los antropólogos y sociólogos que prestan sus servicios a las grandes empresas interesadas en explotar esos recursos.

Las comunidades son actores sociales que tienen líderes y pareceres sobre cómo les gustaría que fuera su futuro. Tienen un proyecto social de desarrollo, a veces no formulado. Por lo tanto, en una lógica elemental deben ser consultados previamente si el gobierno quiere dar en concesión un territorio para un proyecto que afecte sus recursos, su medio y su manera de vivir.

Muchos proyectos mineros -y el uso de las aguas para esa actividad- no tienen ni han tenido en cuenta esos proyectos comunales. En muchos casos, el gobierno en nombre de todos los peruanos y de “su bien” doblega y somete la voluntad de esas autoridades comunales y las familias que se sienten representadas por ellas. Además apelando a la “legalidad” de la propiedad estatal del subsuelo, y que por tanto puede dar en concesión por los años que quiera las hectáreas que sea, sin tomar en cuenta que normalmente son tierras de pastoreo extensivo de las comunidades. Lo mismo ocurre con las aguas superficiales y las subterráneas, ojos de agua, manantiales, lagunas, glaciares, etc. En pocas palabras, los proyectos de los campesinos pobres de este país no cuentan y menos si estos campesinos están desorganizados, o carecen de  instituciones que los ayuden a defenderse.

Estamos pues ante dos modelos de desarrollo uno basado en la extracción de minerales  para la industria nacional y global que se articula con los modelos de sociedad urbana, occidental castellana, consumista y del disfrute de unas minorías. Y el otro que apunta a una economía agrícola y pastora, andina, quechua, aymara o amazónica, y que pretende una sociedad con justicia social y donde el hombre y la mujer son el fin de la economía y la política, no el capital y su reproducción irracional consumista.

El Estado peruano y sus autoridades pareciera que no perciben el fondo de estos conflictos o les parece que pueden convencer y vencer con astucia a los campesinos y pastores de este país que se resisten a entrar en una sociedad consumista, irracional y que excluye a millones de personas de ese modelo que dice buscar el bien para todos. Si el Estado y las autoridades son electas para gobernar para todos y todas tienen que cambiar su perspectiva y su manera de resolver estos problemas.

El nacionalismo proclamado por el Presidente y sus ministros se queda en discurso y comienza a ser percibido por muchos como una traición más a esos sueños de un país para todos y en especial para los andinos y amazónicos llamados “el Perú profundo”. La constante de muchos gobiernos ha sido ponerse del lado de los grandes intereses privados que se presentan como nacionales y de las mayorías. Esto se ha visto en el pasado, en el rescate de bancos y otras instituciones financieras que por el “bien del país” recibieron ingentes cantidades de dinero, dinero de todos los peruanos, para ser “salvadas”.

Si no se toma en serio los proyectos de los pobres, los campesinos y los pastores, de las comunidades nativas, los conflictos seguirán y quizás serán peores ya que lo que está en juego son modelos de vida, valores, maneras de entender y organizar la economía y la sociedad.

El modelo capitalista mundial ha demostrado no ser el único ni el mejor modelo, basta ver lo que está produciendo en el campo del medio ambiente, la contaminación de las aguas y las tierras y lo que es peor mas de mil veinte millones de seres humanos con hambre permanente a nivel global, producción de armas y de drogas como nunca ha pasado en la historia de la humanidad. ¿Es ese el mundo que deseamos seguir impulsando con una minería y una industria como la que hemos tenido hasta la fecha? O es posible una sociedad y una economía distinta.

Hoy en muchos lugares del Perú vemos que se están enfrentando peruanos contra peruanos, cajamarquinos contra cajamarquinos, cusqueños contra cusqueños, porque el modelo ya echó raíces en estas tierras, y lo peor es que se quiere demostrar que es imposible cambiársele. Pero sí es posible revertir esta historia de explotación que degrada a las personas y la naturaleza. Se necesita decisión y entereza política que realmente exprese la búsqueda del bien común y donde los más pobres y los pobres sean considerados como personas con los mismos derechos.