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Una publicación de la asociación SER

#NiUnaMenos: Ser ciudadana y mujer

“La violencia de género (sexual y doméstica) debilita (y en ocasiones imposibilita totalmente) la autonomía de las mujeres, su libertad para expresarse, trabajar, estudiar, organizarse. La violencia en contra de las mujeres se convierte así en un mecanismo para impedir el pleno ejercicio ciudadano y vaciar de contenido los ideales democráticos.”

Marcela Ríos Tobar[1]

 

Los incomprensibles dictámenes de los jueces y juezas en los casos de Lady Guillén y Cindy Contreras no solo han provocado la aparición del movimiento #NiUnaMenos en nuestro país, sino que han creado un importante espacio para que miles de personas, en su gran mayoría mujeres, puedan narrar de forma pública sus experiencias y reflexiones sobre lo que la violencia de género ha significado, trastocado y simbolizado para ellas. Una de las razones por las cuales sus historias son tan importantes es porque trasladan a la esfera pública un tema que ha sido históricamente vinculado con el ámbito privado. Reclamando, de este modo, el reconocimiento de su ciudadanía en el marco del sistema democrático.

Los actos de violencia que hemos observado en las fotos del rostro destrozado de Lady Guillén y el vídeo de Adriano Pozo jalando de los cabellos por el piso de un hotel a Cindy Contreras se suman a los cientos de casos de intento de feminicidio que ocurren en nuestro país año a año y a las 822 mujeres que fueron asesinadas entre los años 2009 y marzo de 2016 debido a la violencia de género. El 57% de estos asesinatos ocurrió dentro de la propia casa.

Por esta razón, plantear el tema de la violencia de género como un problema de acceso y reconocimiento a la ciudadanía es crucial, ya que pone en relieve el hecho de que el Estado, por largo tiempo, ha abdicado su soberanía en el ámbito privado y la responsabilidad que tiene de asegurar que las mujeres obtengan la autonomía y libertad que les corresponde como ciudadanas de una democracia.

En ese sentido, una de las aristas de esta discusión y protesta es que, sin el reconocimiento de la autonomía de las mujeres como un componente clave de la ciudadanía, no podremos consolidar nuestra democracia. Para Ríos Tobar (2007), “la autonomía de las mujeres está condicionada por la construcción social del género, por lo que la democracia, cuyo pilar esencial es la ciudadanía, depende para su profundización de la equidad de género” (p. 255).

No es casualidad que las mujeres sufran desproporcionadamente más de la pobreza, la desigualdad social y del cambio climático, ni que estemos subrepresentadas en puestos de poder en el sector público y privado (incluyendo el académico) o en el proceso de toma de decisiones. Este clamor por nuestra ciudadanía, como afirma Ríos Tobar, “ya no se trata solo del derecho a ser elegidas, sino de aquellos [derechos que nos corresponden] relacionados con la libertad de expresión, asociación y participación, y la defensa y respeto de [nuestra] integridad física” (p. 266). La violencia, como narran las historias compartidas por muchas mujeres en la página de #NiUnaMenos, empieza a los 3, 4 o 5 años de edad y no para.

Al leer los testimonios, se me hace inevitable pensar y recapitular las diversas experiencias a lo largo de mi vida que me hicieron entender que la violencia de género es la experiencia (o la vulnerabilidad) cotidiana de más del 50% de este país; y que la violencia muta y toma formas sutiles, incluyendo el “derecho” que creen tener algunos padres de no hacerse responsables de sus hijos e hijas al pensar que pueden seguir haciendo su vida mientras las mujeres cuidan de sus hijos.  

En el Perú, la democracia coexiste con la pobreza y con altos niveles de desigualdad social. En este contexto, la violencia de género, especialmente la sexual y doméstica, es la expresión más feroz de la desigualdad social existente. Es un tipo de violencia que mata a las mujeres solo por el hecho de ser mujeres y las despoja de su libertad y capacidad de decisión. La incapacidad de los distintos gobiernos para disminuir los niveles de violencia doméstica y sexual en contra de las mujeres peruanas es una prueba de la precariedad del Estado “para velar de forma efectiva por el derecho de las ciudadanas y ciudadanos a la igualdad ante la ley” (Ríos Tobar, p. 269).

Nuestro país continúa en el proceso de consolidación de la ciudadanía y la democracia. Esta ciudadanía, como afirma Verástegui, no solo es normativa e institucional, sino que también tiene importantes componentes empíricos y subjetivos; y debe asegurar el acceso efectivo a derechos civiles, políticos y sociales, protegiendo a los individuos de la pobreza, la desigualdad y, por ende, de la violencia. Solo de esta forma podremos mejorar nuestra cohesión social y satisfacción con la democracia. Es una ardua tarea y un largo camino, pero podemos empezar este 13 de agosto reclamando nuestra ciudadanía en las calles, como lo hicieron las mujeres que lucharon por los derechos que ahora tenemos.

 

Andrea Roman Alfaro pertenece a la Plataforma Comadres, espacio que busca posicionar el trabajo de las mujeres en el análisis de la política nacional e internacional.