Skip to main content
Una publicación de la asociación SER

Lucha antidrogas, cooperación internacional e intereses oscuros

Foto: Andina

El Perú lleva más de 30 años realizando esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, asumiendo su rol como uno de los principales productores de la materia prima y de droga semielaborada. Recordemos que el mercado mundial de cocaína tiene un mercado de 22 millones de usuarios, y que la franja de precios que ocasiona el mercado ilegal, representa enormes ganancias para las organizaciones criminales, y severas consecuencias a la economía, la democracia y la gobernabilidad del país.  

Ha llegado el momento de hacer una pregunta clave, que nunca ha sido objeto de atención política: ¿Cuáles son los resultados obtenidos versus los recursos invertidos?  

Lamentablemente, no parecen ser buenos, ni sostenibles, a la luz de las cifras oficiales. Se ha producido una situación de estabilidad en la demanda mundial de cocaína, mientras que los cultivos de coca han recibido el impacto de la tecnología agrícola, para producir, en áreas y volúmenes suficientes para proveer el mercado ilegal. En el ínterin, se ha dibujado un nuevo mapa de criminalidad organizada internacional, que ha superado la situación de los grandes carteles de los años 90. En la actualidad, tenemos numerosas organizaciones que se han especializado en las distintas etapas de acopio, elaboración, transformación, embarque y distribución. 

No hemos podido enfrentar las causas estructurales que generan este mercado ilícito (oferta y demandas constantes) a nivel global, ni sobre las condiciones de vida de miles de campesinos pobres que se ven obligados a participar de esta economía ilícita, que les resulta más beneficiosa que cualquier otro producto agrario de carácter legal. En este sentido, ni la interdicción, ni el desarrollo alternativo promovido por la cooperación internacional, han surtido efecto sostenible y duradero.

Más bien, se ha generado una burocracia que usa este tema para justificar acciones y programas poco efectivos, dependientes de visiones, intereses y prioridades externas. Es el caso de DEVIDA, un organismo público descentralizado (OPD) creado en 1996 a instancias de gobierno de EEUU para contar en el Perú con una contraparte confiable para recibir los recursos del presupuesto norteamericano, en el marco de sus esfuerzos globales de “guerra contra las drogas” bajo el enfoque de reducción de la oferta, a partir de la interdicción sobre los cultivos, los laboratorios y los campesinos. Lanzo una nueva pregunta ¿Ello ha detenido el narcotráfico?

Para nada, pues podemos señalar que a diferencia de años anteriores, hoy en el Perú la economía del narcotráfico se ha expandido a zonas distintas a las tradicionales áreas de producción en la Selva Alta. Hoy, ciudades intermedias de los Andes, así como puertos secundarios como Paita y Chimbote, que han sido penetrados por los efectos económicos de esta actividad ilícita.

Además, se ha producido una evidente simbiosis del narcotráfico con otras actividades ilícitas tales como la minería ilegal, la tala ilegal y la trata de personas, con las que comparte espacios, actores, procesos y medios para distraer los escasos recursos de un Estado ciego –como el peruano- en la definición de sus políticas públicas. Los últimos cinco gobiernos democráticos han sido reacios a evaluar siquiera la posibilidad de producir cambios en un régimen obsoleto e ineficiente donde prevalece el CORAH, CEDRO, y otros estamentos absolutamente interesados y dependientes. Es más, la política nacional se ha visto penetrada por tales intereses, para lo cual ha encontrado un régimen político débil y organizaciones políticas absolutamente proclives a estos intereses. 

Lo más grave, es que en la gestión de los recursos de DEVIDA, se habrían producido diversos hechos irregulares en la recepción y colocación de los recursos provenientes de la cooperación internacional, tanto los de USAID como los de la UE, tanto en materia de reducción de la demanda, como en materia de desarrollo alternativo. En primer lugar, el condicionamiento proveniente del propio donante a través de los sucesivos memorándums y convenios firmados por el Estado peruano con sus contrapartes. Resulta evidente la participación interesada de entidades como el propio CEDRO, Inforegión, Dialogo Ciudadano y Consultandes, que han participado como receptores, beneficiarios de diversos servicios de consultorías, servicios, en la ejecución de dichos fondos durante las gestiones de la señora Masías, Otárola y Vargas al mando de DEVIDA.  

Próximamente participaremos en un evento organizado por CADE Ejecutivos 2019 en el que nos piden responder a la pregunta de ¿cómo enfrentar al narcotráfico?  Creemos que es indispensable la adopción de una política sobre drogas reformada y realista, que privilegie nuestros intereses nacionales: pobreza rural, comercio agrario inequitativo, así como los límites nacionales para enfrentar un problema de naturaleza global.