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Una publicación de la asociación SER

Los platos rotos de la revocatoria

En muchos distritos y pocas provincias del país se llevó a cabo el proceso de revocatoria de autoridades municipales que fueron elegidas en el último proceso electoral para tal fin (2011). La revocatoria es una acción legítima del juego democrático; sin embargo, tal como se la implementa en el país, resulta pasándole factura a una incipiente y frágil gobernabilidad.

El periodo municipal dura cuatro años y si bien la revocatoria se plantea pasado el primer año de gestión de gobierno, ésta cambia de prioridad cuando existe un inminente proceso de revocatoria porque la autoridad no deja el cargo a un sucesor, continúa y casi inevitablemente orienta sus esfuerzos a neutralizar su desafuero y aun suponiendo que no utilice recursos públicos, su tiempo y energía mental, que debiera estar dedicada a tareas de gobierno, está orientado a hacer campaña para evitar un resultado adverso. En consecuencia, valdría la hipótesis de que el remedio es peor que la enfermedad.

Por otro lado; en el caso que proceda la revocatoria, la nueva autoridad insume tiempo para organizar su gestión, hay cambio de personal de confianza; así mismo, los énfasis en lo que se considera son las necesidades de los vecinos, también cambian. Nuevamente, lo que se perjudica es la gobernabilidad de la ciudad, distrito o provincia. Finalmente puede ocurrir como lo sucedido en Juliaca, que un alcalde revocado es nuevamente elegido en una siguiente elección.

Tal vez sería más  útil revisar la Ley Orgánica de Municipalidades que regula las funciones de alcaldes y regidores. Así, también se fortalece la democracia.