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Una publicación de la asociación SER

Los huérfanos de la guerra

Un tema pendiente del conflicto armado interno que vivió el Perú, es la vida y destino de los huérfanos de la guerra. Se calcula que fueron 50 mil, cifra bastante modesta según especialistas, y que la mayoría de ellos terminaron en manos de otros pobres como ellos.

Cuando por circunstancias ajenas a mi voluntad dejé forzado la ciudad de Ayacucho en 1991, calculábamos que sólo en la ciudad tendríamos unos 16 mil huérfanos y que las 5 casas de refugio que tenía la Iglesia atendía máximo a 300. Yo siempre me preguntaba dónde estarían los otros miles. ¿Por qué digo esto? Porque mi experiencia de largos años al lado de los pobres campesinos y de barriadas de muchas ciudades del Perú me ha demostrado que somos una sociedad con una capacidad de solidaridad muy alta aunque esto sea una demostración que nuestro Estado y sus instituciones no funcionan o funcionan mal.

Un grupo de huérfanos de distintas edades y procedencia fueron entregados en adopción con la colaboración (intermediación legal y económica) del obispado de Ayacucho y las congregaciones que tuvieron a cargo las 5 casas de protección que se habían instalado en Huamanga, Huanta, San Miguel, Tambo y Cangallo.

Asunto delicado pero de suma importancia para construir una memoria y un país con derechos y con transparencia. Yo fui testigo de este tránsito de niños y niñas, campesinos en su mayoría, que aparentemente habían perdido todo vínculo familiar. Sin embargo, ello no era tan real ya que pasado algún tiempo aparecían tíos, padrinos, hermanos mayores, abuelos, de esos niños y niñas que ciertamente habían perdido a sus madres y padres.

Lo desconcertante es que eran entregados demasiado rápido a familias venidas de otros países -aunque pasaban por juzgados y autoridades migratorias-  porque eran considerados como niños sin ningún pariente. Recuerdo que había familias peruanas que también adoptaban pero la preferencia era para los extranjeros ya que se pensaba que eran mejores que los nacionales y que los adoptados tendrían un destino económico y social mejor, cosa que no siempre sucedió.

También es bueno decir y recordar que los huérfanos no sólo eran causados por la actuación de los senderistas o las fuerzas del orden, también había personas que aprovechando la situación vengaban por asuntos personales o hacían barbaridades para favorecerse. El narcotráfico era otro participante que aprovechaba la situación para conseguir sus ganancias e imponer su ley a sangre y fuego.

El seguimiento de su recorrido tan distinto de su origen, desde mi conocimiento ha sido irregular y discontinuo y desconocido para todo tipo de autoridades y en general para la sociedad peruana. Yo no tengo información de alguna organización de familiares que busquen a esos niños y niñas, como sí paso en Argentina o Chile. No hemos tenido las Madres o las Abuelas de Plaza de Mayo, tampoco la Defensoría del Pueblo o la Comisión de la Verdad y Reconciliación desarrollaron propuestas específicas sobre ellos, ni sobre los circuitos por los que han transitado ni su destino actual.

No recuerdo haber oído en la prensa manifestación alguna respecto a demandas de reparación a estas víctimas. Lo que sí tengo es información sobre la existencia de alrededor de 50 fotos de estos niños y niñas que estuvieron en el puericultorio Juan Andrés Vivanco de la ciudad de Ayacucho entre los años 1988-1991, material que podría servir para identificarlos. Las hermanas religiosas que estuvieron a cargo son las que más información deben tener sobre estos niños y el destino que corrieron una vez que fueron adoptados o alcanzaban la edad en la que tenían que dejar estas casas hogar y volver a la vida ordinaria e incierta. Me imagino que siempre preguntarán cómo es que llegaron a donde llegaron, quiénes fueron sus padres, dónde están sus otros hermanos, cómo murieron sus padres, etc. Yo he sido testigo directo de estas vidas y sus preguntas que con todo derecho se han hecho.

Los niños “cuidados”

Otro grupo de niños y niñas es el que los militares tenían en los cuarteles provenientes de familias cuyos padres habían sido muertos en distintas circunstancias y causas. Yo tuve información de estos niños y niñas “cuidados” por los militares en sus bases. En Ayacucho se instalaron más de 200 bases contrasubversivas para contener la arremetida guerrillera de Sendero Luminoso. La pregunta es: ¿Dónde terminaron estos niños y niñas? ¿Hay algún registro de sus nombres y sus posibles vínculos con sus familiares? Lo terrible es que este hecho es parte de un problema social generalizado y antiguo en el Perú pero en especial en la sierra peruana que es el tráfico de niños y niñas de origen indígena para la servidumbre de las familias mestizas y blancas con poder económico.

Me pregunto: ¿Fueron muchos niños y niñas los que se entregaron de una manera subterránea, irregular e injusta desde todo punto de vista? Tengo información de que en algunas ciudades intermedias de Puno se ha trabajado en la identificación de las viudas y los huérfanos. Pero la prensa y las autoridades nunca le han dado la importancia que tiene. La misma iglesia católica que tanto peso tiene en nuestro país tampoco le ha dado el valor que tienen estas vidas. Esto es una muestra más del racismo y la injusticia en la al que nos hemos acostumbrado a vivir. La miseria y la orfandad son parte de nuestro paisaje social y ya no nos llama la atención ni nos da vergüenza. Tienen que ser otros los que nos hacen ver todo lo que nos falta.

Los responsables de parte de esta historia son las hermanas hijas de Santa Ana, las Hermanas Franciscanas Canonesas de la Cruz, las hermanas Franciscanas Centro Americanas de Fundación Mexicana y las Hermanas Dominicas del Rosario y los obispos Federico Richter Prada Ofm y Juan Luis Cipriani Thorne, ambos responsables del obispado de Huamanga en esos años. No sólo tuvieron intervención directa en muchos de estos casos, sino que conocieron de lo que pasaba. Ellos y todos los que deseen colaborar en el esclarecimiento de esta historia triste y desconcertante tenemos que hacerlo de manera honesta y valiente.

Para entender un poco más esta historia, en especial este período 1988-1991, es bueno recordar que estábamos en el fin del primer gobierno de Alan García y los inicios del gobierno de Alberto Fujimori a los que les convenía que no aparecieran “estos problemas” en público y menos todavía fueran conocidos por los organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales. Las organizaciones civiles y de base siempre han sido débiles en la defensa de estos derechos y los medios de comunicación tampoco han colaborado con decisión en visibilizar estos temas.