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Una publicación de la asociación SER

Los desafíos de la búsqueda humanitaria de personas desaparecidas (1980-2000)

Tomando como referencia el periodo de tiempo estudiado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), entre los años 1980 y 2000 ocurrió en el Perú un conflicto armado interno que causó un estimado de 69,280 víctimas fatales. Tal fue el resultado de la lucha armada iniciada por la organización terrorista Sendero Luminoso –y en menor medida por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru– contra el Estado peruano con el objetivo de tomar el poder. Producto de la acción armada de estos grupos y la respuesta represiva del Estado fueron los miles de muertos y desaparecidos que suman dicho balance fatal.

Sólo al término del conflicto, con la caída del régimen fujimorista, determinados sucesos facilitaron el esclarecimiento de los crímenes y violaciones de derechos humanos ocurridas durante el periodo de violencia. En primer lugar, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 14 de marzo y 3 de setiembre de 2001 (caso “Barrios Altos Vs. Perú), que declararon la ineficacia e invalidez jurídica de las leyes de amnistía, Leyes N°s 26479 y 26492, permitiendo el inicio y reinicio de diversas investigaciones y causas penales por tales hechos; y, en segundo lugar, el Informe de la CVR que reveló detalles sobre las causas del conflicto, sus circunstancia y secuelas. Entre sus aportes, la CVR entregó una lista de 8,858 personas desaparecidas, un registro de 4,644 sitios de entierro y una propuesta de Plan de Investigaciones Antropológico Forenses (PNIAF). Con ello dejaban sentadas las bases de un proceso de búsqueda de personas desaparecidas.

Sin embargo, la misión de búsqueda quedó enmarcada en el desarrollo de investigaciones y procesos penales, siendo asumida por el Ministerio Público. Con ello la búsqueda de personas desaparecidas terminó siendo una finalidad subsidiaria a la determinación de responsabilidades penales, lo que explica porque después de 18 años de concluido el conflicto, las respuestas a los familiares sobre el paradero de sus desaparecidos resulta insuficiente. Aun cuando hubo algunos avances y se creó un equipo forense especializado para las tareas de exhumación y análisis de restos, lo cierto es que nunca se llegó a implementar el PNIAF y tampoco fue desarrollada una búsqueda como tal. Teniendo como fuente de información principal el registro de sitios de entierro de la CVR y bajo las directrices de la función fiscal en el marco de casos concretos de investigación penal, las tareas de exhumación estuvieron en gran medida dirigidas al reconocimiento legal de muerte y entierro digno de personas cuya identidad, destino final y lugar de entierro eran conocidos, casos a los que se denominó de “ratificación”. En otros casos se trató de fosas colectivas, en muchas de las cuales la prioridad del hallazgo de cuerpos estuvo en su utilidad como medio de prueba más que en su identificación.

Un caso emblemático de esta labor de investigación penal, es el caso "Cabitos", nombre de la base militar donde fueron ejecutadas y enterradas cientos de personas en los años 80, en el marco de la lucha antiterrorista. A la fecha, el caso cuenta con sentencia condenatoria de primera instancia; sin embargo, el mérito de la condena no es suficiente para responder a las familias sobre el destino final de sus desaparecidos, hubo justicia, pero no verdad. Este caso, no es más que una confirmación de que exhumar restos y obtener evidencia física es sólo útil como prueba, pero no ayuda a su identificación. En el caso “Cabitos” fueron exhumados 119 restos y solo se identificaron tres, un balance absolutamente negativo para la línea de búsqueda. Ello se reproduce en el balance general de exhumaciones desarrolladas por el Ministerio Público desde 2002 a enero de 2017, donde, de un total de 3,623 restos recuperados, más de 1,500 no han sido identificados y permanecen almacenados en los laboratorios de esta institución.

Este breve balance sirve para resaltar el mérito de la Ley N° 30470 (Ley de búsqueda de personas desaparecidas), cuyo fin humanitario se enfoca en la búsqueda del desaparecido y no en el perpetrador. Luego de 18 años de una justicia sin respuestas, la implementación de esta ley es todo un desafío. No es más una cuestión de exhumaciones, sino de búsquedas, es el momento de los buscadores, quienes asumen la tarea con planificación y real sentido humanitario, participativa y con acompañamiento psicosocial para las familias. Hay que entregar respuestas, verdad, no se trata más de sacrificar miles de identidades a cambio de una que otra condena (de mandos medios y bajos) obtenida de modo excepcional. La ley es clara, no sustituye a la justicia, pero crea un marco de acción propio para la  búsqueda de personas desaparecidas, y en él, son los objetivos y métodos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (rector de la Ley N° 30470) los que deben regir.

Allí radica el desafío, pues para emprender una búsqueda planificada y estratégica, corresponde al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de su Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, brindar una cifra oficial de desaparecidos, en la que se diferencien los casos de reconocimiento legal de muerte o “ratificación”, de aquellos que involucran reales estrategias de búsqueda por desconocerse información sobre el destino final y/o ubicación de los restos del desaparecido. Es a partir de esta diferenciación que podrán establecerse estrategias de búsqueda de corto y mediano plazo, así como los medios necesarios para emprender una búsqueda de personas desaparecidas, integral y humanitaria como establece la ley.