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Una publicación de la asociación SER
Abogado y especialista en gestión municipal

Las restricciones al presupuesto municipal en debate

La reducción significativa de las transferencias a las municipalidades del país está generando a la gestión local dificultades, como la imposibilidad de ejecutar proyectos programados, la no conclusión de proyectos en curso o la cancelación o postergación de proyectos planificados, muchos de ellos aprobados como producto del proceso de presupuesto participativo. Tales dificultades no solo complican el cumplimiento y la continuidad de lo planificado, sino que también provocan un descrédito ante la población, en el primer año del periodo de gobierno.

Desde hace ya algún tiempo, se percibe no solo un estancamiento del proceso de descentralización, sino una clara tendencia a la recentralización, que se manifiesta, en esta oportunidad, en un tema sensible como el manejo presupuestal, y es alentada, quizás, por el escenario electoral nacional ya iniciado.

La problemática se agudiza debido a la menor recaudación tributaria, producto del retraimiento de la inversión minera y la reducción de los precios internacionales de los minerales, cuyo impacto es significativo en la composición del FONCOMUN, el canon y las regalías mineras, todos recursos esenciales para la economía municipal. Esta situación se hace crítica en aquellas municipalidades que, producto de las transferencias por canon y regalías venían viendo incrementados sus recursos de manera creciente, y, al mismo tiempo, pone en evidencia la situación en aquellas otras que, producto de la inexistencia de un proceso de descentralización fiscal, han continuado gestionando con escasos recursos la pobreza en sus territorios.

La reacción de las municipalidades no se ha hecho esperar y en estos días, la Red Nacional de Municipalidades Urbanas y Rurales, REMURPE, viene impulsando distintas acciones para demandar del gobierno nacional, medidas que les permitan superar el problema generado por los recortes presupuestales. Pero, más allá de ello, la ocasión puede permitir a las autoridades municipales volver a poner en la agenda un debate y una decisión más de fondo, como son los referidos a la descentralización fiscal, dentro de la cual deberían considerarse los mecanismos de distribución del canon, el carácter y la distribución del Fondo de Compensación Municipal, FONCOMUN, y el sentido de las cada vez más frecuentes transferencias de recursos condicionadas al cumplimiento de metas.

Como se sabe, las transferencias por los distintos tipos de canon determinan un mecanismo perverso de distribución que ocasiona brechas enormes entre municipalidades, además de conflictos, mientras que en el caso del FONCOMUN, es necesario debatir su carácter, el cual no ha variado prácticamente desde el momento en que fue creado. De hecho, ya en ocasiones se ha planteado la revisión y modificación de las fuentes que lo conforman, como el incremento de la composición del Impuesto de Promoción municipal, que actualmente sigue siendo el 2% del Impuesto General a las Ventas, IGV.

Si bien no se puede generalizar la situación económica de las municipalidades del país, es evidente que la mayoría sustenta su economía en las transferencias, y que éstas, en su esencia, siguen teniendo la misma base, preexistente incluso al proceso estancado y en retroceso de descentralización, y sujetas a la voluntad política del gobierno de turno; por tanto, asentadas sobre una base bastante precaria, que dificulta la institucionalidad municipal.

Finalmente, puede ser esta también una ocasión importante para que -si bien es un tema distinto- las autoridades municipales retomen un debate necesario sobre la generación de recursos propios que les permitan, no solo atender las necesidades de la población, sino depender menos de las transferencias. Al respecto, convendría una revisión y evaluación a fondo del Decreto Legislativo 776,  cuya creación data de hace mas de 20 años, y que asigna a las municipalidades la administración directa de algunos tributos, como el Impuesto al Patrimonio Predial, el Impuesto de alcabala y otros cuya administración es irreal en aproximadamente dos tercios de las municipalidades. A tal discusión debería sumarse la práctica, bastante difundida, de justificar el no cobro de tributos municipales, como una suerte de “beneficio a la pobreza”, y que ha contribuido a asentar un hábito de no tributación de la población.

 

Moisés Palomino: Investigador del IEP e investigador de Municipio al Día.