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Una publicación de la asociación SER

Las lecciones de Colombia

La Colombia de Juan Manuel Santos se perfila como uno de los países emergentes de la región. Con su acelerado crecimiento macroeconómico en la década del 2000, su reciente camino hacia la OCDE y su relativa estabilidad política, el país vecino busca, por un lado, dejar de lado el bloque de países emergentes de la región (junto con Chile y México) y, por otro, jugar en las ligas mayores a la par que Brasil. No obstante, el país enfrenta todavía algunos retos serios en materia de seguridad: el caso del tráfico ilícito de drogas y el de los grupos insurgentes.

Es conocido que, como en otros Estados (caso peruano), los grupos terroristas mantienen vínculos con los narcotraficantes a fin de suministrarse de recursos necesarios para llevar adelante sus objetivos concretos. No obstante, en cada circunscripción existen dinámicas y relaciones interpersonales que configuran un escenario completamente particular y distinto a otros donde también se llevan a cabo actividades ilícitas (como el tráfico de drogas). Estas configuraciones particulares son las que deben tratar de comprenderse a fin de poner en práctica estrategias determinadas que busquen reducir el impacto de graves delitos como el narcotráfico. Cuando uno tiene claro todo el panorama, resulta más fácil tomar decisiones sólidas.

En Colombia, el tráfico ilícito de drogas contempla una serie de actores: cárteles, paramilitares, agentes estatales, guerrillas, ‘cartelitos’, consumidores, ‘raspachines’, señores de la droga, las ‘bacrim’, empresarios, microtraficantes y hasta empresarios. Desenredar esta maraña de relaciones establecidas entre estos actores constituye un reto fundamental que el diseño de políticas antidrogas  debe contemplar. Asimismo, resulta necesario evaluar algunos factores que han permitido el desarrollo de la industria ilegal de la coca: la histórica experiencia con el contrabando, la ubicación geopolítica, desempleo, pobreza, desigualdad, ausencia estatal, corrupción de altos y bajos funcionarios, el desplazamiento del mercado de café, entre otros. Estos factores no se constituyen como suficientes ni necesarios, pero sí pueden establecer un ambiente adecuado para el desarrollo del narcotráfico. Los factores necesarios pueden ser: la brecha entre las normas formales (ley) e informales (sociales) que llevan a una predisposición individual para la comisión de delitos, la existencia de redes y vínculos, la existencia de recursos naturales y la disponibilidad de habilidad laboral.

En torno a los diálogos de paz establecidos por el gobierno colombiano y las FARC, aún resulta complicado y prematuro poder afirmar que están siendo exitosos. La idea central es que, si bien se ha llegado a un acuerdo entre dos temáticas importantes (un pacto de desarrollo agrario, por un lado, y una futura participación de las FARC en la política – cuestión bastante controversial, por cierto), persisten  temas pendientes que son más delicados entre ambos actores. Recordemos que no hay soluciones parciales en estas mesas de negociación. Uno de aquellos temas pendientes se refiere al tráfico ilícito de drogas. Va a ser bien difícil que las FARC renuncien a una de sus principales fuentes de ingreso a corto, mediano o largo plazo. Otro de los temas hace referencia a la situación de justicia. El diario “El País” señalaba: “Cuánto castigo están dispuestos a aceptar los guerrilleros por décadas de crímenes”.

En todo caso, algunos retos pendientes de Colombia, antes de pasar a ser una de las potencias regionales más importantes, deben ser mencionados: a) los diálogos de paz deberían terminar en acuerdos concretos y claros que beneficien a la población (habrá puntos en las que las FARC tendrá que ceder, y otras en las cuales el gobierno colombiano deberá hacerlo), b) revisar ciertas estrategias antidrogas, pues no obstante su continuo progreso, hay algunas estrategias que tienen efectos perversos o daños colaterales (caso de la erradicación forzosa sin desarrollo alternativo o la fumigación sin prevención en materia de salud), c) cerrar aquella brecha entre normas formales e informales para evitar cualquier predisposición a cometer delitos, reformando la cultura política, d) incrementar la presencia estatal en zonas alejadas, además de e) solucionar aquellos factores del desarrollo de la industria ilegal de la droga, mencionados líneas arriba.

Hay, no obstante, elementos que el Perú debe aprender de Colombia. Tenemos los dos fenómenos mencionados: el tráfico ilícito de drogas y el terrorismo. Sin embargo, tengo que resaltar que las estrategias que se aplican en el vecino país del norte no deben ser replicadas exactamente en el Perú, y esto porque, como también lo mencioné más arriba, cada fenómeno tiene una configuración estructural determinada y responde a situaciones totalmente distintas. En ese sentido, es importante rescatar acciones como la promulgación de normativa colombiana en torno al lavado de activos, a la extinción de dominio y a la fiscalización de insumos químicos; para el caso de la lucha contra el narcotráfico. Para el caso del terrorismo, reconocer a grupos armados como Sendero Luminoso y sentarlos en alguna mesa de negociación resultaría bastante complicado, y tal vez contraproducente.