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Una publicación de la asociación SER

Las empresas mineras y su imagen en el país

En estos últimos años, hemos escuchado repetidas veces el término “Responsabilidad Social”. Siempre ha aparecido ligado a la actuación de las empresas y, en particular, a las mineras, que lo han usado reiteradamente, sobre todo para justificar y explicar sus buenas intenciones con las comunidades. Las obras realizadas en los pueblos de su influencia, algunas más grandes, otras más insignificantes, regalos y dádivas para los miembros de comunidades, participación o aportes en algunos proyectos sociales, son algunas de las cosas que se reportan como parte de esta “política” que las empresas dicen aplicar. Pero, ¿ha mejorado la percepción de la población en general respecto a la empresa como actor y su rol en la sociedad? La respuesta parece ser obvia. Los conflictos continúan, las quejas de las poblaciones contra las empresas no cesan, las mineras parecen ser vistas, cada vez más y de manera más frecuente, más como una amenaza que como una oportunidad.

¿Qué está pasando?  Queremos ensayar algunas respuestas:

Estamos en el momento en la que la minería ha logrado posesionarse como ¨la actividad¨ que ha sido capaz de repuntar nuestra economía y sin la cual difícilmente se concibe el desarrollo del país. Algo de cierto hay en esta afirmación. Después de que el país optó por el modelo primario exportador, basado prioritariamente en la venta de minerales, no ha surgido una mejor forma de obtener recursos económicos de manera tan rápida y sin mayor esfuerzo. Por eso, el accionar del gobierno en estos últimos años ha tenido un claro y evidente mensaje: conservar este estatus.  

Las declaraciones políticas, abiertamente aliadas a esta actividad, no han sido suficientes. El empresariado minero exige acciones más claras de apoyo por parte de los gobiernos. Las normas que intentan neutralizar a las poblaciones cuestionadoras de las empresas y que las reprimen lo mismo que a la delincuencia no han sido casualidad. Las reformas institucionales y legales a favor de la actividad y para facilitar su labor, ahora en forma de “paquetazos”, son más frecuentes y cada vez más escandalosamente permisivas con el sector. 

¿Y con ello el país progresa? En el mejor de los escenarios, con este ritmo solo hemos logrado mantener, y a duros esfuerzos, un estatus medio de inversión, que cada vez experimenta más dificultades para sostenerse y que hasta ahora no ha demostrado ser la solución para el desarrollo del país.  De hecho, al momento, el resultado de mayor inversión en el Perú ha sido igual o más pobreza en los lugares donde se explota los recursos; menos democracia, más persecución y criminalización, y cómo no, más desprotección para la población, que cada día confía menos en su Estado como instancia capaz de protegerla, no solo de los abusos empresariales sino de la evidente destrucción y contaminación de los espacios.

Y mientras más suena desde las empresas un discurso fofo sobre “Responsabilidad Social”, las empresas son peor percibidas en la sociedad. 

No, señores empresarios; no, señores funcionarios mineros, la responsabilidad social no es un discurso. La responsabilidad social no es un bolsillo suelto. La responsabilidad social tienen que entenderla sobre todo en el marco del respeto al pueblo. 

Mientras subsista una comunidad como San José, en Cajamarca, contaminada y sin agua, o una familia como los Chaupe, amenazada y procesada por una empresa obsesionada con quitarles lo poco que tienen, o una policía contratada por alguna minera para atacar a los ciudadanos, es claro que el rol de la compañía seguirá siendo equiparado al del asaltante que llegó a este país, de la mano de un gobierno por demás inservible.