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Una publicación de la asociación SER

Las Bambas: ¿Mesa de diálogo o de desarrollo?

Fabiola Yeckting

En Cotabambas, la vida ha dado un giro desde que ocurrieron los lamentables sucesos del paro del 28 de setiembre del 2015. Todavía se percibe un ambiente de represión y falta de diálogo, así como la tensión y desconfianza. Alrededor de 70 personas están denunciadas y procesadas por participar en la protesta, la mayoría de las cuales jamás había tenido procesos legales. Son parte de familias que viven en las comunidades e integran las diferentes organizaciones y frentes locales, pues se reconocen como parte del pueblo. Después del paro, una imagen que se grabó en las retinas es lade la población de Cotabambas saliendo en procesión para llorar a sus héroes caídos, cuyos féretros cubrieron con la bandera nacional en el camino a sus entierros, para remarcar su peruanidad. Sin embargo,  esas mismas personas sienten que el Estado las abandona  y hasta las traiciona, y que les queda un difícil y sinuoso camino por recorrer, en su búsqueda de reconocimiento como ciudadanos e interlocutores de su realidad.

Un día antes de la fecha pactada, el 15 de noviembre, la PCM oficializó el grupo de trabajo “Mesa de Desarrollo de la Provincia de Cotabambas” (R.M. Nº 263-2015-PCM),pero esta fue suspendida intempestivamente. Interpelado por el hecho, el jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, José Ávila Herrera, sostuvo que el Ejecutivo, “en la zona de influencia del proyecto Las Bambas, va agarantizar el desarrollo sostenible” ¿Qué está ocurriendo en Grau y en Cotabambas con el proyecto Las Bambas? Al respecto, los dirigentes también manifestaron sus posiciones mediante un pronunciamiento. En él destacan algunas situaciones nuevas y otras que ya habían sido expuestas en un Memorial y en una Carta Circular. Una es el pedido para que se incluya en el proceso a la provincia de Grau y a sus representantes en Progreso. Otra es el cuestionar que la oficialización del grupo de trabajo se refiera a la promoción del desarrollo, sin atender a la necesidad de diálogo sobre las causas del conflicto y las modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, que impactará el medioambiente y que no fueron informadas a la población. También está la liberación de detenidos, indemnización para los deudos caídos durante el paro, archivamiento de denuncias, cese de persecución y atención e indemnización para los heridos[1]. Finalmente, el rechazo de la sorpresiva declaración del 15 de noviembre, que militarizó la zona.

Es posible que muchas de las promesas de proyectos e iniciativas de los representantes del Ejecutivo  y de la PCM encuentren poco eco, ahora que la población vive la situación del conflicto irresuelto. En este escenario, las propuestas de desarrollo a partir del aporte del proyecto minero, sin solucionar los problemas previos, se vuelven inciertas, aunque los líderes y las organizaciones las esperan, así como la presencia del gobierno para garantizarlas. Las negociaciones para la conformación de comisiones han sido tensas, pero se eligieron representantes avalados por los frentes locales, a quienes se les ha pedido que se acrediten, pero no les dicen cuándo será la reunión. ¿Es posible que un sector de las autoridades vinculadas a las negociaciones del Ejecutivo decidiera que no debía darse la mesa?

El Ejecutivo, como parte del Estado, debe buscar restituir la institucionalidad, ubicarse de nuevo en el contexto para desde allí fomentar el diálogo que fortalezca a las instituciones locales. Parece que el Ejecutivo y la PCM perciben que con la iniciativa del diálogo están creando una situación social y política que quizás no podrán manejar. Por eso apelan al tema del desarrollo. En el país, salvo pocos casos, el Estado no ha sido el que ha impulsado las Mesas de Diálogo. Se han dado después de los conflictos, por presión social y negociación, pero a partir de ellos,el Estado no ha logrado construir su institucionalidad ni fortalecer los procesos locales.

En estos momentos hay varios aspectos en juego: La historia previa del devenir social y político de parte de las dos provincias, en la zona de impacto del proyecto, Grau y Cotabambas, y de la transformación de sus territorios; la realidad social que el proyecto ha generado en su etapa previa; la fragilidad de los procesos democráticos en la zona, con los antecedentes de violencia y conflicto entre la población, la empresa, el Estado y otros agentes, tanto locales como externos; y los contrastes entre las posibilidades de procesos de desarrollo concertado y de las instituciones y organismos que los impulsen. Si bien el conflicto crea una posibilidad de diálogo, si el Estado se niega a cumplir su rol o contribuye a polarizar la situación, militarizando la zona, entonces profundiza un vacío de autoridad y de poder. Es el momento más difícil para dialogar, pero es un error abandonar sus compromisos y olvidar que existen otros mecanismos e instrumentos para impulsar el desarrollo. Así, la institucionalidad serviría para restituir el tejido social y la política, representando los intereses y necesidades de todos los actores locales, incluyendo a las comunidades. Con ello se lograría el ejercicio de ciudadanía a partir de las negociaciones con las organizaciones del Estado y del gobierno regional, o sino ¿cómo piensa garantizar el desarrollo sostenible en una región diversa social y culturalmente?

[1]Hubo alrededor de 1,500 policías destacados y de 5,000 personas en la zona durante los días de movilización del paro.