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Una publicación de la asociación SER

La reparación que Argentina le debe al Perú

La venta de armas al Ecuador por parte de Argentina y en perjuicio del Perú, durante el conflicto bélico que sostenía este último con Ecuador, bajo el análisis del derecho internacional, evidencia un hecho ilícito y la existencia de una responsabilidad que hace exigible una reparación.

Los elementos de la responsabilidad internacional son:

a) La existencia de acto u omisión que viole una obligación consagrada por una regla de derecho internacional vigente entre el Estado responsable del acto u omisión y el Estado perjudicado por dicho acto u omisión.

En este caso se trata del nefasto acto haber vendido armas al Ecuador en abierta violación de una regla común del derecho internacional como era la prohibición/embargo de la ONU de vender armas al Ecuador y Perú, porque eran países que estaban en conflicto bélico; además de la violación de la Argentina a su compromiso como país garante del Protocolo de Río de Janeiro de 1942.

Al respecto, el Tratado sobre el Comercio de Armas (del cual Argentina y Perú son parte), en su Artículo 6° reconoce las prohibiciones en casos de venta de armas, que tienen su origen en la costumbre internacional y en Resoluciones de la Asamblea General de la ONU: “1. Un Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales […] si la transferencia supone una violación de las obligaciones que le incumben en virtud de las medidas que haya adoptado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, en particular los embargos de armas. 2. Un Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales […] si la transferencia supone una violación de sus obligaciones internacionales pertinentes en virtud de los acuerdos internacionales en los que es parte […]”.

b) El acto ilícito debe ser imputable al Estado como persona jurídica; quiere decir que, el acto u omisión que ha producido el daño debe ser reprochable al Estado.

Como es de público conocimiento, el entonces Presidente de la Argentina, Carlos Saúl Menem, firmó tres decretos presidenciales secretos -entre 1991 y 1994– para venderle armas a Panamá y Venezuela. Fueron 6.500 kilos de armamento que en realidad tuvieron como destino final Croacia y Ecuador.

Al respecto, la Comisión de Derecho Internacional (Art. 4 del Proyecto de artículos) ha señalado que “1. Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de todo órgano del Estado, ya sea que ejerza funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o de otra índole, cualquiera que sea su posición en la organización del Estado y tanto si pertenece al gobierno central como a una división territorial del Estado. 2. Se entenderá que órgano incluye toda persona o entidad que tenga esa condición según el derecho interno del Estado”.

Menem fue condenado en junio de 2013 a siete años de prisión efectiva. El Tribunal Oral en lo Penal Económico consideró al exmandatario coautor de “contrabando agravado”. En el 2017, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la pena. Es cierto que el proceso aún continúa, pero sólo para pronunciamientos de aspectos de plazos y prescripción. Lo cierto es ya hubo una sentencia sobre el fondo del asunto que declara culpable a Menem[i].

c) Debe haber producido un perjuicio o un daño como consecuencia del acto ilícito, pudiendo ser el daño material o moral.

El daño material y moral es obvio con un conflicto bélico que se prolongó hasta 1998, en que se firmó la paz definitiva con el Ecuador.

La obligación de reparar

La consecuencia natural de la responsabilidad internacional está en la obligación de reparar. Dentro de lo posible, la reparación debe ser igual al perjuicio ocasionado. La reparación íntegra del perjuicio causado por el hecho internacionalmente ilícito adoptará la forma de restitución, de indemnización y de satisfacción, ya sea de manera única o combinada. Por tanto, se exige de la Argentina una indemnización y una sincera satisfacción, no como la disimulada declaración de la ex presidenta Cristina Fernández en su visita al Perú en 2010.

Está demostrada la existencia de una responsabilidad internacional por parte del Estado argentino, que hace exigible la obligación de reparar el perjuicio causado al Perú.

La inestabilidad política en el Perú impidió que en el 2018 este país pudiera tomar cartas en el asunto. El gobierno del presidente Vizcarra debería ya iniciar las gestiones para solicitar la reparación al Estado argentino. Es un deber con la Patria y un homenaje a nuestros caídos en el conflicto.

 

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[i] Es destacable el pronunciamiento SPDI N° 004/2018 de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, del 2 de noviembre de 2018, en el que se insta a retirársele ipso facto la orden “El Sol del Perú” al expresidente argentino Carlos Saúl Menem.