Skip to main content
Una publicación de la asociación SER

La nueva minería, la soberanía y las grietas de un modelo de desarrollo

Fabiola Yeckting

La semana pasada, el ministro del Ambiente publicó un artículo en el que trataba de desestimar la propuesta post-extractivista, explicando que es inviable porque se opone a la minería y otras actividades productivas, pero sin darle el peso adecuado en el cálculo de cifras macroeconómicas que muestran la posibilidad de un extractivismo indispensable[2] y no irresponsable por la magnitud de sus impactos.

El origen del problema, además del rechazo mayoritario de la población de Islay al proyecto Tía María de la Southern Peru Cooper  Corporation, está ligado a las irregularidades de la empresa a través del tiempo y en el Estudio de Impacto Ambiental que tuvo, luego del análisis de la UNOPS[3], 138 observaciones que no se sabe en qué situación quedaron. Aunque plantea la alternativa técnica de la desalinización del agua como alternativa a la preocupación de la población por el abastecimiento de agua para su principal actividad económica, que es la agricultura, la empresa ha perdido confianza y credibilidad. La población afirma que el valle es verde, privilegiado, por su gran producción de diversos cultivos que pueden vender, y que la empresa no se ha interesado en un diálogo horizontal. Además, recuerda que tiene pésimos antecedentes en el cumplimiento de sus compromisos.

El propósito del artículo del ministro es tratar de tranquilizar a la opinión pública por los últimos acontecimientos: Un fallido pronunciamiento del gobierno que fue oportunamente aprovechado por la empresa para declarar la suspensión del proyecto por 60 días, el estado de emergencia en los distritos de Islay y Mollendo, el paro regional al que cada vez se suman más regiones, haciendo un total de nueve, y la declaración de seis regiones más en estado de emergencia. La situación, además, ha significado flagrantes casos de corrupción y violencia, con saldos lamentables de campesinos y policías heridos y muertos, con participación de la empresa en cuestión, de dirigentes políticos locales y el gobierno.  Todo ello ha abonado en la percepción de un desgobierno, de una falta de criterio para recoger el descontento, un despropósito, y en general una incapacidad de resolución de conflictos del gobierno y sus funcionarios.

Paralelamente han sido atacados los planteamientos de Cooperacción y otras ONGs ambientalistas, especialmente a partir de la elaboración de mapas que muestran la situación de las concesiones  en el país, y que se han vuelto una herramienta indispensable para los investigadores y analistas. Estos grafican la falta de planificación en las políticas de concesiones del Ministerio de Energía y Minas, por la superposición de la actividades extractivas y los territorios de comunidades campesinas y pueblos indígenas, así como la ineficiencia del Ministerio de Ambiente y otros sectores para poner en marcha un plan de Zonificación Económica Ecológica y de Ordenamiento Territorial capaz de resolver la necesidad de convivencia de la minería con otras actividades productivas en las regiones del país. Además, dejan en evidencia la falta de representación de las poblaciones impactadas y de sus derechos colectivos, por ejemplo, en la falta de aplicación de los procesos de Consulta Previa.

Es necesario señalar que esta crisis no es nueva, que responde a un modelo de desarrollo extractivista que se ha arraigado globalmente, especialmente en América Latina, en las últimas décadas. Esta etapa se abre con un énfasis marcado en la expansión de la industria minera global y con la apertura económica de los años 90, especialmente en la industria minera y petrolera, en un periodo que mundialmente se conoce con el nombre de “nueva minería”, y que encarna, en general, lo que se denomina “capitalismo minero”[4]. Así ha sido analizado en el caso de la Melanesia, donde el capital transnacional que genera dicha industria opera con total autonomía frente a los Estados y su institucionalidad.  Se define la “nueva minería” como social y medioambientalmente más responsable, intensiva en capital, basada en el trabajo calificado y en posesión de tecnologías que le permiten manejar el riesgo ambiental[5], y se insiste en la eficiencia de estas tecnologías para minimizar los daños de la minería y convertirse en un medio para la protección ambiental.

Sin embargo, los resultados de los procedimientos y la tecnología aplicados a sus impactos son aún limitados. Además, no está exenta de niveles y tipos de corrupción que se tejen a partir de lobbies, de articulación con los gobiernos y hasta con la violencia y la violación de derechos humanos[6]. Se sostiene la expansión de la industria minera en el entendimiento de ella como una oportunidad de crecimiento macroeconómico que trasciende la idea de “la maldición de los recursos”. Esta afirma, por su parte, que a mayor riqueza en recursos naturales, mayores condiciones de pobreza de las poblaciones en sus territorios. La “nueva minería” busca, pues, distribuir mejor sus ganancias para beneficiar a los más pobres. Sin embargo, existen aspectos de la relación de la industria con las comunidades en las que se desenvuelven sus operaciones, que impiden o dificultan su contribución al crecimiento económico.

A su vez, origina un debate por los impactos económicos, sociales, culturales y ambientales, que genera la politización de las identidades y de sus redes, a partir de la crítica verde de este tipo de capitalismo y sus impactos, así como de las transformaciones que producen, de acuerdo a la tendencia de dos posiciones del debate: Considerar que los aspectos sociales están separados de la ciencia, o de los avances técnicos, o que en su defecto los beneficios que genera deben estar integrados a otros aspectos sociales, ambientales y de regulación. Con el cambio del modelo económico y la llegada de una serie de proyectos mineros de la “nueva minería” a las comunidades campesinas, ubicadas, en su mayoría, en las cabeceras de cuenca, se demanda la adaptación a la corriente de cambio y de transformación que colisiona con una concepción distinta de la población, que promueve otras formas de vida y de economía en los territorios locales.

Sin embargo, el error más frecuente de los gobiernos ha sido desatender a los movimientos sociales, es decir, lo que la población reclama. También, criminalizar la protesta, denigrar a los líderes ambientalistas y perder soberanía nacional frente al avance de las inversiones. Miremos sino el caso de nuestro vecino país Ecuador, que después de un largo camino por ordenar la irrestricta entrega de concesiones y los derechos de servidumbre, aprueba la Constitución, en el año 2008, con la inclusión del Mandato Minero por la Asamblea Nacional Constituyente, presidida por Alberto Acosta, ex ministro de Energía y Minas, y proclama los Derechos de la Naturaleza, siguiendo los principios del Buen Vivir (Sumaq Kawsay y las demandas plurinacionales), pero más tarde desata una persecución a los líderes ambientalistas y a las organizaciones indígenas ecuatorianas, acusándolos de no representar a nadie y hasta de terroristas, en contra de la inversión minera. De esta manera, consolida el pacto estatal-empresarial que termina desestimando las reformas y proponiendo un reglamento para aplicar la nueva ley minera, en la que se deja de lado la regulación y reversión de las concesiones dañinas frente al monopolio, el lobby y el favoritismo de algunas empresas en el gobierno. Así, los empresarios canadienses se presentaron como inversionistas imprescindibles que ayudarían a alcanzar los objetivos nacionales, mostrando un grupo de representantes indígenas de Canadá, cuya postura era favorable a la extracción minera[7].

Se trata de un gobierno que planteó la “revolución ciudadana” y “el socialismo siglo XXI”, pero que en la práctica carece de institucionalidad para canalizar adecuadamente las opiniones discrepantes. Manteniendo el liderazgo de su presidente, Rafael Correa, busca mostrar la inviabilidad de las medidas legales de la Constitución del 2008, con una actitud autoritaria. Con ello, Ecuador pierde soberanía; es decir, la capacidad de decisión del Estado sobre la explotación de sus recursos y el delicado equilibrio en la relación con las poblaciones y sus organizaciones, limitando el diálogo nacional. En el caso de Ecuador se habló de una “soberanía hipotecada”[8], pero en el del Perú, la población reclama que no se puede “imponer la minería a sangre y a fuego”, con las consecuencias funestas que ha tenido,  originando una crisis en el país y el gobierno, donde no se percibe ningún liderazgo para que canalice el descontento hacia un cambio en la débil y deficiente institucionalidad. Hemos tenido muestras de ello cuando constatamos que el gobierno tiene convenios con las empresas para que la Policía Nacional del Perú resguarde sus intereses, o cuando recorta o le quita recursos a los municipios. Si hablamos de modelo de desarrollo extractivista y de sus consecuencias, entonces es hora de escuchar a la calle y al campo: lo que reclama la gente. Es el momento de romper con el modelo fujimorista de autoritarismo populista, que favorece a unos pocos, y de liderar un cambio, creando oportunidades para transformar la institucionalidad que genera el descontento, para no hipotecar nosotros también nuestra soberanía en aras del crecimiento económico.  


[1]Fabiola Yeckting: Antropóloga UNMSM, candidata a doctora por la EHESS de París.

[2]Ver artículo de Vicente Sotelo y Pedro Francke. ¿Es económicamente viable una economía post extractivista en el Perú? Alejandra Alayza y Eduardo Gudynas (eds.).Transiciones Post-extractivismo y alternativas al extractivismo en el Perú. Lima: RedGE & CEPES. 2011 pp. 115-137. Los autores se refieren a la necesidad de anulación y/o mayor regulación de los proyectos dañinos y de efectividad en la recaudación de impuestos a la sobre ganancia.

[3]Organismo de las Naciones Unidas para el soporte de proyectos. Revisión que se realizó en convenio con el Ministerio de Energía y Minas. Sobre los antecedentes de la empresa, revisar el artículo de Gerardo Saravia y Patricia Wiesse, Contranatura. Revista Ideele No 250 http://revistaideele.com/ideele/content/contranatura

[4]La denominación pertenece al trabajo de Stuart Kirsh, Mining Capitalism,The relationships between capitalism and their critics. University of California. Press, 2014.  

[5]Bebbington, Anthony y otros s/f. Contienda y ambigüedad: Minería y posibilidades de desarrollo. p. 18.   http://www.seed.manchester.ac.uk/medialibrary/socialmovements/
es/publications/papers/Bebbingtonetal_Contiendayambiguedad.pdf

[6]Entre los casos más recientes tenemos Majaz, Conga y ahora Islay, con el proyecto Tía María.

[7]Jennifer Moore y Teresa Veláquez. La soberanía hipotecada: los movimientos antimineros, el Estado y las empresas mineras multinacionales bajo el “Socialismo siglo XXI” de Correa. Bebbington, Anthony (ed.) Industrias extractivas. Conflicto social y dinámicas institucionales en la Región Andina. Lima: IEP; CEPES; Propuesta Ciudadana. 2013 (América Problema, 36). Pp. 185-217.

[8]Ibid p. 214.