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Una publicación de la asociación SER

La localización de la vivienda en la ciudad

 

El 5 y 6 de setiembre se llevó a cabo el Foro Urbano Nacional en la Pontificia Universidad Católica del Perú, co-organizado por el IFEA y el CIAC-PUCP, donde el objetivo fue promover el debate sobre el hábitat popular urbano en el Perú y así ofrecer un espacio de encuentro para confrontar las experiencias de investigación que vienen llevándose a cabo sobre las diferentes ciudades del país. En este Foro tuvimos la oportunidad de exponer, cuatro mujeres jóvenes en la Mesa 6 denominada “Barrios y vivienda”, nuestras apreciaciones y conclusiones sobre casos de estudio en Huaycán, la margen del río Rímac, el distrito del Rímac y el Centro Histórico de Lima.

Cada uno de los casos compartían el rol protagónico de la vivienda en la configuración de distintos barrios de la ciudad, y mostraban evidencia de cómo estos barrios terminan siendo divididos, segregados o eliminados debido a que las políticas públicas actúan de manera muy sectorializada, por ejemplo, solo construyen pistas o solo subsidian casas; y no le dan suficiente valor al territorio construido sobre el cual intervienen. Este territorio construido al que podemos llamar ciudad.

Desde la economía urbana, la vivienda es la unidad básica de crecimiento urbano, define barrios, demandas de movilidad, de servicios y gran parte de la relación ciudad y entorno ambiental. Son las familias las que eligen dónde vivir, dónde trabajar y las que con su crecimiento determinan las condiciones de vida y la actual configuración de nuestras ciudades. En ese sentido, resulta racional que las familias de bajos ingresos mantengan su preferencia por la localización de su vivienda en tanto esta les brinde acceso a oportunidades laborales y condiciones para desarrollar relaciones sociales, aunque esto signifique malas condiciones de habitabilidad como el hacinamiento.

Siguiendo esa lógica, sería de esperar que una política de vivienda social tomara en cuenta más criterios y no solo el precio del suelo para decidir dónde proveer una vivienda. En efecto, se pueden seleccionar proyectos de vivienda que, aunque no correspondan a los de mínimo costo financiero, desde un punto de vista social, serían más baratos al considerar las diferencias en costos y valor del tiempo de transporte, salud, alimentación, etc. que tendrían las familias en distintas localizaciones (Coloma y Edwards, 1997). Sin embargo, la realidad nos dice que la oferta de vivienda social se encuentra solo ahí donde el suelo es barato, en las periferias de la ciudad, dando lugar a procesos de segregación residencial y social.

La localización debiera ser un criterio de la política de vivienda, trasladar a familias bien localizadas a la periferia puede solucionar el déficit habitacional, pero genera otros costos sociales como el mayor tiempo en desplazamiento, la posible pérdida de empleo y la disolución de una importante red social de apoyo. En otro contexto, cuando las grandes obras viales necesitan expropiar casas porque el trazo de la vía cruza barrios enteros y se promete compensar a las familias con una vivienda, lo que se ofrece no es una vivienda con la misma o mejor localización, sino una que sea equivalente al valor privado determinado por una tasación. Esta solución puede tener sentido, pero pierde efectividad cuando se enfrenta a una realidad donde siete de cada diez viviendas se construyen informalmente en el país (MVCS, 2015). Por tanto, es muy probable que el valor de la tasación de la vivienda a expropiar diste mucho del valor social que tenga para la familia, y solo alcance para comprar una vivienda o terreno en la periferia de la ciudad.

La política de vivienda, en todos los niveles de gobierno, necesita considerar la generación de soluciones habitacionales donde ya viven las familias antes que en nuevas extensiones de suelo urbano. Mejorando las condiciones habitacionales de los actuales y futuros residentes, ahorrando tiempo de transporte y haciendo uso más eficiente de los activos inmobiliarios e infraestructuras existentes, fortaleciendo las redes sociales y el acceso a las oportunidades laborales, y entendiendo que detrás de esta búsqueda por la localización de la vivienda lo que se busca es mejorar la “geografía de oportunidades” para las familias (Galster y Killen, 1995).

Finalmente, solo queda agregar que todas estas consideraciones sobre la localización de la vivienda son normalmente recogidas en el plan urbano de una ciudad, pero siempre es posible desagregarlas para conocer el efecto que tienen y por ende su importancia dentro de nuestras políticas públicas.

 

Laura Lozada Acosta pertenece a la Plataforma Comadres, espacio que busca posicionar el trabajo de las mujeres en el análisis de la política nacional e internacional.