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Una publicación de la asociación SER
Licenciado en Filosofía por la PUCP. Especialista en conflictos sociales con interés en temas de reconocimiento, filosofía política e interculturalidad. Melómano.

La infraestructura y los políticos

Foto Andina

Hace un par de semanas el diario “El Comercio” presentó un informe sobre las modificaciones que el Congreso de la República había hecho en la ley de presupuesto los últimos tres años. En dicha información se estimaba que los “padres y madres de la patria” habían promovido e introducido en el presupuesto anual “más de 900 proyectos de obras, valorizadas en más de S/2 mil millones”. Esto representa, aproximadamente, el 1% de las cuentas anuales del Estado.

Detrás de este fenómeno que genera sospechas por las características morales de nuestros políticos existe un entramado complejísimo de hechos que incentiva a que muchas autoridades acudan al político de la región. Y no necesariamente porque los gobernadores sean corruptos, sino porque ante el desamparo técnico y político algunas autoridades deben buscar “alternativas” que les permita “hacer obras”.

El desarrollo de infraestructura en el país es bastante insuficiente. No ha crecido a la par de las exigencias del tan alabado “desarrollo económico peruano”. Y si lo ha hecho, no ha sido en función a un plan integral o, al menos, ordenado. Ejemplos sobran. Observemos qué ocurre con el terminal del Callao y el transporte de carga: cientos de camiones con mercaderías importadas o por exportar comparten las vías angostas con todo tipo de vehículos.

Y si, por otra parte, hablamos de sanaeamiento en agua y alcantarillado, el panorama es sombrío. Siempre me pregunto si el “boom” inmobiliario de Lima ha estado acompañado de suficiente infraestructura para el abastecimiento de mínimos como el servicio de agua y desagüe. En este tema me permito ser escéptico. Mi incredulidad tiene el respaldo de saber que los asuntos de infraestructura en nuestro país, no se lo trata con la seriedad que se requiere.

Por ejemplo, el Ministerio de Educación el año 2019 duplicó el monto total de transferencias para gobiernos locales, que se incrementó de S/ 1,296 millones a S/ 2582 millones. Con estos recursos se han debido atender a 1,585 colegios incluidos en el plan de la Reconstrucción con Cambios y dar mantenimiento a las 54 800 escuelas del país.

El dato que no se tomo en cuenta fue el cambio de autoridades locales y regionales, que vino acompañado de una vieja costumbre: no dejar el acervo documentario ordenado, completo o ubicable de todos los proyectos y obras de la gestión saliente para que la nueva los culmine.

Si revisamos las obligaciones formales que trata de prever que estas situaciones no ocurran, podemos afirmar que no se ha cumplido con la Directiva de la Contraloría General de la República la N° 008 -2018-CG/GTN “Transferencia de la gestión administrativa de los gobiernos regionales y gobiernos locales”. En especial la siguiente disposición:

“La transferencia de la gestión administrativa de los gobiernos regionales y gobiernos locales es el proceso que se organiza con la finalidad de facilitar a la Autoridad entrante, la continuidad de la prestación efectiva de los servicios públicos y se rindan cuentas. Para tal efecto, la Autoridad saliente emite el Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia acerca del estado situacional de su gestión, brindando información eficiente y oportuna, la cual es verificada por la Comisión de Transferencia”.

También afirma:

“El proceso de transferencia de la gestión administrativa es de interés público, de cumplimiento obligatorio e involucra tanto a la Autoridad saliente como a la Autoridad entrante de los gobiernos regionales y gobiernos locales, para lo cual dirigen y ejecutan bajo responsabilidad, las acciones de transferencia, de acuerdo a las disposiciones y plazos establecidos en la Ley N° 30204, Ley N° 30693 y la presente Directiva”.

Todo indica que dicha directiva no se cumple con la rigurosidad que el proceso requiere. En el caso de infraestructura educativa, muchos de los nuevos alcaldes se han encontrado con proyectos a medio hacer, incompletos o no culminados. Y en vez de continuar, las autoridades deben hacer esfuerzos indecibles para recuperar los expedientes técnicos de dichos proyectos de inversión e incluso teniendo que comenzar desde cero. No solo para cumplir las exigencias del Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas o del sector involucrado, sino también la presión social.

Si bien es cierto la revocatoria de autoridades ahora tiene candados más exigentes, ellas lidian con otras circunstancias como son la no reelección, el cuestionamiento permanente a su gestión por opositores políticos y la conflictividad social. Más aún en el caso del servicio básico educativo. Además, un político que no hace obra será intrascendente en la memoria colectiva de sus gobernados.  

Finalmente, es evidente que tenemos insuficiente infraestructura. Pero el problema no se va resolver con tan solo exigir que se cumplan las normas técnicas, con la presentación de expedientes técnicos, etc. Esto no es unicamente un asunto técnico sino político. Y los profesionales de nuestra política parecen no querer comprender ese problema extensamente. Una lástima porque la tarea es urgente.