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Una publicación de la asociación SER

La inclusión no es cualquier cosa

En el país, la palabra más utilizada durante la última gestión gubernamental parece ser la de inclusión, la cual incluso es parte del nombre de un ministerio, lo que da cuenta de la importancia que tiene su significado para el gobierno. Señaló el presidente en su Mensaje a la Nación que  “El objetivo de la inclusión social es lograr la igualdad de oportunidades para todos, sin importar donde se ha nacido, el idioma que se habla, el color de la piel, el nivel educativo de los padres, si eres hombre o mujer, o si la familia tiene o no dinero.” (1)

Tal declaración que reflejaría un reconocimiento de la diversidad que existe en el país tiene un aterrizaje limitado en los programas que se están implementando desde el llamado Ministerio de Desarrollo e Inclusión social (MIDIS), dirigidos sobre todo a la ejecución  de políticas de lucha contra la pobreza, más que a un entendimiento de la inclusión como un proceso tendiente a la eliminación de todas las desigualdades, a la valoración de las diferencias, y a la distribución equitativa de los recursos, no sólo económicos y productivos, sino de todos aquellos que se valoran en las sociedades, de modo que colectiva e individualmente los ciudadanos y las ciudadanas sean dueños de su destino y capaces de gestionar su vida y su desarrollo en sus diferentes formas de entenderlo.  Como señala  Subirats et al. :“la inclusión social de cualquier persona, colectivo o territorio pasaría pues, en primer lugar, por el acceso garantizado a la ciudadanía y a los derechos económicos, políticos y sociales correspondientes a la misma, así como las posibilidades de participación efectiva en la esfera política.” (2) En ese sentido, si vemos lo sucedido en el año, los avances son limitados.

Un primer elemento que hay que levantar es la propia definición de la inclusión que encontramos en la página Web del MIDIS, según la cual la inclusión es: “la situación que asegura que todos los ciudadanos sin excepción puedan ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las oportunidades que encuentran en su medio.” (3) Nótese que se sigue usando el masculino “ciudadano” como genérico universal, lo cual es un indicador de que por lo menos en el lenguaje no estamos muy inclusivos.

Si problematizamos un poco uno de los programas sociales bandera, que es JUNTOS, veremos cómo se asienta en una concepción de género que reproduce los roles de las mujeres, pues al ser ellas las “principales aliadas en la lucha contra la pobreza”, tienen que ser las responsables de las condicionalidades que deben cumplirse para que las familias accedan al programa, sin que esto tenga un correlato con acciones  que les posibiliten un mayor ejercicio de derechos y mayores oportunidades para ellas, como mujeres y no sólo como madres. No se orienta nada a la participación masculina en el cuidado de la familia o en la corresponsabilidad de cumplir las condicionalidades.  Cabe preguntarse adónde y a qué se incluye a las mujeres que están siendo las responsables de cumplir con las condicionalidades para recibir el incentivo y cómo se está incorporando un enfoque intercultural en estas políticas.

Y si hablamos de las mujeres, el reconocimiento que les hizo el presidente por ser socias en la lucha contra la pobreza y la desigualdad no se ha expresado en un mayor reconocimiento de sus derechos, ni en claras políticas que se dirijan a transversalizar el enfoque de género en todos los programas y políticas, ni en presupuestos destinados a desarrollar acciones que acorten las enormes brechas que aún subsisten entre  hombres y mujeres en todos los aspectos económicos, sociales y políticos. No se hizo ninguna alusión en términos de derechos de las mujeres a la aprobación del Protocolo Nacional de Atención del Aborto Terapéutico, reconocido en el país desde el 1924, exigencia que mantienen los colectivos de mujeres y cuya negación sigue poniendo en riesgo a las mujeres que, perdiendo toda autonomía sobre sus cuerpos, tienen que vivir el calvario de tener un hijo que pone en riesgo su vida en muchos casos. Por ello, quizá la referencia a la incorporación en el código penal de la figura del feminicidio fue una de los escasos avances que pudo mostrar el ejecutivo en materia de género. Esperemos que el hecho de que haya seis ministras en el nuevo gabinete, lo que consideramos un motivo para alegrarnos en estos últimos días, en la medida en que la representación de género tiene un importante peso simbólico,  cambie esta situación, aunque a veces nos gane la desesperanza.

Por otra parte, aunque se hizo alusión a las reparaciones de las víctimas del conflicto armado interno y a los montos que se han destinado para ello, y que se plantean como un gran avance, se omite un hecho que ha impactado seriamente en la posibilidad de justicia para las mujeres que sufrieron violencia sexual durante el conflicto armado, y es que, pese a que el pleno del Congreso aprobó por unanimidad modificar los artículos 3 y 6 de la ley 28592 que crea el Plan Integral de Reparaciones, para que beneficie también a  quienes fueron víctimas de distintos tipos de violencia sexual, el poder ejecutivo observó la ley, negándoles el derecho a acceder a las reparaciones. Si la inclusión, como se señala, se trata de ejercicio de derechos, es claro que las personas víctimas de violencia sexual, que fueron sobre todo mujeres, no tendrán el derecho a las reparaciones y seguirán formando parte de ese enorme contingente de excluidos y excluidas en el país.

Esa ausencia de reconocimiento y de cuestionamiento abierto a la violencia de la que fueron víctimas abona sin duda a que en la mirada de algunos hombres y de militares siga primando la idea de que las mujeres podrían ser culpables de la violencia y de las violaciones, porque provocan a los hombres, o que como no se movieron ni gritaron durante los actos de violencia, ellas son también responsables, como lo ha mencionado el ex comandante general de Ejercito en unas infames declaraciones. “El hombre coge la espada y la mujer la vaina. Si la mujer mueve la vaina el hombre introduce la espada. Todo depende de cómo lo mueva la mujer. De esta manera, si sucede algo, es responsabilidad de la mujer,” (4) dijo mientras comentaba el desfile militar en el momento en que pasaban mujeres militares.  ¿Cómo se protegerá a las mujeres que están logrando entrar a espacios dominados por los hombres, si éstos siguen pensando de esta manera?

Otro punto que fue levantado y que es una señal del reconocimiento de derechos colectivos es la Ley de Consulta  Previa para pueblos indígenas, a la cual el presidente se refirió  como “primera ley en el mundo en su tipo”, agregando que “esta ley cambiará el escenario del diálogo en el país, a efectos de escuchar a quienes nunca fueron escuchados”. Luego de la experiencia de discusión del reglamento y de las protestas de las organizaciones indígenas nacionales por lo poco que se incorporaron sus propuestas en el reglamento e incluso por el agregado inconsulto de artículos, no se entiende mucho el optimismo presidencial, más aún cuando lo que siguió al reglamento ha sido llevado adelante sólo por el Viceministerio de interculturalidad, sin que las organizaciones indígenas hayan sido consultadas, ni siquiera informadas, por ejemplo, sobre la base de datos de pueblos indígenas  que sí ha sido presentada a un grupo de expertos, o sobre la guía metodológica que ya circula en borrador por algunos ministerios, pero que sigue siendo oculta para las propias organizaciones indígenas.  Si la inclusión, como dicen Subirats et al., implica “activar colaboración, generar incentivos, construir consenso y al mismo tiempo aceptar los riesgos” y que “para todo ello,  las personas y los colectivos han de tener la oportunidad de participar desde el principio en el diseño y puesta en práctica de las medidas de inclusión que les afecten,” (5)  la forma como se está  llevando lo relacionado a la Ley de consulta está muy lejos de esa aspiración.

Mientras la inclusión siga estando tan ceñida a programas sociales y no a propiciar  el reconocimiento y la participación de la diversidad de colectivos, ciudadanos y ciudadanas en todas las esferas de la vida pública, seguirá siendo una palabra vacía. Quizá valdría la pena mirar un poco a los países vecinos y seguir ejemplos como el de la cancillería ecuatoriana, donde los 70 nuevos integrantes del cuerpo diplomático son 35 hombres y 35 mujeres, expresando la equidad de género que exige la Constitución,  entre quienes se encuentran 20  indígenas, 11 afroecuatorianos, 10 montubios, 4 migrantes, 2 personas con discapacidad. Ver la foto de la graduación es ver un país donde la inclusión va concretándose con el reconocimiento de la diversidad étnica y la igualdad de oportunidades para todos y todas quienes conforman esa diversidad (6) en espacios a los que nunca antes tuvieron oportunidad de acceder por el sexismo, el racismo y la discriminación. ¿Veremos algún día  la diversidad étnica y cultural en la cancillería, en los ministerios, en la televisión aquí en el  Perú? Lograrlo debería ser un compromiso de todos  y todas quienes soñamos con un país realmente inclusivo.

Notas:

1)  Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias,  28 de julio del2012
2) Joan Subirats, Eva Alfama y Anna Obradors, “Ciudadania e inclusión social frente a las inseguridades contemporáneas: la significación del empleo”, en Documentos de Trabajo, Fundación Carolina, No 32, 2009.
3) Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, “¿Qué es inclusión social?”, http://www.midis.gob.pe/index.php?lang=es
4)  Edwin Donayre: “Todo depende de cómo lo mueva la mujer” http://lamula.pe/2012/07/31/edwin-donayre-todo-depende-de-como-lo-mueva-la-mujer/jorgepaucaralbino.
5)  Subirats et al., loc.cit.
6) Enlace ciudadanohttp: resumen discurso incorporación nuevos diplomáticos 1-0420-12 / /www.youtube.com/watch?v=nScPPFmGxlw&feature=related