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Una publicación de la asociación SER

La doble matriz de los conflictos en el Perú

En los últimos años, en forma paralela a la multiplicación de conflictos sociales (y a los análisis e investigaciones sobre estas acciones contenciosas), se ha desarrollado una institucionalidad dedicada al seguimiento y a la intervención en este tipo de situaciones. Los recientes sucesos de Pichanaki, y las decenas de muertes en acciones propias de la conflictividad social, muestran el poco éxito alcanzado por las instancias gubernamentales en su comprensión y tratamiento.

La poca eficacia de las respuestas institucionales se debe, en parte, a que no existe una comprensión adecuada de las dinámicas más amplias que originan los conflictos y, como consecuencia, no se llega a una intervención que movilice decisiones gubernamentales. Por el contrario, cada caso se toma de manera aislada, sin extraer las consecuencias para otras situaciones similares, y, sobre todo, sin impactar en decisiones más amplias de política.

En este planteamiento, resulta necesario comprender que cualquier ordenamiento social e institucional trae consigo una determinada forma de conflictividad, pues habrá sectores que – por distintas razones –manifestarán su inconformidad con las decisiones políticas que dieron lugar a dicho ordenamiento. En la sociedad peruana actual es posible identificar una doble matriz que da lugar a las acciones conflictivas.

La primera surge a partir de una propuesta de desarrollo nacional, definida en el segundo gobierno de Alan García y mantenida hasta la actualidad, basada principalmente en las industrias extractivas. De esta línea maestra en la gestión del Estado se han derivado numerosas decisiones de política que han favorecido la inversión en este sector productivo, reduciendo los derechos de las comunidades afectadas (consideradas “perros del hortelano” o “ciudadanos de segunda categoría”).Estas decisiones han activado las protestas de las comunidades que se sienten afectadas por las industrias extractivas.

Es inevitable que la matriz antes mencionada genere la conflictividad que se observa en el Perú y en otros países de América Latina. Lo irracional es que dicha situación no genere, desde el Estado, una respuesta que involucre modificaciones a las decisiones políticas que las generan. En su lugar, los mecanismos de diálogo han sido empleados para disminuir tensiones y, a la larga, intentar convencer a la población de la necesidad de continuar con la inversión. Cambios en el método, pero no en las decisiones de fondo. En ningún caso, el diálogo ha conducido a un replanteamiento del modelo general, que se ha mantenido inamovible en los últimos tres lustros. El discurso y la política pro inversión se han mostrado extremadamente cerrados y no admiten cuestionamiento alguno a su ortodoxia; su poder se ha expresado en lobbies debilitadores de aquellas políticas que intentan ponerle límites o, en última instancia, en la represión silenciadora de los reclamos sociales.

La segunda matriz tiene que ver con un ordenamiento social que deja un amplio margen de acción a actividades económicas informales. Esta situación no ha surgido por decisión del Estado, sino más bien por la ausencia del mismo. Este vacío ha sido ocupado por iniciativas privadas muy diversas. En este espacio encontramos emprendedores populares, minería artesanal (categoría amplia que esconde numerosas formas de extracción, incluyendo la practicada por mediana minería ilegal), todas las variantes posibles de contrabando, entre otras formas. Varias de ellas mantienen límites difusos con actividades ilegales, si es que no mantienen una continuidad con ellas.

Por la forma en que se generaron y crecieron, estas actividades desconfían de la intervención del Estado, y cualquier intento de control genera reacciones que a menudo se expresan en acciones que desafían su autoridad. Basta observar las protestas que surgen cada vez que se intenta regular la minería artesanal o las dificultades que enfrentaron los intentos de reforma del transporte en Lima Metropolitana (hoy detenidos por la actual gestión de Castañeda). En todo caso, la acción estatal en este amplio margen ha sido aislada y no se observa en el escenario político una propuesta que intente integrar al Estado a este amplio sector de la sociedad y de la economía, acostumbrado a moverse en los márgenes.

Ante ambas matrices de conflictividad social, el Estado reacciona de manera distinta. Ante la primera, la respuesta ha sido la indiferencia. Cuando se produce un escalamiento, se instalan “mesas de diálogo” o mecanismos similares, y cuando estas no han funcionado, se ha optado por la represión policial. Ante la segunda, ha primado la inacción: Ni propuestas inteligentes ni decisiones ejecutivas. En el primer caso, las decisiones políticas aparecen como inmodificables, mientras que en el segundo son inexistentes. Sin posibilidades de impactar verdaderamente en las políticas públicas, ninguna de ambas vías resulta el modo más inteligente ni eficaz de enfrentar la conflictividad social en el país.