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Una publicación de la asociación SER

Indulto a Fujimori: Gracia o desgracia presidencial

La solicitud de indulto para Alberto Fujimori ha sido presentada al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sin perjuicio de su procedencia o improcedencia, la decisión final es del Presidente de la República por ser su potestad, pero es necesario analizar el marco legal sobre el tema.

La Constitución Política en su artículo 118 señala como atribuciones del Presidente, entre otras, conceder indultos y conmutar penas. Las facultades señaladas, conceden, por un lado, la potestad de otorgar la gracia presidencial, pero al mismo tiempo obliga a cumplir la Constitución, los tratados y las leyes.

El reglamento interno de la Comisión de Gracias Presidenciales señala que el indulto es potestad del Presidente de la República. En su artículo 31, recomienda el indulto y derecho de gracia por razones humanitarias a: a) Los que padecen enfermedades terminales, b) Los que padecen enfermedades no terminales graves, que se encuentren en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable y que las condiciones carcelarias puedan colocar en grave riesgo su vida. El caso de Alberto Fujimori no corresponde a ninguno.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas resoluciones son vinculantes para Perú, determinó que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía (...) y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos (…) todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

Así, la Constitución peruana señala que los derechos allí reconocidos deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales ratificados por el Perú. Según el derecho internacional, los Estados deben investigar y sancionar a quienes cometen violaciones graves de derechos humanos. Esta obligación no debe ser frustrada mediante indultos, amnistías u otras disposiciones internas que confieran beneficios a los responsables de tales abusos; en consecuencia no procederá el indulto en los casos de violación a los derechos humanos, como las torturas, las ejecuciones sumarias o las desapariciones forzadas.

Artículo publicado en revista de análisis político RETABLO Nro. 48. Noviembre 2012. Ayacucho. Asociación SER.